El exdelegado del Gobierno en Bruselas Amadeu Altafaj ha negado este martes que la Generalitat pagara observadores internacionales para el 1-O, y ha afirmado que sólo encargó a una fundación de estudios holandesa un informe sobre la situación geopolítica internacional para que la Generalitat tuviera opinión sobre determinadas políticas de la Unión Europea.

Así, The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) elaboró un estudio sobre los riesgos del terrorismo yihadista, el papel de Rusia en la escena internacional, el Brexit y la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, entre otros. No obstante, HCSS envió a finales de septiembre en Catalunya a varios observadores internacionales.

El exsecretario general del Diplocat Albert Royo ha negado que fueran observadores internacionales, sino "delegados parlamentarios" que querían constatar la situación política, cosa que ya habían hecho anteriormente durante el proceso participativo del 9-N del 2014 o a las elecciones al Parlamento del 27-S del 2015. Estas estancias las pagó el Diplocat.

Altafaj y Royo han declarado como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y sólo han respondido a las preguntas de sus abogados. Según fuentes jurídicas, Altafaj ha explicado que él no decidía las políticas exteriores del Gobierno y que desde el 2015 se había planificado como influir en las políticas a europeas y como estas podían afectar Catalunya.

Una de las decisiones de la delegación fue encargar a The Hague el informe citado, que no se llegó a entregar nunca porque faltaba el tercer pago, que se tenía que hacer cuando la Generalitat ya había sido intervenida por el gobierno español. Los dos pagos, de septiembre y principios de octubre, sumaron unos 119.000 euros, y faltaba uno tercero de unos 47.000.

El Diplocat, por su parte, se gastó más de 40.000 euros en aviones, hoteles y dietas para 47 observadores internacionales para darlos a conocer el conflicto político catalán. No obstante, tanto Altafaj como Royo han negado que ellos firmaran ningún orden de pago, porque no eran los responsables.

Por otra parte, también han declarado lo entonces secretario general de Asuntos Exteriores, Aleix Villatoro, que ha respondido preguntas sobre el registro de catalanes en el exterior, y Marta Garsaball, autorizada en cuentas bancarias que hicieron pagos relacionados con la acción exterior del 1-O.

Antes de todos los investigados han declarado dos testigos: un responsable de Unipost que ha reiterado que enviaron una factura pro forma a la Generalitat para el envío de material electoral y el ex jefe de gabinete del conseller Raül Romeva, que ha respondido sobre la campaña a favor del referéndum.