El exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives ha aceptado dos años de prisión y de inhabilitación por haber simulado contratar a un exalcalde de Unió, que se embolsó 155.067 euros sin ejercer ninguna tarea, aunque no entrará en la prisión y le conmutarán la pena por 6 meses de trabajos a la comunidad.
Investigado en el caso 3%
Vives, también investigado en el caso 3%, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que ha ratificado en el juicio que se ha celebrado este miércoles en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona, donde también estaban acusados el exdirector general de Barcelona Regional Guillermo Müller y el exalcalde de Cervelló (Baix Llobregat) Jesús Arévalo.
El ministerio público solicitaba inicialmente cinco años de prisión para Vives, que fue presidente del consejo de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Xavier Trias, así como para los otros dos acusados, por un delito de falsedad documental, en concurso con prevaricación y malversación de caudales, por los cuales finalmente han aceptado dos años de prisión y de inhabilitación.
"Autopromoción de la empresa"
En abril de 2019, el informe de conclusiones de la comisión de investigación hecha por el Ayuntamiento de Barcelona sobre la actividad de Barcelona Regional (BR) durante el mandato Xavier Trias concluyó que la agencia "malbarató recursos públicos" durante el mandato de Trias.
El documento apuntaba que las actividades internacionales de la agencia, hechas a través de BCN SUS, "no correspondían al interés público" porque "la única finalidad era la autopromoción de la empresa". El informe también concluía que el gobierno de Trias dio una subvención "de forma dudosa" a BR y responsabilizaba al exconcejal de Urbanismo y presidente de BR durante la etapa de Trias, Antoni Vives, y el entonces director general de BR, Willy Müller, de gestionar BCN SUS de manera "temeraria" y de contratar "de forma irregular" personas "de confianza política" para hacer tareas que no correspondían a la agencia.
El documento indicaba que BR "malbarató recursos públicos" en proyectos en el extranjero que "no se correspondían con el objeto social de la agencia" y que no estaban dentro de sus estatus. Por ejemplo, en viajes, contratos de asesoramiento, gastos de promoción y de representación.
Además, el documento apuntaba que no se hizo una "adecuada" gestión presupuestaria de la actividad de BR porque "se adoptaron compromisos de gasto sin tener la necesaria dotación en los presupuestos", cosa que fue generando pérdidas en la agencia.