El exalcalde de Sabadell, Maties Serracant se sentará ante un juez como presunto autor de un delito de "desobediencia grave" por no impedir la celebración del referéndum del 1-O en el municipio. La Fiscalía pide una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos y una multa de 15.000 euros a pagar en diez meses, aunque no es hasta finales de 2022 cuando se calcula que se celebrará el juicio.

Una medida aceptada por el Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell que llega a estas alturas, aunque la mayoría de casos de alcaldes que dieron apoyo al referéndum quedaron archivados cuando la Fiscalía General del Estado ordenó una investigación. De hecho, el exalcalde ya fue citado a declarar en enero de 2019 y se acogió a su derecho de no declarar ante el Juez.

Disposición del ayuntamiento

Según informa Europa a Pres, se trata de una causa que lleva a la justicia a un vecino de Murcia en noviembre de 2017, para ceder espacios municipales por las votaciones, que el exalcalde formalizó en una firma del decreto de alcaldía que aseguraba que el ayuntamiento se ponía a disposición del Gobierno por la organización del referéndum.

En el 2017 las fuentes judiciales ya requirieron al ayuntamiento y a la Generalitat que informara sobre la institución que tenía competencias en la apertura y cierre de los centros escolares. También preguntaron al ayuntamiento si había recibido la notificación del Tribunal Constitucional y de la Delegación del Gobierno Español que impugnaban la celebración del 1-O.

Ningún papel activo

Su defensa pide la libre absolución. Niega que el exalcalde tuviera ningún papel activo en la organización de la consulta, que aclara que el éxito de la jornada recae en la ciudadanía y no en el ayuntamiento. También explica que no tenía capacidad efectiva para impedir las votaciones, igual que "ni la policía española ni los mossos de escuadra" pudieron hacerlo.

Sin embargo, para quién lo acusa, no se trata de lo que Serracant hizo, sino precisamente de lo que no hizo. Así, critican su "inacción" por no anular el decreto de la alcaldía que daba apoyo al referéndum, después de que el Tribunal Constitucional advirtiera a los ayuntamientos de la suspensión de la votación.

Alcaldes afectados

Serracant, político de Crida per Sabadell, una coalición formada a partir de Entesa por Sabadell y la CUP, es uno de los 13 políticos municipales que se encuentran en un proceso judicial por su papel al 1-O. Ahora mismo, hay dos sentencias firmes que recaen sobre los exalcaldes de Agramunt y de Alcarràs y ocho causas pendientes de juicio o recursos sobre su absolución.

En el caso del exalcalde de Agramunt y posterior conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, la fiscalía le pide un año y medio de inhabilitación como cargo público y 24.000 euros de multa por un delito de desobediencia, al considerar que promovió y favoreció la votación suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Por su parte, el exalcalde de Alcarràs (Segrià), Miquel Serra también fue condenado a tres meses de inhabilitación por un delito de "desobediencia" por haber facilitado la celebración del referéndum y una multa de 450.000 euros.

Imagen principal: El alcalde de Sabadell, Maties Serracant, haciendo declaraciones / Europa Pres