La exdiputada díscola de Vox ha denunciado a Ignacio Garriga en la Fiscalía por malversación y apropiación indebida, según ha adelantado este viernes The Objective. La denuncia de Isabel Lázaro, diputada del Parlament la pasada legislatura, contra el secretario general del partido ultra y su número dos en la cámara catalana, Joan Garriga, incluye "un doble circuito de apropiación de fondos públicos". Hay que recordar que es la misma diputada que ya lo denunció delante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) por cargar al grupo parlamentario gastos personales —entre los cuales figuran la cuota de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio de sus hijos, tintorerías, peluquerías y numerosos repartos de comida a domicilio—, mientras que Ignacio Garriga siempre ha negado las acusaciones. Ahora, el conflicto sube de nivel.

El primero de los circuitos que denuncia Lázaro sería mediante la facturación por servicios ficticios: los dos denunciados cobraban una retribución directa por el Parlament de 88.973,60 euros, cantidad que comprendía un pago especial por su tarea de portavoz y portavoz adjunto, respectivamente. De manera simultánea, cobraban mediante un "giro de facturas" al grupo parlamentario "de la cuenta de asignaciones económicas". Así, Ignacio Garriga facturó 3.700 euros en el mes en concepto de "dirección del grupo parlamentario" y Joan Garriga un total de 1.063 euros en algunos meses por "servicios prestados".

Un doble circuito

"Este esquema indica una duplicidad en el cobro de fondos públicos mediante autocontratación. Concretamente, don Ignacio Garriga, habría girado facturas por un importe total de 81.490,59 euros durante los ejercicios 2021 a 2023; mientras que don Joan Garriga, habría girado facturas por un importe total de 4.240 euros durante el ejercicio 2023", señala Lázaro.

El otro aspecto incluido en la denuncia es el cobro de las dietas del Parlament para gastos propios en viajes, manutención y reuniones, así como el uso de tarjetas de crédito asociadas a la cuenta del grupo parlamentario, en la cual se ingresó la cantidad de más de un millón de euros "para finalidades personales sin control de ningún tipo".

Casi 200.000 euros

Con las tarjetas nominadas de los dos diputados de Vox "se realizaron pagos de bienes y servicios sin relación con su actividad parlamentaria, incluyendo gastos de hostelería y restauración (comidas, cafés, cenas); desplazamientos privados (posiblemente dobles cobros si también utilizaban dietas para eso); vacaciones personales en agosto y gastos familiares (peluquería para los hijos, comida a domicilio)", según la denuncia. Lázaro indica que mediante cuatro tarjetas bancarias a nombre de ambos Garriga, los dos máximos responsables del partido ultra en el Parlamento dispusieron "de la cantidad total de 105.568,68 euros durante los ejercicios 2022 y 2023". Por lo tanto, la suma de este supuesto "doble circuito de apropiación de bienes públicos" es de casi 200.000 euros —concretamente, 191.299,27 euros.

"Esta práctica evidencia, prima facie, que parte de la asignación parlamentaria destinada al grupo parlamentario Vox se utilizaba en pagos ajenos a la actividad parlamentaria. Además, en aquellos casos en los cuales estos pagos encajaban dentro del concepto de dietas, los denunciados obtenían una doble percepción, ya que, por una parte, el Parlament les abonaba directamente las dietas y, por otra, financiaban sus gastos personales con la asignación del grupo. En consecuencia, al no destinar las dietas a las finalidades para las cuales fueron concebidas, los denunciados se apropiaban de ellas totalmente, cosa que podría constituir una utilización irregular de estos fondos", argumenta la denunciante.

Sobre los dos delitos

Sobre el presunto delito de malversación de dinero público, Lázaro considera que Ignacio y Joan Garriga "han utilizado fondos públicos asignados a un grupo parlamentario para finalidades privadas (uso de tarjetas en comidas, vacaciones, etc.) con evidente ánimo de lucro y de forma continuada". Y que ante la existencia de este ánimo de lucro personal, "correspondería la aplicación del subtipo agravado, con penas de entre 4 y 8 años de prisión e inhabilitación por un tiempo de entre 10 y 20 años."

Con respecto al delito de apropiación indebida, la exdiputada de Vox considera que ambos Garriga "actuaron como únicos administradores de hecho mediante la utilización de las tarjetas bancarias, cada uno de ellos, para abonar gastos que no se corresponderían con las finalidades propias de las asignaciones sino de carácter absolutamente personal y ajeno a su actividad parlamentaria". Si bien el líder ultra devolvió "una pequeña cantidad del dinero utilizado para finalidades personales" (380 euros), la cuestión es que "el resto de las cantidades abonadas la naturaleza de la cual, además de personal y ajena a su actividad parlamentaria, se correspondería a las cantidades que percibían directamente del Parlamento en concepto de dietas, configura, igualmente, la apropiación indebida de las mismas". "Dado que se trata de múltiples gastos sostenidos en el tiempo es más probable que se trate de una apropiación indebida por cuantía superior a los 50.000 euros, siendo entonces de aplicación una pena de prisión de entre 2 y 6 años, así como una multa de hasta el triple del valor apropiado", concluye. Ahora, la Fiscalía tendrá que decidir si admite a trámite la denuncia.