Después de tres meses cerrado en la prisión, el exalcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, ya puede salir los fines de semana. La junta de tratamiento de la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, donde ingresó de forma voluntaria el 12 de enero pasado, lo ha clasificado en tercer grado restringido, en aplicación del artículo 82 del régimen abierto restringido, y validado por el Departament de Justícia. La Audiencia de Barcelona le ordenó el ingreso en la prisión para cumplir su segunda condena por la pieza número 30 del caso Mercurio, que es de tres años de prisión, por instar a la policía local a retirar multas a sus familiares. La fiscalía ha anunciado que está estudiando la idoneidad de esta clasificación, realizada hace un mes por los especialistas del penal, y si no la considera adecuada presentará recurso ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. Bustos tiene pendientes otros juicios por el caso Mercurio, de corrupción en el consistorio vallesano.
La sección décima de la Audiencia de Barcelona es quien rechazó suspender el ingreso en la prisión del exalcalde Bustos, a quien condenó como autor de dos delitos de tráfico de influencias, con la pena de dieciocho meses de prisión para cada uno de estos, a más de ocho años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de cargo público. La primera condena de Bustos fue de un año y cuatro meses de prisión para él y para el exdiputado Daniel Fernández, exsecretario de organización del PSC, por un delito de tráfico de influencias, por el hecho de haber forzado una contratación sin concurso en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (pieza 5). El exalcalde, que dejó su cargo en el 2013, también tiene una tercera condena, en este caso como responsable a título lucrativo en consorcios del consell comarcal (pieza 25 bis).
Cuatro juicios
La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupción (SBDLC), como acusación popular en el caso Mercurio, ha mantenido viva la investigación por corrupción en el consistorio y con la entrada en la prisión de Bustos indicó que "no se puede banalizar, como hacen algunas personas y el mismo Bustos y calificar de menores los delitos" por los cuales ha sido condenado. Recordaba que Bustos tiene que afrontar todavía cuatro nuevos juicios, en los cuales está acusado de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación, contra la administración pública y fraude electoral junto con familiares, exconcejales socialistas, y también el exlíder del PP, Jordi Soriano, cargos de confianza y funcionarios. Para la plataforma SBDLC, "el cumplimiento de las penas es un elemento reparador del daño público causado y tiene la función de evitar la reincidencia de la persona penada y desmotivar la posible comisión de nuevos delitos por parte de otras personas".
En el caso de Soriano, la jueza del caso Mercurio, enero del 2021, lo dejaba a un paso de juicio con un tribunal de jurado, acusado de recibir dinero a cambio de adjudicaciones en el municipio. Es la causa principal del caso Mercurio y hay otros 21 acusados por los delitos de soborno, tráfico de influencias si blanqueo de capitales.