Miguel Ángel Guzmán fue viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses. Sin embargo, en dos años y medio, Guzmán adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros en 11 hospitales y clínicas privadas del grupo Asisa en Andalucía, empresa por la cual ha fichado ahora como director médico en la comunidad, según informa elDiario.es. Estas adjudicaciones se hicieron en el marco de sanear las listas de espera enviando a pacientes a la sanidad privada, de manera que se adjudicaron contratos sin publicidad, ni concurrencia competitiva, ni fiscalización previa.
Todo pasó entre enero del 2021 y en junio de 2023, bajo el pretexto de aligerar "sobrecarga a la red propia derivada de la pandemia covid-19", según el título de los expedientes. Documentos que llevan la firma de Guzmán cuando todavía era general del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El origen de estos contratos de emergencia, que se suscribieron con un total de 79 hospitales y clínicas privadas de Andalucía, está en el Expediente 110/2021, un Acuerdo de Emergencia de 20 de enero de 2021.
Incompatibilidad
Según detalla elDiario.es, el hecho de que Guzmán haya entrado en una empresa del sector donde ha tenido competencia directa en un periodo menor de dos años podría considerarse un incumplimiento la Ley de Incompatibilidad, hecho que sostiene la oposición. Por su parte, Guzmán niega que pasar de su sitio en la Junta a una aseguradora privada, en solo tres meses, implique ninguna incompatibilidad o puerta giratoria, ya que Asisa no tiene en este momento ningún vínculo con el gobierno andaluz.
La ley del 2006 prohíbe "el ejercicio por sí mismo o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público sea cual sea la configuración jurídica de aquellas".
Por otra parte, el gobierno andaluz se distancia ligeramente. Poco después de que se diera a conocer el fichaje de Guzman, el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, explicó a preguntas de los periodistas: "No nos consta que se haya incumplido ninguna norma. Recogeremos todo lo que es concerniente a esta situación y lo analizaremos para adoptar las medidas que haya que adoptar. Totalmente en contra de cualquier tipo de puertas giratorias, por descontado que sí, pero también en contra de que el paso por la política acabe perjudicando a aquellas personas que deciden hacer el salto a la privada".