Los pasos que va dando el gobierno español contra el proceso catalán se le giran en contra y, después de que ayer el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidiera —para sorpresa de muchos— retirar la euroorden de detención para el presidentCarles Puigdemont y los consellers que están en Bruselas, hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha decidido plantear a la reunión del Consejo Europeo de la semana próximo una modificación de las euroórdenes de detención para que los tempos sean más cortos y el Estado español, por ejemplo, tenga más facilitados a la hora que se extradite las personas que pidan los tribunales.

Así lo ha decidido al constatar que el sistema para entregar los miembros del Gobierno en el exilio y poder detenerlos rápidamente "no es eficaz, ni operativo" porque "no se ha obtenido el resultado esperado ni en tiempo ni en el fondo de la cuestión".

Y es que los de Mariano Rajoy tenían cuello abajo que Puigdemont y los consellers serían entregados a la justicia española con rapidez, pero, al comprobar que este sistema "es muy garantista" y que los plazos son demasiado largos, han cambiado de estrategia y probarán ahora pedir directamente en la UE que se modifique este sistema, todo y que, eso sí, consideran que la justicia belga ha seguido los pasos adecuados.

Graves problemas

De hecho, Catalá quiere plantear esta reflexión en una reunión de ministros de Justicia de toda la UE porque cree que el sistema de euroórdenes, que lleva vigente desde 2002, genera "problemas" como los que han sufrido ellos que, después de recibir varias críticas, entre otros la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando quiso convencer a Bélgica de que el Gobierno es corrupto para justificar una extradición expreso, ya que en Bélgica no existe el delito de rebelión.

Ahora bien. Moncloa ha aprovechado la ocasión por abalar la decisión de Llarena de retirar la euroorden de detención porque, aunque pueda parecer para palabras un dardo envenenado, los de Rajoy consideran que es "razonable e inteligente" porque, así, todos los miembros del Gobierno serán juzgados "en igualdad de condiciones y por los mismos delitos".

La propuesta de modificación en la UE, sin embargo, la harán bajo el argumento que este sistema tiene que estar "en constante renovación" y no que los esté costando que la justicia belga cumpla con su voluntad.

Extradición expreso tumbada

La estrategia que pretendía seguir Lamela se hizo evidente enseguida: en la Unión Europea, las órdenes de extradición se resuelven inmediatamente si se marca una de las casillas de la lista que contiene más de 30 categorías.

Ahora bien, por desgracia de la jueza de la Audiencia, en estas casillas no aparece el delito por el cual pedía la orden internacional de detención: los de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Entre las categorías que la jueza tenía opción de marcar para que se devolviera Puigdemont y los consellers en España se puede encontrar "pertenencia a organización delictiva", "terrorismo", "explotación sexual de los niños" o "violación". Pero como ninguno se adecuaba a los delitos de los cuales se les acusa, Lamela optó por acusar al Govern de corrupción y tener una mínima posibilidad que se les extraditara inmediatamente en lugar de dejar la casilla en blanco.

La cosa, sin embargo, no les salió del todo bien. La justicia belga no tuvo en consideración la acusación de corrupción en el Govern y, además, tal como establece el acuerdo marco del Tratado de la UE relativo a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega en los estados miembros, el país que tenga que decidir si se ejecuta la euroorden siempre podrá rechazarla "cuando existan razones objetivas para suponer que la orden detención europea ha sido dictada con finalidades de persecución o sanción a una persona en razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual.