El exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos ha admitido que el consorcio de residuos del Vallès accidental le pagó con dinero público su viaje a un congreso del PSOE en Andalucía el año 2012 y ha aceptado devolver 326 euros que costó su asistencia. Esto ha estado en una vista en la audiencia de Barcelona donde se ha cerrado la tercera pieza del Caso Mercurio, que ha acabado con un acuerdo de conformidad entre acusaciones y defensas.
Además, el exgerente de tres consorcios del Vallès Occidental y exconcejal de Sabadell, Paco Fernández, ha aceptado tres años de prisión y seis de inhabilitación por malversación de fondos públicos y falsedad documental, al haber desviado fraudulentamente 32.877 euros entre el 2011 y el 2012. Fernández ha pactado con la fiscalía, que ha pedido la suspensión del ingreso a prisión si no delinque en cinco años y hace dos años de trabajos en beneficio de la comunidad y un curso de ética y moral en los negocios. El Consejo Comarcal y la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció han aceptado la pena, pero se oponen a la suspensión de la prisión.
Según se considera probado y constará en la sentencia, el 2006 y 2007 Fernández fue nombrado gerente de tres consorcios de la comarca del Vallès Occidental: el de residuos (CRGVOC), el de turismo (CTVOC) y el de ocupación y promoción económica (COPEVO). Fue destituido en noviembre del 2014. Era el encargado de la gestión económica de los entes comarcales y se encargaba de autorizar los pagos y gastos junto con la interventora. Aparte de sus sueldos, disponía de tarjetas bancarias y un Teletac para pagarse los gastos de desplazamiento, alojamiento y otros.
17.000 € cobrados en viajes no realizados
Abusando de su posición, y al menos entre enero del 2011 y noviembre del 2012, utilizó las tarjetas para hacer centenares de pagos no relacionados con el trabajo y cobró indebidamente centenares de dietas. Así, por ejemplo, cobró más de 17.000 euros del consorcio de residuos por decenas de viajes no realizados a Madrid, Valencia, Asturias o Bilbao, que justificaba con documentos falsos firmados por él. Con la tarjeta Teletac del mismo consorcio pagó 174 euros en peajes de autopistas para trayectos particulares, muchos de ellos en fin de semana.
Fernández llegó a duplicar e incluso triplicar la compensación económica que le correspondía por kilometraje con vehículo propio y manutención, ya que la reclamaba además de un consorcio simultáneamente. Con este sistema cobró indebidamente más de 7.100 euros en total de los tres consorcios.
También reclamó y justificó el derecho a ser indemnizado por gastos personales y ajenos a los consorcios pagados en efectivo o con las tarjetas de los consorcios. Así, pagó gasolina, chiclés, preservativos, carbón, aparcamientos, manutención y pan. En total se gastó 1.752 euros de los consorcios de turismo y residuos. También reclamó y cobró 135 euros de alguno de los consorcios por actividades organizadas y pagadas por otro de los consorcios que dirigía.
Por último, reclamó por kilometraje distancias superiores a las que realmente había hecho, sobre todo para el consorcio de residuos. Como mínimo cobró indebidamente 5.000 euros por esta vía.
Además, autorizó el pago a través del consorcio de residuos de sus gastos de vuelos, alojamiento, restauración y aparcamiento para asistir a un congreso federal del PSOE en Andalucía en enero del 2012 con fondo del consorcio de residuos. Él se benefició de 684 euros, y autorizó el pago de gastos para el mismo congreso en Bustos, 326 euros, y el exdirigente socialista Magdalena Gallardo, 508 euros.
Suspensión de prisión
A la vista que ha tenido lugar este jueves al mediodía Fernández, Bustos y Gallardo, han aceptado las penas. Bustos y Gallardo han sido condenados a título lucrativo por el hecho de haber ido al congreso federal del PSOE en Andalucía en enero del 2012 con los gastos de alojamiento pagados por el Consorcio de Residuos del Vallès Occidental gracias a la gestión fraudulenta de Fernández. Tienen que retornar 326 y 508 euros respectivamente.
La fiscalía y la defensa de Fernández han pedido la suspensión del ingreso en la prisión durante al menos cinco años y con la condición que haga trabajos en beneficio de la comunidad durante dos años, con la asistencia a un curso de ética y moral en los negocios. El ministerio público tiene en cuenta que es la primera condena, aunque está investigado en otro caso, y que ya ha devuelto todo el dinero desviado. Además, cree que el dinero defraudado supuso una mínima parte del presupuesto de los consorcios, que gestionan millones de euros. La defensa también ha alegado el estado de salud del condenado.
Por su parte, la acusación popular, ejercida por Sabadell Lliure de Corrupció, y la particular, ejercida por el Consejo Comarcal del Vallès Occidental, se han opuesto a la suspensión de la prisión, al considerar que este caso se enmarca en una causa mayor de corrupción, el caso Mercurio, y que Fernández se aprovechó de su cargo, aunque cobraba importantes sueldos públicos en tiempo de crisis económica. La magistrada decidirá sobre la suspensión de la prisión en los próximos días.