El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles en el pleno de Estrasburgo la ley de restauración de la naturaleza, en el centro de un intenso debate que ha durado meses entre los partidos de izquierda y ecologistas de la Eurocámara contra la oposición de las derechas. Finalmente, la nueva ley verde de la Unión Europea sale adelante con un margen muy ajustado: 312 votos a favor y 324 votos en contra y 12 abstenciones. Entre los que han votado en contra, el Partido Popular (PP) europeo y los partidos de extrema derecha, con un intento de veto a la normativa que la Cámara también ha tumbado. El ponente del texto, el eurodiputado socialista César Luena, ha celebrado el resultado y ha afirmado que la nueva ley "es buena incluso para los que han votado en contra".

La ley de restauración de la naturaleza, uno de los grandes pilares del Pacto Verde Europeo, tiene el objetivo de proteger y restaurar para el 2030 al menos el 20% del territorio y del mar de la Unión Europea degradado o contaminado por la acción del ser humano, para salvar los dañados ecosistemas del territorio europeo y recuperar la biodiversidad, y con la mirada puesta al conseguirlo totalmente para el 2050. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, ahora mismo el 81% de los hábitats protegidos y el 63% de las especies protegidas de la UE se encuentran en un estado preocupando.

Durante los últimos meses de debate, la propuesta ha contado con el apoyo de las formaciones socialistas y ecologistas, así como la comunidad científica internacional, empresas de energías renovables y diversas grandes multinacionales. Los grupos a favor de la ley habían argumentado que esta no solo se traducirá en una mejor preservación del medio ambiente, sino también al garantizar la seguridad alimentaria, impulsar la actividad económica y avanzar en la transición verde.

Voto en contra de las derechas

Con la votación de este miércoles, el Parlamento Europeo supera el veto de las formaciones de derechas y evita que la Comisión Europea tenga que elaborar un nuevo texto, un proceso que habría retrasado la entrada en vigor de la norma y que, según los defensores de la ley, habría tenido graves consecuencias con respecto a la consecución de los objetivos climáticos de la Unión Europea. Aunque la ley ha conseguido superar lo que muchos han definido como un punto de partido -el comité de Medio Ambiente de la Eurocámara rechazó la propuesta en junio por la mínima-, la propuesta ha salido adelante con un conjunto de enmiendas que, según el presidente del mismo comité de Medio Ambiente, Pascal Canfin, deja un documento "mucho más aguado".

El argumento que han esgrimido las derechas para justificar su posición contraria a la ley ha sido que esta ataca en la agricultura y la pesca europeas y que, con una economía ya dañada por la guerra en Ucrania, habrá un descenso de la producción de alimentos en Europa y éstos estarán a precios más elevados. Algunos grupos han acusado a los populares de "mentir" y alinearse con la extrema derecha para "ganar votos", el rechazo a la propuesta también ha contado con el apoyo de los grandes empresarios agrícolas, representados por la patronal Copa-Cogeca. A favor de la ley están los gobiernos de España, Alemania, Francia, Portugal y Grecia, entre otros; en contra, Italia, Finlandia, Suecia y Países Bajos. Austria y Bélgica se abstuvieron de posicionarse.