Nada de nada. La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, se negó a declarar y aclarar nada del espionaje al president Pere Aragonès con el software Pegasus ante el juez de Barcelona, en su comparecencia por videoconferencia el viernes pasado, desde los juzgados de Madrid. Esteban no se acogió a su derecho a no declarar cómo tiene toda persona investigada, sino que argumentó que no podía declarar por la ley de secretos oficiales que rige el CNI, según han aclarado este martes fuentes jurídicas a ElNacional.cat. El Gobierno desclasificó las resoluciones judiciales que permitían espiar al líder de ERC, pero no autorizó a hablar a la exdirectora del CNI. Así, pues, Esteban no declaró durante una hora (aparte de los problemas informáticos que tuvieron), como se ha informado, sino que leyó los artículos que le impiden informar sobre causas secretas. Nada más. Curiosamente, la respuesta de Esteban ya fue avanzada días antes por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Dos abogadas del Estado en la sede del juzgado de instrucción 29 de Barcelona y otros dos en los juzgados de Madrid, vigilaron el no interrogatorio de la exdirectora del CNI y al mismo tiempo advirtieron al abogado de Aragonès, el penalista Andreu van den Eynde, que se podría enfrentar a una querella si informaba del acto judicial.
La comparecencia de la exdirectora del CNI en los juzgados de Barcelona vino precedida de irregularidades. El juez Santiago García recibió una comunicación del Consejo de Ministros que le informaba de que había desclasificado las tres resoluciones del Tribunal Supremo que daban permiso al CNI para intervenir el móvil del entonces vicepresident Aragonès, del 19 de julio de 209 a enero de 2020, pero no le adjuntaban las aprobaciones del magistrado Pablo Lucas. Se las enviaron un día antes del interrogatorio y con la sorpresa de que los documentos clasificados estaban tachados y no se entendían los argumentos del espionaje a Aragonès.
Coordinador de los CDR
La vigilia de la citación de Esteban transcendió que la justificación para espiar al vicepresident era porque se sospechaba que "coordinaba a los CDR". Afirmación que causó indignación a ERC, e incredulidad en Catalunya porque los comités de defensa de la República son muy transversales y relacionados con entidades de barrio y sociales, no con políticos. La desclasificación de documentos del CNI en el caso de Aragonès es un hecho insólito en el Estado español, pero el gobierno del PSOE lo ha controlado excesivamente y lo ha dejado en simbólico porque no puede aclararse nada; solo la constatación de que lo hicieron. Aparte, se acusa al gobierno del PP, aunque en julio de 2019, cuando se aprueban los pinchazos a Aragonès, Sánchez era presidente en funciones, y tuvo que convocar nuevas elecciones en noviembre de aquel año.
¿Dos móviles?
Desde Madrid se ha intentado justificar esta intromisión en la vida privada de Aragonès al afirmar que tenía dos móviles: el oficial y un segundo, que antes habría usado otra persona para las movilizaciones ciudadanas. En la causa penal, sin embargo, solo consta un móvil (el de toda la vida de Aragonès), y que es uno de los 65 móviles de independentistas infectados que descubrieron los investigadores de Citizen Lab. En la comisión de secretos del Congreso, de mayo de 2022, Esteban admitió este espionaje a políticos catalanes, aunque limitado a 18 personas, entre ellas Aragonès. El gobierno de Pedro Sánchez quiso parar esta crisis y cesó a Esteban, sustituida por Esperanza Casteleiro.
Después de esta negativa a dar luz al espionaje del presidente Aragonès, el magistrado de Barcelona espera que acusación y defensa le pidan nuevas diligencias para avanzar en la investigación. En la querella de Aragonès, se insiste en que su móvil fue infectado antes, en 2018, es decir, sin aval judicial. Hay que recordar, que la primera intervención del móvil aprobada por el Supremo, en julio de 2019, eran fechas clave en política: se negociaba la primera investidura de Pedro Sánchez, al final fallida.