La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha sido citada a declarar como investigada por la DANA el 11 de abril, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Así consta en una providencia notificada este lunes a las partes, en la cual la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Horta Sud) también ha citado a declarar como investigado Emilio Argüeso, exsecretario autonómico del Departament de Justícia i Interior. En esta línea, la delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó (PP), han sido citados a declarar como testigos el 14 de abril —mientras que el 29 de abril declararán dos técnicos.

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Por otra parte, la instructora ha dictado un auto en el cual ha denegado la solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) de requerir datos sobre los vehículos oficiales utilizados por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y sus escoltas entre las ocho de la mañana del 29 de octubre y las ocho de la mañana del día siguiente. La magistrada justifica la negativa en la condición de aforado del jefe del Consell, de manera que "no es factible" la "realización de diligencias de investigación sobre su actuación".

La jueza también ha denegado la misma solicitud de diligencias respecto de la entonces consellera de Interior y de su secretario autonómico, ya que "no consta que no se hayan incorporado a la reunión" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) "o que esta incorporación se hubiera efectuado con retraso". Lo mismo con el director y el subdirector general de Emergencias, porque "no ostentan la condición de investigados".

Finalmente, sobre las posibles grabaciones de audio por parte de integrantes de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, la instructora ha considerado que tienen que ser los mismos integrantes los que manifiesten si tienen este material y si "voluntariamente prestan su conformidad" para aportarlas al proceso una vez se les reciba declaración. Tanto la providencia como el auto de este lunes no son firmes y, por lo tanto, está la posibilidad de recurso contra ellas, según el alto tribunal valenciano.