ETA tiene fecha de caducidad: el primer fin de semana de mayo. La sanguinaria organización terrorista, responsable de 829 muertos y de masacres como la de Hipercor en Barcelona, ha adelantado su disolución, después de que en 2011 anunciara el cese definitivo de la violencia y en 2017 escenificara el desarme. Su único comunicado como banda no ha escapado del simbolismo: ya sea de mala gana o porque así lo cree realmente, ha querido dedicarlo a las víctimas. Algunas lo han aceptado; otras no se lo han creído.
Llevaba por título ETA al pueblo vasco: declaración sobre el daño causado, y lo publicaron la madrugada del viernes los diarios Gara y Berria. "Somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución", aseguraba la banda en proceso de disolución. "A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Estas palabras no solucionarán lo que ha pasado, ni mitigarán tanto dolor. Lo decimos con respeto, sin querer provocar de nuevo aflicción alguna", añadían.
Según el periodista Martxelo Otamendi, director el diario Berria, este comunicado tiene su valor porque, si bien antes habían podido pedir perdón en algún comunicado, lo habían hecho de forma lateral, incluso escondida. El último comunicado de ETA como organización, sin embargo, ha sido dedicado íntegramente a las víctimas. Según Zuriñe Rodríguez, investigadora en la Universidad del País Vasco, también es reseñable porque ha llegado de forma unilateral por parte de ETA, sin ser fruto de una negociación bilateral con el Estado español.
Después de casi 60 años donde la violencia ha estado en el centro de la agenda política, la disolución de ETA no es el final
"Se puede interpretar como una victoria de la misma ciudadanía, que llevaba reclamando un gesto así desde hace muchos años", asegura Rodríguez. Subraya que en otras resoluciones de conflictos, como el reciente proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, "hemos visto que este perdón llega después de largas negociaciones y con posibles contrapartidas". Es por eso que lo valora positivamente. Pero esta unilateralidad también manifiesta una ausencia: la del Estado español.
"Eran decisiones largamente esperadas y demandadas por una parte muy importante de la sociedad. Era un comunicado que tenía que llegar", defiende Otamendi. El periodista también lamenta la ausencia del Estado en todo el proceso que ha llevado hacia el fin de la violencia en el País Vasco. "La decisión de ETA de acabar con la lucha armada en octubre del 2011 viene precedida de un proceso previo, donde se acuerda una hoja de ruta a través de los mediadores internacionales. Pero cuando Rajoy gana las elecciones un mes después, corta cualquier tipo de comunicación con los mediadores internacionales", explica.
Aunque se decía que, sin violencia se podía hablar de todo, el resultado ha sido otro: las autoridades del Estado español se han desentendido. Pero después de casi 60 años de conflicto, en una sociedad que se ha movido en códigos violentos durante medio siglo y donde la violencia ha estado en el centro de la agenda política, la disolución de ETA no es el final. Es sólo el primero de muchos frentes todavía abiertos, de muchas asignaturas todavía pendientes.
Portadas de los diarios Gara y Berria de este viernes // Foto: EFE
Política penitenciaria
Sobre el papel, una de las cosas que se tenía que poder hablar en ausencia de violencia era de los presos. En estos términos llegó a expresarse el presidente navarro Miguel Sanz, de UPN (partido de derecha foralista asociado al PP): "Si ETA abandona las armas se podría hablar y negociar (...) En la medida en que se consolide la tregua y podamos hablar del abandono definitivo de la violencia, se podrá hablar de cuestiones como la política penitenciaria y la reinserción".
De hecho, si el gran consenso político en Catalunya es en torno al derecho a decidir, en el País Vasco una de las mayorías más consolidadas es la que reclama un cambio de la política penitenciaria, hasta hoy marcada por la dispersión de los presos (con todo lo que eso comporta para las familias). Un estudio realizado por el Euskobarómetro en julio del año pasado muestra que hasta el 74% de la sociedad vasca es favorable al acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas o próximas al País Vasco, mientras sólo el 14% se opone a ello. Por otro lado, el 61% también está a favor de favorecer las reinserciones de presos etarras individualmente. En el caso de la amnistía, los detractores (54%) superan a los partidarios (25%).
Según los últimos datos del Gobierno español, hay 288 presos dispersados: 239 en el Estado español, 53 en Francia y uno en Portugal. Las autoridades penitenciarias francesas ya han empezado a hacer algunos movimientos. Durante el primer cuatrimestre de 2018, nueve presos han sido trasladados a cárceles francesas próximas al País Vasco, como la de Lannemezan, a poco más de 200 kilómetros de Irún. Sin embargo, las españolas no han movido un solo dedo. El Ministerio del Interior ya ha avanzado que mantendrá al 88% de los reclusos en el régimen más duro, sin posibilidad de permisos.
Justamente la revisión de la actual política penitenciaria es el sexto punto de la Agenda de Derechos Humanos para el País Vasco de Amnistía Internacional, que también hace énfasis en las víctimas de tortura y del terrorismo de Estado o la revisión de la actual legislación antiterrorista. "Según los principios de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, cualquier preso, sea de ETA o no, tiene que cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible y lo solicite individualmente", defiende Esteban Beltran, director de la ONG en España. "Amnistía siempre ha estado en contra de las políticas de dispersión", recuerda.
Para Martxelo Otamendi, después de la disolución de ETA, el lema tendría que ser "y ahora presos". Señala que el consenso por el acercamiento de los presos y la liberación de los que están enfermos aglutina a todos los partidos excepto el PP, todos los grandes sindicatos vascos y los principales organismos del país. El pasado enero tuvo lugar una gran manifestación en Bilbao y en octubre hay una prevista en Madrid. "La dispersión nunca tuvo sentido, fue abusiva y vengativa. Pero es que ahora tiene mucho menos", critica el periodista. Subraya que incluso la exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias del PSOE, Mercedes Gallizo, se ha sumado a estas voces.
Zuriñe Rodríguez no esconde su escepticismo: "En este proceso no ha habido casi acercamiento de presos, se han denegado permisos de segundo grado... Tengo mis dudas acerca de qué hará el Gobierno español. Tampoco sé hasta qué punto el PNV, que es quien más puede presionar, está negociándolo".
Manifestación en Bilbao por el acercamiento de los presos de ETA // Foto: EFE
Todas las víctimas
La investigadora de la Universidad del País Vasco explica una anécdota bastante ilustrativa. En su ciudad, Vitoria, se está construyendo un museo en memoria de las víctimas del terrorismo, fomentado por el Ayuntamiento, el Gobierno español y el Gobierno vasco. Pero no habrá ningún espacio para las víctimas del terrorismo de extrema derecha o de Estado. "Ni siquiera para los cinco asesinatos de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria", lamenta. Son "las otras víctimas", tan olvidadas como muchas de ETA o incluso más, porque no son reconocidas como tales. Sin ir más lejos, este mismo año el Ministerio del Interior ha excluido a una víctima del Batallón Vasco Español (BVE) de las distinciones que otorga a los que murieron en ataques terroristas.
Un informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo de 2010 arrojó algo de luz sobre "las otras víctimas". Maixabel Lasa —víctima de ETA— y José María Urquijo contabilizaron hasta 74 ataques terroristas de grupos parapoliciales y de extrema derecha en el País Vasco. De estos asesinatos, 24 fueron reivindicados por los GAL, 18 por el Batallón Vasco Español y seis por Grupos Antiterroristas Españoles. Tan sólo en 17 casos hay sentencia firme. El resto no se han aclarado.
"Muchas víctimas no han tenido reconocida su condición de víctima ni la tendrán", denuncia Otamendi, que constata que hay "víctimas de segunda". No obstante, puntualiza que, antes del 96, ni siquiera las autoridades españolas hacían caso a las víctimas de ETA. "La gente iba a los funerales y poco más", dice. Por su parte, Rodríguez se pregunta: "Hoy ya tenemos un comunicado de ETA que pide perdón a las víctimas. ¿Cuándo tendremos el del Gobierno español diciendo que los GAL estuvieron mal?".
"Hoy ya tenemos un comunicado de ETA que pide perdón a las víctimas. ¿Cuándo tendremos el del Gobierno español diciendo que los GAL estuvieron mal?"
La sociedad vasca es consciente de la existencia de otras víctimas y de la necesidad de reconocimiento, justicia y reparación. El Euskobarómetro de julio del año pasado pone de manifiesto que el 87% de los vascos piensa que "se tiene que hacer justicia con las víctimas de los dos bandos" y el 85% cree que "no se tiene que centrar sólo en la violencia ejercida por ETA". La ciudadanía vasca se sitúa por encima de la polarización: el 76% defiende que "para un buen final del ciclo de la violencia en el País Vasco no tiene que haber ni vencedores ni vencidos".
En este sentido, tanto Esteban Beltran, como Martxelo Otamendi, como Zuriñe Rodríguez verían bien la creación de una Comisión de la Verdad, como la que se ha creado en el marco del proceso de paz en Colombia. Entre otras cosas, tendría que servir para los más de 300 atentados de ETA que todavía están sin juicio, que se han aclarar. Pero también para poner luces y taquígrafos sobre otros responsables de dolor, a veces a cargo de los fondos reservados del Estado.
No obstante, que lo vean necesario no los hace ser menos escépticos. "Ahora el que se está haciendo el duro es el PP, pero la época dura del Ministerio del Interior en la lucha contra ETA es la del PSOE", asegura Otamendi, recordando el cuartel de Intxaurrondo en Donosti o el caso de Lasa y Zabala. "Ni el PSOE ni el PP están interesados en ninguna comisión de la verdad, ni en nada que se le parezca. Y no la habrá", sentencia.
Felipe González acompaña a José Barrionuevo, condenado por los GAL, hasta la cárcel // Foto: EFE
Torturados, los más olvidados
Otamendi era director del diario Euskaldunon Egunkaria en 2003, cuando este fue clausurado y él fue detenido acusado de colaboración con ETA. Denunció torturas durante su detención, como consta en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: se le impidió dormir, fue obligado a estar dos días de pie, recibió insultos homófobos, fue desnudado y hecho poner en una posición sexual, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico en dos ocasiones... Pero la justicia española ignoró sus denuncias. En 2012, Estrasburgo condenó al Estado por no investigarlo debidamente.
El Instituto Vasco de Criminología, en una investigación dirigida por el prestigioso forense Paco Etxeberria, ha documentado hasta 4.113 denuncias por torturas sólo en el País Vasco (sin contar Navarra ni el País Vasco francés) entre 1960 y 2014. No obstante, los autores del informe afirman que la cifra es "inferior a la real", porque no se han podido rescatar muchas denuncias fechadas en los años 60, 70 y 80. Además, el número de detenidos por hechos parecidos se eleva en 20.000. El 26% de las denuncias pertenecen al periodo de la dictadura y el 71% durante la democracia.
El Instituto Vasco de Criminología ha documentado hasta 4.113 denuncias por torturas. El Tribunal de Estrasburgo ha condenado el Estado en diez ocasiones por torturas o por no investigar las denuncias.
Etxeberria defiende que la tortura llegó a ser sistemática en las detenciones, y que iba mucho más allá del entorno de ETA. Entre las más de 4.000 denuncias, hay sacerdotes, cirujanos, profesores universitarios, estudiantes, militantes de UGT y CCCO e incluso del PNV y del PSOE. Pero tan sólo ha habido 21 sentencias condenatorias de la justicia española por torturas realizadas contra 32 personas detenidas entre los años 1979 y 1992. De estas condenas, 12 corresponden a la Guardia Civil y nueve a la Policía Nacional
Desde las instituciones internacionales, sin embargo, sí se ha denunciado. El primer dictamen condenatorio fue del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas el año 1998, por el caso de una mujer vasca detenida por la Guardia Civil en 1992. Este comité volvió a condenar al Estado español en 2005. Por su parte, Estrasburgo ha condenado en diez ocasiones a España por torturas y maltratos o por no investigar las denuncias (también castigado por el artículo 3 del convenio). Ocho de las diez condenas son por casos de ciudadanos vascas o navarras.
Amnistía Internacional también ha denunciado la situación en reiteradas ocasiones. "No sólo ha habido pocas sentencias condenatorias, sino que en torno al 30% de los policías condenados han sido indultados", denuncia su director en España, Esteban Beltran. "Es una asignatura pendiente: primero, el reconocimiento que ha existido; segundo, el reconocimiento del daño causado a las víctimas, y tercero, la creación de mecanismos de investigación y prevención".
Amparo Arangoa, navarra detenida y torturada por la Guardia Civil en 1976 // Fotografía cedida por Euskal Memoria
La ausencia del Estado
A falta de iniciativa del Estado, el Gobierno vasco está ejecutando en este momento el Plan de Convivencia y Derechos Humanos (2017-2020), un proyecto ambicioso que sigue planes anteriores y busca cicatrizar las heridas abiertas durante medio siglo de conflicto. El plan es transversal, y va desde el final ordenado de la violencia y la normalización de la convivencia hasta la acción internacional o la educación. En el centro de todo hay ámbitos como las víctimas, las políticas de memoria o la política penitenciaria.
Martxelo Otamendi valora positivamente el plan del Gobierno vasco, porque es ambicioso. Sólo tiene un pequeño problema: que muchos de los elementos contemplados no dependen de Bilbao, sino que son competencia de Madrid, como la política penitenciaria. "Y algunas de las partes que se han legislado han sido llevadas al Tribunal Constitucional y suspendidas cautelarmente", señala el periodista. Es el caso de la ley vasca de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, que incorpora también a las víctimas de abusos policiales. "Esta es la respuesta del PP", sentencia al director de Berria.
"Es incluso kafkiano que cuando una organización armada decide disolverse el Estado se niegue a facilitar y negociar este proceso"
"El inmovilismo del Estado español es absolutamente absurdo. Es incluso kafkiano que cuando una organización armada decide disolverse el Estado se niegue a facilitar y negociar este proceso", afirma Zuriñe Rodríguez, que también ve algunas ausencias del Gobierno vasco. "Ha tenido grandes ausencias, en algunas ocasiones podría haberse involucrado más a pesar de las competencias", sostiene la investigadora.
Tanto Otamendi como Rodríguez niegan el relato de la fractura social en el País Vasco como en años anteriores. "Después de un proceso de violencia, primero viene una negociación final y después un luto individual y colectivo. Yo creo que Euskal Herria está en ese luto", justifica la académica, que indica que "readaptarse" después de medio siglo de violencia cuesta su tiempo. "Poco a poco la sociedad va recosiendo la convivencia", defiende. Por su parte, el periodista ironiza: "La convivencia tampoco es que todos iremos cogidos de la mano a tomar unos vinos. Los amigos seguirán siendo amigos y los enemigos, enemigos".
El lehendakari Íñigo Urkullu en la bancada del PNV en el Parlamento vasco // Foto: EFE
Altsasu: ¿el nuevo "todo es ETA"?
El juicio contra nueve jóvenes de la localidad navarra de Altsasu, acusados de terrorismo por una pelea de bar donde un agente de la Guardia Civil acabó con un tobillo fracturado, ha destapado la caja de Pandora del "todo es ETA". La escena se ha vuelto a ver repetida con el caso de la miembro del CDR Tamara Carrasco, a quien la Fiscalía quería acusar también de terrorismo.
Esteban Beltran, de Amnistía, lo ve preocupante. Lo atribuye a la reforma del Código Penal, que "contribuyó a crear ambigüedad e imprecisión y favorecer que se cometan injusticias". En este sentido, desde la ONG exigen que se revise "radicalmente" la ley antiterrorista. "Así lo ha recomendado varias veces el relator de las Naciones Unidas contra el terrorismo, porque es inaceptable", recuerda.
Otamendi lo ve como un "aviso" del Estado a los jóvenes de Altsasu, que cada año celebran el día del Alde hemendik ("fuera de aquí", en relación a la policía española), pero también al resto del Estado. "También están llevando el 'todo es ETA' a Catalunya: todo es rebelión o terrorismo", ejemplariza. En los mismos términos que Beltran, insiste: "El caso de Altsasu es un aviso. Y con el cambio del Código Penal pueden acusar a todo el mundo de terrorismo".
En su libro Adiós en las armas (2011), el periodista Antoni Batista, experto en el conflicto vasco, ya lo escribía: "Si hubieran sido de ETA todos los que la Ley de Partidos imputó por eso, ETA habría sido la organización con más militancia de la historia del terrorismo internacional".