Ninguna irregularidad. Laura Borràs ha recibido el apoyo de dos testigos clave -los exconsellers de Cultura Ferran Mascarell y Santi Vila- , escogidos por su defensa para demostrar su correcta gestión como directora de la Institució de las Lletres Catalanas (ILC) del 2013 en el 2017, este jueves, en la sexta sesión del juicio en el TSJC contra ella, el informático Isaías Herrero y Andreu Pujol. "Nunca nadie me advirtió que nada fuera incorrecto", ha afirmado Mascarell al tribunal al ser preguntado por la fiscal Assumpta Pujol. Afirmación que después ha realizado de forma más contundente Vila. "Nunca nadie me advirtió de irregularidades, ni ningún funcionario", ha respondido Vila a la abogada de Borràs, Isabel Elbal. La Fiscalía acusa Borràs y Herrero de los delitos de falsedad documental y prevaricación por haber concedido a dedo al informático 18 contratos, que suman 335.000 euros, para modernizar la web de la Institució y otros programas, y por eso les pide a cada uno 6 años de prisión y 21 años de inhabilitación.
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A la vista, Ferran Mascarrell, conseller de Cultura de enero 2011 a enero 2016, ha explicado al tribunal del TSJC, que escogió Borràs como directora de la ILC "por su habilidad en nuevas tecnologías" y porque querían poner en marcha "un gran portal web" de la Institució para difundir a los autores catalanes en Catalunya y a nivel internacional.
Además, Mascarell ha aclarado que "era una recomendación" que las páginas web de los departamentos de la Generalitat se vincularan al CTTI, pero se podía hacer de forma autónoma si "era más eficiente", como hizo Borràs. "Nunca nadie me advirtió que nada fuera incorrecto", ha asegurado Mascarell al tribunal, y ha detallado que en la Generalitat "hay un sistema muy reglado" con respecto a la contratación pública y hay un control de la Intervención General.
Por su parte, Santi Vila, que sucedió Mascarell hasta julio del 2017, ha realizado una declaración corta y ha confirmado la corrección de la actuación de Borràs y que no recibió ninguna alerta de los contratos sobre la web de la ILC. Con estos dos testigos de la defensa de Borràs ha querido contrarrestar el testigo de la funcionaria, la cual aseguró al TSJC, que alertó Borràs que no se podían adjudicar todos los trabajos en Herrero y que había que hacer un contrato de negociado. Un informe de la Sindicatura de Cuentas de 2020 alertó de fraccionamientos en los contratos a la ILC en la época de la dirección de Borràs, pero no lo derivó a la Fiscalía ni a ningún órgano de control.
Francesc Parcerisas, decano de la Institució, ha validado la modernización de la web, y ha lamentado que desapareciera: "La comparo con las obras de la estación de la Sagrera; una gran inversión perdida." La defensa de Borràs ha asegurado que los Mossos en la intervención de los dominios, a finales del 2018, hizo caer la web de la ILC.
Por su parte, Oriol Ponsatí, que sucedió Borràs en la Institució, también ha alabado la tarea de Borràs y sus conocimientos de literatura digital, así como el trabajo de Herrero. Ponsatí también ha afirmado que en la Institució la mayoría de contratos son menores, y no por el sistema de negociado, ante el poco presupuesto que tienen para los proyectos y en global. El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha preguntado a Ponsatí si presentó una reclamación por la desaparición de la página web, que atribuye a los Mossos en sus registros, o que la Fiscalía realizara una investigación por la pérdida de fondos públicos, y ha dicho que no.
Informes a partir de copias
Una segunda revelación de la vista de este jueves es que los informes que realizó la Guardia Civil sobre la contratación bajo sospecha entre Isaías Herrero con la Institución de las Letras Catalanas (ILC) y Laura Borràs fue realizada sobre copias y no se hizo nunca una comparación con los originales de lo que se recogió en el ordenador de Herrero. Así lo ha admitido un agente de la Guardia Civil al abogado de Borràs, Gonzalo Boye. Boye insiste así a cuestionar la validez de la pericial informática que incrimina la presidenta del Parlament suspendida, y que no se respetó la cadena de custodia al pasar la investigación de los Mossos de Esquadra a la Guardia Civil.
Clonados en el juzgado
Para contrarrestarlo, la fiscal Teresa Duerto ha preguntado a los agentes si modificaron el contenido de los CDs y lo han negado. En concreto, un oficial de la Guardia Civil ha explicado que el 28 de noviembre de 2018 la magistrada del juzgado de instrucción 9 de Barcelona les traspasó la investigación de Isaías Herrero y sus contratos con la Institució de las Lletres Catalanes (ILC), caso que retiró a los Mossos de Esquadra por las filtraciones de la investigación a los medios de comunicación y que vinculaban ya a Laura Borràs, entonces consellera de Cultura. Ha detallado que las copias de los discos duros se realizaron con autorización del letrado de la Administración de Justicia del juzgado y ha especificado que se hizo un clonado de los CDs y “se devuelven al juzgado precintados”. Finalizaron la investigación el mayo de 2019 y un mes después, la magistrada elevó la causa al Tribunal Supremo porque entonces Borràs era diputada por Junts en el Congreso de los Diputados, y, por tanto, aforada al alto tribunal español; al final el caso volvió al TSJC, al ser nombrada presidenta del Parlament. El agente de la Guardia Civil ha respondido en catalán a las defensas de Herrero y de Andreu Pujol sobre las facturas investigadas.
Un segundo agente de la Guardia Civil ha detallado el informe que realizó al analizar los CD comisados en casa de Herrero, como por ejemplo facturas de Xarxa Integral a la ILC, o una carpeta entre Herrero y Andreu Pujol y los contratos cobrados a la Institució.
El tercero y cuarto agente de la Guardia Civil han admitido que el material analizado eran copias de los más de 50.000 correos electrónicos copiados a Herrero y que analizaron 44 correos, en los cuales tiene con Laura Borràs y otras personas. "Es decir, no sabe que contendía el original?", le ha preguntado Boye al cuarto agente y este ha admitido que no.
“Le encargaron investigar el concierto entre Herrero y Laura Borràs?”, también ha ido preguntando Boye. Un agente le ha respondido que investigaban “hechos”, “irregularidades de contratación pública”, pero un segundo agente de la Guardia Civil lo ha admitido.
El juicio se retoma lunes con las periciales y la declaración de Laura Borràs, a quien el tribunal ha permitido declarar al final para garantizar su derecho de defensa. Y el 1 de marzo se han programado los informes, donde las dos fiscales detallarán si, finalmente, rebajan la petición de pena a Herrero y Vidal.