Nueva condena por desobediencia el 1-O de 2017. La jueza del Penal 1 de Mataró ha condenado a Eudald Calvo, exalcalde de Argentona por la CUP, a seis meses de inhabilitación a cargo público y a pagar una multa de 4.500 euros por el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), según la sentencia a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este jueves. En la resolución, la jueza Montserrat Torrent afirma que Calvo actuó "de forma activa en la preparación y celebración" del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya sin hacer caso de la advertencia del TC. La fiscal le pedía 18 meses de inhabilitación y una multa de 15.000 euros, pero la jueza le ha aplicado una atenuante de dilaciones indebidas, i li ha rebaixat el càstig. Los abogados de Calvo analizan ahora los efectos de la resolución, ya que es el actual candidato de Junts para las municipales de 2023, y si el castigo no afecta que se pueda presentar a las elecciones, seguramente no presentarán recurso a la Audiencia de Barcelona.
En el juicio, Eudald Calvo, defendido por el abogado Sergi Blanco, declaró que no ordenó ninguna acción ni firmó ningún acto administrativo, después de ser requerido por el TC, cuando el 8 de septiembre de 2017 suspendió la convocatoria del 1-O y comunicó a los cargos públicos de no impulsar ninguna actuación. El exalcalde aseguró que dio apoyo al Referéndum "hasta que fue legal" y que recibió las advertencias. "Comprendí que ya no era un referéndum, ni organizado por la Generalitat, sino una votación", afirmó Calvo, que actualmente es el secretario y el interventor del Ayuntamiento de Òrrius.
Las pruebas de la sentencia
En la sentencia, la jueza del Penal 1 de Mataró, sin embargo, sostiene que hay pruebas suficientes para demostrar la actuación de Calvo, el cual fue notificado el 12 de septiembre de 2017 del mandato del TC, pero el acusado -añade- "con desprecio de la resolución y a su contenido, no realizó ningún acto para impedir o paralizar la preparación y la celebración del referéndum". Por ejemplo, cita la entrevista que dio a Radio Argentona, el 14 de septiembre de 2017, donde daba las gracias a los organizadores y asegura que "quedaban algunos flequillos de la logística". La defensa de Calvo indicó que las expresiones que hizo en entrevistas y en las redes sociales se amparan en el derecho de la libertad de expresión.
La jueza añade que tampoco hizo caso a la advertencia recibida por los Mossos, y permitió la apertura de tres locales para la votación: el Ayuntamiento antiguo, el ayuntamiento nuevo y el edificio Velcro, así como la publicación de un mapa de zonas de votación. "En definitiva, Calvo participó de forma activa tanto en la preparación como en la celebración del referéndum, o el que es lo mismo, la conducta del acusado fue abierta, deliberada y directamente opuesta a las prescripciones del mandato exprés del Tribunal Constitucional", concluye la jueza Torrent.
Cinco años después del 1-O, todavía hay una decena de alcaldes pendientes de juicio o investigados para impulsar el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya.