La policía española activa todos los resortes que tiene al alcance cada vez que se produce cualquier movimiento del president en el exilio, Carles Puigdemont. También lo ha hecho en Estrasburgo donde se espera la llegada de Puigdemont y el conseller Toni Comín, con motivo de la constitución del Parlamento Europeo. No sólo eso, según ha podido saber ElNacional.cat, la entrada de los dos políticos en territorio francés ha abierto nuevas posibilidades para las fuerzas españolas, entre las cuales un convenio del año 2002 que podría dar cobertura a una operación para detener y llevar a Puigdemont y Toni Comín a España de manera inmediata, saltándose la euroorden.

Fuentes del entorno de Puigdemont aseguran tener información de las autoridades francesas que existe una operación policial española encubierta con un importante despliegue en Estrasburgo para este objetivo. Esta posibilidad, sin embargo, incomodaría a algunos sectores del Estado francés, preocupados ante la posibilidad que se produzca un episodio de tal calibre en plena constitución de la Eurocámara.

Más aún cuando dentro del propio Parlamento se han alzado voces muy críticas con la negativa a permitir que los dos políticos puedan asumir el escaño que consiguieron en los últimos comicios europeos. Precisamente este viernes, los abogados de Puigdemont y Comín han presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE y han reclamado medidas cautelares para que los dos puedan asumir sus escaños. El TJUE ha admitido a trámite la petición.

En medio de esta situación, según estas fuentes, la policía española se podría plantear utilizar un acuerdo bilateral entre los gobiernos francés y español sobre readmisión de personas en situación irregular. Se trata de una norma para combatir la inmigración irregular, pero que también contempla la posibilidad de aplicarse a ciudadanos de los respectivos Estados. De hecho, en su momento se incluyó pensando en la persecución de activistas de ETA.

Según este convenio, las "readmisión" en el territorio se puede hacer a solicitud del demandante y "sin ninguna formalidad" e incluso sin intervención de las autoridades centrales, directamente entre autoridades fronterizas, lo cual permitiría evitar la euroorden.

El acuerdo se puede aplicar "a toda persona que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada o de estancia aplicable en el territorio" de la parte demandante. El convenio prevé, igualmente, a "agentes de escolta de la parte demandante asegurar su misión en el territorio de la parte requerida".

La idea de que estaría planteando las autoridades españolas, según estas fuentes, sería aplicar este convenio para proceder a la detención de Puigdemont y llevarlo directamente a España, evitando cualquier otro control jurisdiccional. El equipo de abogados de Puigdemont considera que, con en convenio del 2002 en la mano, sería real y plausible que se pudiera intentar esta vía.