La presión de España para modificar la euroorden e incorporar los delitos contra la integridad constitucional de los estados que implique violencia como una razón de extradición automática ha provocado hoy reproches de eurodiputadas de diferentes países que han lamentado la voluntad de España de modificar este mecanismo por interés propio. La situación de los independentistas catalanes en el exilio y la persecución judicial del Estado español ha sobrevolado buena parte del debate de la ponencia que ha presentado el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos en el hemiciclo ante el comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders. Al final, las intervenciones de PSOE y Ciudadanos han acabado denunciando sin ambages la situación de Carles Puigdemont y los eurodiputados exiliados.
El interés de España era evidente con el hecho de que entre los 22 eurodiputados que han intervenido en el debate, ocho eran miembros del Estado español, entre los cuales tanto el ponente como el presidente de la comisión de Justicia desde donde se ha impulsado la iniciativa, el socialista Juan Fernando López Aguilar. Han aplaudido la iniciativa el PSOE, PP, Cs i UPyD, mientra Vox la ha encontrado demasiado tímida. Por su parte, las eurodiputadas de Junts y ERC, Clara Ponsatí y Diana Riba, han criticado la propuesta.
No obstante, entre el resto de intervenciones, ha habido también voces que han denunciado el intento del Estado español de utilizar esta reforma en su interés y el perjuicio que esta maniobra puede plantear para el mecanismo de la euroorden. Aunque el actual sistema de debates en el hemiciclo impide la posibilidad de turnos de réplica, los eurodiputados españoles no han dudado a replicar a las críticas expuestas.
"No permitir conflictos de intereses"
La eurodiputada francesa de los Verdes Gwendoline Delbos-Corfield ha lamentado que "los intereses nacionales de España" se habían tenido en cuenta en la propuesta "en detrimento del bien global". Ha advertido sobre la problemática que comporta introducir delitos contra la integridad constitucional en una UE con constituciones tan diferentes que puede llevar a una interpretación muy amplia, y ha alertado: "No podemos permitir que los conflictos de intereses de un Estado miembro tengan incidencia en la totalidad de la UE".
También la irlandesa Clare Daly ha echado en cara a los eurodiputados españoles la propuesta. "Por su historia interna vemos aquí cómo se aceptarán determinados aspectos constitucionales sobre la doble criminalidad", ha reprochado.
Daly, que se ha pronunciado en otras ocasiones contra la persecución que sufre el independentismo y los excesos policiales en Catalunya, ha advertido que no se puede aceptar este tipo de maniobras. "La historia nos lo ha enseñado, no se puede suprimir un movimiento con medidas represivas. Los derechos fundamentales se aplican a todos, incluso a los catalanes".
También la eurodiputada belga y vicepresidenta del grupo de los conservadores y reformistas europeos, Assita Kanko, ha echado en cara al gobierno español que quiere utilizar la orden de detención europea para sus propios intereses, en vez de hacerlo en beneficio del bien común. Kanko ha emplazado a comenzar cualquier reforma "por reconstruir la confianza entre los estados miembros y mejorar la transparencia en el sector judicial".
A las voces críticas de estas eurodiputadas se ha añadido la de las representantes de Junts y ERC.
Aviso de Ponsatí
Clara Ponsatí ha recordado que Alemania y Bélgica se han pronunciado en contra de la euroorden contra los líderes independentistas; y que el Tribunal de Apelaciones de Bruselas ha advertido que la presunción de inocencia no está garantizada en España y que el estado español desobedece el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias. En este punto, y dirigiéndose al comisario de Justicia, Ponsatí ha advertido que "el problema no es la orden de detención europea sino la contaminación judicial en España y eso, señor Renders, es su problema también. No es un asunto interno, tienen que cuidar el estado de derecho en España".
La republicana Diana Riba ha advertido que todavía hay países europeos con evidentes deficiencias en materia judicial y el debate sobre la euroorden se tendría que centrar en garantías procesales y no al conseguir detenciones exprés. Por este razón ha alertado que la reformar de este mecanismo no puede servir "sólo para satisfacer las pulsiones represivas de algunos".
"Nos jugamos la credibilidad de este Parlamento", ha alertado, subrayando que añadir el crimen contra la integridad constitucional a la lista de extradiciones directas "no facilitará la detención de los líderes catalanes sino que abrirá las puertas a extradiciones injustas o arbitrarias para aquellos Estados con poca afección a los valores europeos de libertad y justicia".
Puigdemont y el Capitolio
En su turno, el socialista alicantino Domènech Ruíz ha insistido en que es necesario ampliar la lista de delitos como se propone al informe, por lo cual ha replicado directamente a las críticas de la francesa Delbos-Corfield. "No es ninguna broma de delito lo que hicieron Puigdemont y Ponsatí. No es ninguna broma declarar unilateralmente la independencia. ¿Usted sabe cómo empezó la primera Guerra Mundial? Alterando unilateralmente una frontera. Ustedes han visto lo que ha pasado en el Capitolio. ¿Les parece una broma alterar el orden constitucional?", ha interrogado.
También desde Ciudadanos, Luís Garicano, ha comparado la situación de Catalunya con los acontecimientos que se produjeron al Capitolio de los EE.UU. y ha advertido que "nada ha perjudicado tanto la imagen de España como ver delincuentes, incluido políticos, paseándose impunemente por Europa," y lo ha comparado con el hecho de que los asaltantes del Capitolio hubieran buscado refugio en Tejas. "Nada, nadie y menos todavía representantes públicos están por encima de la ley. Por eso Parlamento Europeo hoy hace una propuesta de reforma en que incluye delitos contra ordenamiento constitucional", ha admitido.
El rechazo como excepción
Al presentar el informe, el eurodiputado popular Javier Zarzalejos ha insistido en que "la entrega tiene que ser el principio general" ante una euroorden y que el rechazo a ejecutarla tiene que ser la excepción y se tiene que hacer de manera restrictiva y debidamente fundamentada.
Entre los diez nuevos supuestos que ha planteado que tendría que incorporar la euroorden para la entrega automática ha citado, aparte del delito contra la integridad constitucional de los Estados, delitos de evasión fiscal, de odio, de contaminación masiva, contra el orden público, o delitos de lesa humanidad y de guerra, entre otros.
El socialista y presidente de la comisión que ha impulsado el informe, Juan Fernándo López Aguilar, ha advertido que el tiempo transcurrido desde que en el 2002 cuando aprobó la euroorden y la ampliación de la UE ha mostrado "la erosión de los principios de confianza mutua y reconocimiento mutuo sobre la cual se fundamenta", por lo cual la comisión de Libertad y Justicia que preside ha impulsado el informe para reevaluar y reimpulsar la euroorden donde se propone incorporar nuevos supuestos, entre los cuales, la integridad constitucional de los estados.
El objetivo, ha dicho, es "superar la denegación restrictiva y asegurando que en ningún caso la garantía de los derechos fundamentales encubra un examen del estado requerido a la calidad de la organización judicial ni a la competencia del estado requerido en materia judicial".
Desde de UPyD, Maite Pagazaurtudúa se ha felicitado del debate y ha subrayado la necesidad de actualización y mejora de este mecanismo para incluir entre otros las amenazas contra el orden público y los delitos contra la integridad constitucional cometidos con uso de la violencia.
El eurodiputado de Vox Jorge Buixadé ha criticado la "tibiez y contenido ideológico" de la propuesta porque "abre numerosas espitas y vías" para evitarla como "el abusivo instrumento del mecanismo del estado de derecho". "Hay que decir desde el Parlamento Europeo que los delitos contra la integridad constitucional de los estados miembros son delitos sin necesidad de exigir violencia", ha reclamado el representante Vox antes de anunciar su abstención.
Por su parte, el comisario de Justicia ha subrayado que la lista de delitos tal como está "cubre la mayoría de delitos que los estados consideran graves" pero ha asegurado que la Comisión analizará detalladamente la propuesta de que le hace llegar el Parlamento.
En la imagen principal, el eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, durante su intervención en defensa de ampliar los supuestos de extradición automática