El exconseller de Cultura y diputado de Junts, Lluís Puig, se ha personado este miércoles en una comisaría de policía de Bruselas, en la cual le han notificado su citación para el juicio en el caso Sijena, que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha programado para los próximos 20 y 21 de febrero de 2025. El juicio se tenía que celebrar este jueves y el TSJC lo suspendió a última hora, este lunes. Inicialmente, se informó de que la Fiscalía belga no había localizado al exconseller Puig, defendido por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, porque estaba de vacaciones.
Además de no localizarlo, la Fiscalía belga informó, a finales de octubre, al tribunal del TSJC de que "aún" no podían atender su petición para hacer una videoconferencia para que declarara Puig como acusado. ¿El motivo? Se ha cambiado la normativa belga sobre videoconferencias e indicaban al tribunal catalán que lo estaban adaptando, y, por tanto, no podían garantizar los derechos a Puig, según la respuesta de la Fiscalía belga a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat.
En su respuesta, la Fiscalía belga indica al TSJC que la solución temporal sería que la declaración de Puig se podría hacer en una comisaría o en un juzgado de instrucción. El letrado de la administración de Justicia del TSJC, sin citar este problema legal y técnico, ha vuelto a enviar una Orden de Investigación Europea (OEI) para localizar Puig, pero sin aclarar donde se pide hacer la videoconferencia.
El caso Sixena, explicado en Bruselas
El exconseller Puig ha explicado la negativa de las autoridades belgas durante una conferencia que se ha hecho en el Casal catalán en Bruselas, donde el experto de Historia del Arte, Albert Velasco, ha explicado el litigio por los bienes del Monasterio de Sijena. Como conservador del Museo de Lleida, vivió con dolor y rabia la retirada de las 44 obras por parte de la Guardia Civil, en diciembre de 2017.
El martes, Puig apareció con el alcalde de Igualada, Marc Castells, a la casa Macià de Prats de Molló (Catalunya Nord).
Sin garantía al derecho de defensa
En su respuesta, la Fiscalía belga expone al TSJC: "Se había decidido a nivel nacional que la toma de declaración por videoconferencia de un sospechoso durante la vista sobre el fondo no era posible porque nuestra legislación no
estaba adaptada y no podía garantizar el respeto de los derechos de defensa, tal como lo
interpretaron el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos."
Añade que, en este tiempo, han cambiado la legislación belga sobre videoconferencias, pero que no la tienen adaptada aún ni en la modalidad de asistencia judicial mutua. Por eso, la Fiscalía belga indica al TSJC que la solución temporal es que la declaración de Puig se podría hacer en una comisaría o en un juzgado de instrucción.
El letrado de la administración de Justicia del TSJC, sin citar este problema legal y técnico, ha vuelto a enviar una Orden de Investigación Europea (OEI) para localizar Puig, pero sin aclarar donde se pide hacer la videoconferencia por el juicio, que si nada cambia se podría suspender.
El abogado Jorge F. Español Fumanal, en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, presentó un recurso contra el aplazamiento del juicio al exconseller Puig, a quien acusa "de actuar con evidente fraude de ley" y "estar en paradero desconocido". El secretario judicial le ha denegado su petición, según un decreto dictado este miércoles.
Un litigio polémico
La causa contra los exconseller Lluís Puig y Santi Vila -pendiente de juzgar en un Penal- por las obras de Sijena es muy polémico, y enrevesado como el litigio por las obras. El abogado Jaume Alonso-Cuevilla ha ganado varias batallas frente el juez de Huesca y el Ayuntamiento de Sijena, que exigía juzgarlos en el Supremo y una responsabilidad civil elevada. El Tribunal Constitucional dio la razón al abogado catalán.
Por este caso, la Fiscalía pide 2 años de inhabilitación y pagar una multa de 5.940 euros para Puig y Vila por el delito de desobediencia al juez. El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena también acusa Vila del delito de usurpación de funciones judiciales y le pide once meses de prisión. Puig podría ser juzgado en ausencia porque la petición de su castigo no implica prisión.
El abogado Alonso-Cuevillas exige la absolución de Lluís Puig porque sostiene que no hizo ninguna actuación y que se le notificó el requerimiento judicial justo un día después de estar al frente del Departament de Cultura, el 5 de julio de 2017. Además, consultó a los Servicios Jurídicos de la Generalitat, que le dijeron que habían recurrido la última resolución judicial.
Si no es absuelto, las dilaciones indebidas en este procedimiento pueden implicar una atenuante importante para Lluís Puig.