El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene previsto acabar la primera fase de la instrucción contra los líderes soberanistas a finales de marzo y reactivar, en abril, la euroorden de detención contra Carles Puigdemont y los consellers en Bruselas, según adelanta La Vanguardia y Público.
Llarena detallará las imputaciones que impone a cada uno y podría ser que algunos de los investigados quedara fuera del proceso. Ahora bien, si a Puigdemont le imputa algún delito, el juez del Supremo reactivará la euroorden. El juicio, además, sería en octubre, cuando se cumpliera el primer año después del referéndum, y la sentencia sería en diciembre.
Y no solo eso. Suspenderá al presidente de sus funciones como diputado, igual que ocurriría con Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Toni Comín en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamento Criminal, que establece que "sujeta a un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesamiento que estuviera ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de cárcel".
Los delitos
El juez Pablo Llarena acordó a finales de enero rechazar la petición de la Fiscalía de dictar una orden europea de detención contra el presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, después de conocer su desplazamiento de Bélgica a Dinamarca para participar en una actividad docente. El magistrado vio en el movimiento de Puigdemont a Dinamarca una estrategia para conseguir la investidura.
El instructor veía "razonable" la petición del fiscal si se contempla que "el investigado se encuentra fuera del territorio nacional para eludir un procedimiento penal", pero añadía que esta solicitud se enfrenta a "matices que conducen al hecho de que tenga que posponer la orden de detención solicitada".
Ahora, sin embargo, cuando avance en la investigación, Llarena podrá detallar más minuciosamente los indicios que lo han llevado a atribuir a Puigdemont los otros delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.