El que era el máximo responsable de la lucha antiterrorista de la policía española, el excomisario Germán Rodríguez Castiñeira, ha confesado este martes en la Audiencia Nacional que recibió la orden de buscar los antecedentes de 69 diputados de Podemos, que salieron a las elecciones de diciembre del 2015, pero se negó a hacerlo. Así lo ha explicado Castiñeira en su declaración como investigado a la causa que investiga la guerra sucia contra Podemos en el Juzgado Central de Instrucción número 5, dirigido por Santiago Pedraz, donde ha explicado que la misión llegó por parte del exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la policía, Enrique García Castaño. El exdirigente de la Policía, que solo ha contestado a la Fiscalía y a su defensa, ha afirmado que se enfadó mucho con la petición de García Castaño, una reacción que provocó que se hiciera marcha atrás, e incluso, asegurara que "era una broma".
Según Europa Press, Rodríguez Castiñeira ha señalado que García Castaño no llegó a revelarle de quién vendía la orden por encima de él. Sin embargo, la misma agencia, apunta en otras fuentes que aseguran que Castiñeira ha indicado que ninguno de sus superiores le ordenó espiar a nadie, todo y que, habría señalado que, en tono en broma, García Castaño le habló de los diputados de Podemos. El excomisario Germán Rodríguez Castiñeira también ha dicho a preguntas del fiscal, ha afirmado que nunca habló sobre este asunto con quien era el número 2 del Ministerio del Interior, Francisco Martínez.
La querella de Podemos
Podemos presentó una querella por delitos de organización criminal, empoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. Además, también se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado rechazó estos dos últimos delitos porque no pudieron ser subsumidos los dos tipos penales en los hechos relatados. En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados, bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad en el gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo el control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política". Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
Según Podemos, el objetivo principal era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el seguro de fiabilidad de "las fuentes policiales" para desprestigiar delante a la opinión pública a la formación, atentando así contra la indemnidad de sus diputados y otros cargos públicos. La querella señalaba que esta forma "de operar" se concretó en hasta 8 actuaciones, como la investigación del entonces líder del partido, Pablo Iglesias, en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre al Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para conferirle apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.