El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, ha asegurado este miércoles que no puede "confirmar ni desmentir" el uso de la tecnología Pegasus por parte del CNI para espiar el independentismo catalán. En declaraciones en TVE ha afirmado que él no puede ni siquiera "hablar de la cuestión". "Hay una ley clara que dice que el CNI no puede hablar ni de sus medios, ni de sus procedimientos, ni de las relaciones con terceros y, por lo tanto, si hablara de eso, conculcaría la ley". Sanz Roldán fue director del CNI entre 2009 y 2019, y pues, parte de las escuchas que ha puesto al descubierto Citizen Lab se habrían producido durante su mandato. Este miércoles ha salido a la luz, que según fuentes próximas al servicio secreto español citadas por El País, el software Pegasus se adquirió durante la primera mitad de la década pasada por un valor inicial de seis millones de euros, aunque el coste total sería mucho mayor, ya que este depende de su uso. Las mismas fuentes afirman que el CNI justificó la compra de este software para espiar en el extranjero, donde los espías tienen que operar al margen de la ley, no en España.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, uno de los espiados por el software Pegasus, ve "evidencias claras" que detrás del CatalanGate hay el CNI. El jefe del Govern ha argumentado este miércoles en Rac1 que hace "mucho tiempo" que el independentismo "sospecha" que es "objetivo de los servicios de inteligencia". Aragonès ha insistido en reunirse "cara a cara" con el presidente español, Pedro Sánchez, y ha añadido que es partidario de que las relaciones de ERC con el PSOE "no continúen igual" si la Moncloa no investiga el espionaje con "transparencia y supervisión". "Sin asunción de responsabilidades será muy difícil que continúe la estabilidad parlamentaria", ha advertido Aragonès, que este jueves se reunirá en Madrid con los electos espiados de ERC, Junts, CUP y Bildu en el Congreso y en el Senado.
En duda la calidad democrática del Estado
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también se ha manifestado con respecto al CatalanGate, y considera que pone en duda la calidad democrática del Estado y admite que podría ser que también hubiera afectado a alguno de los miembros de Podemos. "Nosotros hemos sido objetivo de las cloacas del Estado, como todo el mundo sabe" ha dicho al programa Aquí Cuní de Ser Catalunya antes de recordar episodios como la instalación de una cámara en la puerta del domicilio de Pablo Iglesias. "Cuando uno ve que más de 60 personas han sido espiadas ilegalmente, claro que piensa que quizás tendría que revisar su teléfono móvil".
Según Echenique, el caso pone en duda la confianza en las instituciones del Estado y, por lo tanto, hace falta que "se investigue para que no quede ninguna duda de que estas prácticas acabaron cuando el PP salió del gobierno". "No puede quedar ninguna duda sobre que no se han seguido haciendo prácticas como las que llevaba a cabo el señor Fernández Díaz —en referencia al exministro del Interior— bajo ministerios del PSOE", y "hay que disipar inmediatamente estas dudas". En este sentido, ha reclamado nuevamente que los ministerios de Interior y Defensa lleven a cabo una "investigación a fondo" y que "se depuren responsabilidades". "Si ha habido operaciones ilegales, estas personas no pueden seguir siendo funcionarios del Estado", ha dicho. La presidenta del Parlamento, Laura Borràs, ha dado un paso más allá y se ha mostrado mucho más contundente contra el Gobierno, y ha exigido las dimisiones del presidente español, Pedro Sánchez, y los ministros del Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles por el CatalanGate asegurando que ya ha pasado el momento de solo pedir explicaciones. Borràs ha insistido en el hecho de que estas escuchas se han hecho de manera ilegal y que se utilizarán en su contra.