La eurodiputada de la Francia Insumisa Manon Aubry ha exigido públicamente que se respeten los derechos de los eurodiputados de Junts en el procedimiento de levantamiento de su inmunidad y ha advertido al eurodiputado del PP Esteban González Pons que si no se siguen las normas de este trámite, su legitimidad y la imparcialidad de la decisión final podría quedar manchada por una "duda insoportable".

Aubry, que forma parte de la comisión de Asuntos Jurídicos que estudia el procedimiento del suplicatorio, ha denunciado que ayer González Pons violó las normas sobre la ruptura de la confidencialidad del procedimiento, que dio información a la prensa sobre los debates que se produjeron en la vista en que comparecieron Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, y que ha hecho declaraciones sobre lo que, "según él", es la opinión de la mayoría.

La eurodiputada advierte a través de la nota que ha hecho pública que en el debate de levantamiento de la inmunidad se plantean cuestiones graves para el Parlamento, para España, para Catalunya y para millones de ciudadanos. "La comisión de Asuntos Jurídicos y sus miembros tienen que dar prueba del mayor rigor al conducir este debate y evitar toda la interferencia política", advierte.

Esta mañana, los tres eurodiputados catalanes han hecho llegar una protesta formal ante los letrados y el secretariado de la comisión denunciando la actitud de González Pons y preguntando si ha habido algún cambio en la norma de confidencialidad de los debates de suplicatorio.

El eurodiputado del PP abandonó la reunión de la comisión poco antes de acabar la sesión y cuando los tres eurodiputados de Junts ya habían acabado sus intervenciones, y aseguró a los periodistas que esperaban fuera que la opinión mayoritaria en la comisión está a favor del suplicatorio. González Pons admitió que se había hablado durante el debate sobre la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Bruselas que rechazó definitivamente la euroorden contra el conseller Lluís Puig por considerar que el Tribunal Supremo no es competente para ver este caso.

 

En la imagen principal, Carles Puigdemont y su abogado, Gonzalo Boye, en la Eurocámara