El exsubsecretario de Transportes destituido por Óscar Puente por su vinculación con el caso Koldo, Jesús Manuel Gómez García, ha declarado este lunes ante el juez. En su declaración, ha sostenido que el presidente español, Pedro Sánchez, estuvo presente en las reuniones semanales con los cuatro ministerios clave (Interior, Defensa, Sanidad y Transportes) para la compra de material sanitario. Quien fue el número tres del Ministerio de Transporte no ha detallado si a las reuniones en que estuvo presente Sánchez se abordó las compras de mascarillas en la empresa Solucionas de Gestión, es decir, las investigadas en este caso.
Gómez García sí que ha detallado que Koldo García hacía llegar directamente en mano al exministro José Luis Ávalos las ofertas de Soluciones de Gestión. Ha señalado además que, dado que Koldo García era el asesor de Ábalos, entendía que su palabra era como la del ministro. Sin embargo, ha remarcado que no recibió indicación especial para contratar con esta empresa en concreto, ni le transmitieron desde instancias superiores que tuviera que ser a la escogida para la adquisición de las mascarillas. Con respecto al contrato de 8 millones por la adquisición de mascarillas con Solucionas de Gestión, Gómez García ha apuntado que el hecho de acabar haciendo uno por este valor y no los 4 millones presupuestados inicialmente se debió a la precipitación de la gestión de la pandemia.
Sobre otros acusados como el presunto comisionista Víctor d'Aldama, el exsubsecretario de Transportes ha dicho que ni lo conocía ni lo había visto por el Ministerio, que, según las sospechas de los investigadores, solía frecuentar. El juez investiga Koldo García y otras personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas a la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, soborno, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
El cese de Gómez García
Gómez fue destituido de su cargo por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que se hiciera pública la auditoría interna que se encargó en el seno de su departamento y teniendo en cuenta además que constaba como imputado a la causa. Puente ha afirmado que de los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría interna realizada por su ministerio "se produce una pérdida de confianza que desemboca a la decisión".
Según subraya a Europa Press, este procedimiento, que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por diferentes entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.