El exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha sido citado a declarar como investigado en el caso del supuesto retraso en las vacunas de la covid-19 a agentes de la policía española y de la Guardia Civil, que investiga el titular de instrucción 17 de Barcelona desde el mayo pasado, según una resolución conocida este jueves. El magistrado aceptó la querella interpuesta por el sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, Justicia Policial (JUPOL) y por la Asociación de la Guardia Civil, Justicia Civil (JUCIL) contra cuatro representantes del departament de Salut, y ahora la ha ampliado a Argimon, que entonces era el secretario de Salut Pública, con la consellera Alba Vergés. Vergés fue investigada por estos hechos en el TSJC, el cual descartó su responsabilidad directa, pero indicó que se tenía que aclarar la tarea de su equipo. También ha sido citado como investigado Marc Ramentol, exsecretario general de Salut y actual director general de Coordinació Interdepartamental. Por ahora, el magistrado no ha fijado la fecha de las declaraciones. Se les imputan los delitos de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores.
El magistrado Fernando Criado ya interrogó como investigados a Carmen Cabezas, actual secretaria de Salut Pública y entonces subdirectora general de Promoció de Salut; Sara Manjón, directora de Organitzacions y Professionals del CatSalut; Xavier Rodríguez, director de Serveis del Departament; y Adrià Comella, director del CatSalut. En su declaración el 22 de julio pasado, los altos cargos alegaron que ninguno de ellos tenía competencias para decidir a qué grupo o colectivo se tenía que vacunar en cada momento, ya que solo les correspondían labores ejecutivas, organizativas y de logística, según fuentes judiciales.
Denegada la declaración de Vergés
En la resolución, el juez afirma que de las actuaciones realizadas "se desprenden indicios" que Argimon y Ramentol "tuvieron una participación en la decisión de paralizar la vacunación a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en Catalunya, comprendidos en la franja de 18 a 60 años" y por eso aprueba su citación como investigados. Por el contrario, ha denegado la petición de los sindicatos policiales que la exconsellera de Salud, la republicana Alba Vergés, declare como testigo. Tampoco la entonces delegada del Govern, Teresa Cunillera. Los responsables de la policía española y de la Guardia Civil en el proceso de vacunación en Catalunya también han sido citados como testigos.
El retraso, según el TSJC
La investigación penal es derivada de una resolución de la sala contenciosa-administrativa del TSJC, de diciembre de 2021, en la cual consideró que el departament de Salut había retrasado "injustificadamente" la vacunación de los agentes estatales por detrás de los agentes de los Mossos de Esquadra y policías locales. La Generalitat presentó un recurso en el Supremo, pero el alto tribunal español lo rechazó. La sentencia del TSJC tenía en cuenta que "las vacunas en los cuerpos no nacionales empezaron a administrarse el 10 de febrero del 2021", mientras que los agentes de los "cuerpos nacionales" no tuvieron acceso a estas hasta el 12 de marzo. "Es decir, con un mes de diferencia, y a un ritmo, además, extremadamente lento", aseguraba el tribunal. Desde Salut se argumentó ciertas disfunciones, como que los responsables policiales no indicaban dónde se tenían que realizar las vacunaciones ni se daban los listados de agentes.
Esta resolución dio pie a que los sindicatos policiales presentaran una querella contra la entonces consellera Vergés y Adrià Comella, entonces director del Servei Català de Salut. Por su parte, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio, pidió, en enero de 2022, que también se investigara el entonces conseller Argimon. Y dos meses después, el TSJC derivó a los juzgados de Barcelona la investigación "para aclarar de quién partió la decisión de dejar de vacunar o hacerlo más lentamente a los integrantes de los cuerpos policiales del Estado, ante la vacunación de los Mossos y de las policías locales en Catalunya", y si hay responsabilidad penal. Es la causa actual.