El debate en torno a la memoria histórica vuelve a estar encima de la mesa. El desencadenante ha sido la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de cumplir una vieja prometida de la izquierda: sacar el cuerpo del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, su santuario personal a gloria del fascismo, y alejarlo de los miles de víctimas de los dos bandos que allí hay enterradas en la mayor fosa común del Estado español.
Pero, más allá de este gesto simbólico tan reclamado por las víctimas, todavía hay mucho trabajo por hacer en memoria histórica. A pesar de la transición ejemplar vendida de cara a la galería, no todo está hecho. Así lo advierten desde varios organismos de las Naciones Unidas hasta la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. Este 20 de noviembre hará 43 años que el dictador murió en la cama, sin que nadie lo juzgara por sus crímenes, y sin haber deshecho todo el legado.
Estas son solo algunas de las carpetas que, desde hace 43 años, cogen polvo sobre la mesa, esperando que alguien las coja, las abra y se ponga a trabajar.
Foto: EFE
¿Qué hacer con el Valle?
Uno de los primeros interrogantes que aparecen después de la exhumación del cadáver del dictador es qué hacer con el Valle de los Caídos, un mausoleo a la violación de los derechos humanos, donde hay más de 33.000 cuerpos enterrados, también de republicanos confiscados por Franco para vender la "reconciliación". No solo fue construido por presos de guerra, que trabajaron forzados en un homenaje personal al dictador, sino que durante décadas ha sido un punto de reunión y exaltación de los nostálgicos de la dictadura.
En el Valle de los Caídos, al lado de Franco, también hay enterrado en un lugar privilegiado José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera y fundador de Falange Española.
Después de visitar España en 2014, el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pablo de Greiff, advertía que "en su estado actual, el lugar no proporciona ningún tipo de información o señalización que explique la prevalencia de simbología franquista y fascista y la exaltación del campo 'vencedor' de la Guerra Civil". De la misma manera, criticaba que no se ofrece información sobre los miles de cuerpos enterrados, "ni que muchos restos fueron trasladados allí sin consentimiento o sin conocimiento de sus familiares". Es por eso que reclamaba una "resignificación" del espacio.
Propuestas no han faltado. Albert Rivera ha propuesto convertirlo en el Arlington español. Una diferencia importante es que Arlington es el memorial de la guerra norteamericano creado por los demócratas; el Valle de los Caídos fue concebido como un homenaje personal de Franco al fascismo. Otros proponen convertirlo en una especie de Auschwitz, un espacio de memoria.
El relator especial de la ONU advertía que el Valle de los Caídos no ofrece información sobre los miles de cuerpos enterrados ni cómo fueron trasladados sin consentimiento.
Es esta la línea hacia la que apunta el sociólogo Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Antes de nada, sin embargo, señala que haría falta un informe técnico que determinara cuántos de los cuerpos pueden ser exhumados y estudiados, como piden las familias. "Es algo que no se nos ha permitido durante muchos años", lamenta.
Indica que es posible, y pone el ejemplo de los hermanos Lapeña, fundadores del sindicato CNT, enterrados en el Valle. La exhumación fue ordenada por el juzgado de primera instancia número dos de San Lorenzo de El Escorial. Patrimonio Nacional ha comunicado este mismo agosto a la familia que había encargado al colegio de forenses los informes preliminares para la exhumación.
Una vez resuelto el capítulo de los cuerpos, Silva cree que debería convertirse en un lugar que explique su historia. "Debe explicar qué empresas lo construyeron, quiénes eran los presos forzados a trabajar, cuáles eran sus condenas, cómo se trasladaron los restos, qué uso ha tenido el Valle...", explica el representante de la asociación memorialista. Recuerda que, durante los años 60 y 70, se convirtió en un santuario del fascismo europeo, y se reunían excombatientes del continente. También defiende que debería ser un lugar aconfesional.
Abrir las fosas y cunetas
Hay una excepción que confirma la norma, según Emilio Silva: el País Vasco. "El Gobierno vasco exhuma cada fosa que conoce, automáticamente", explica. Insiste en eso: "Alguien señala una fosa y se abre. No se discute". Las autoridades vascas también han grabado a centenares de testimonios y digitalizado centenares de miles de documentos. "Ha habido varios gobiernos, pero la política no ha cambiado", asegura. Pero es eso, una excepción. En el resto del Estado, en varios grados, no ha sido así. El Estado español es el segundo país del mundo con más fosas comunes, solo superado por Camboya.
El relator Pablo de Greiff denunciaba ya en 2014 que la ley de memoria histórica no establecía una política estatal de exhumaciones, sino que "privatizaba" la responsabilidad trasladándola a familias y asociaciones de víctimas. Estas, lamentaba el experto de la ONU, "han suplido funciones que corresponden al Estado, sin recibir el apoyo suficiente". "La 'privatización' de las exhumaciones también alimenta la indiferencia de las instituciones del Estado, incluyendo las autoridades judiciales", avisaba.
Los familiares y las asociaciones "han suplido funciones que corresponden al Estado" con respecto a la búsqueda de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo.
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU también visitó el Estado español en septiembre de 2013. En su informe posterior, emplazaba de forma "urgente" al Estado español a priorizar la búsqueda de la verdad, en especial de los desaparecidos, teniendo en cuenta la edad "muy avanzada" de los testimonios y familiares. También llamaba la atención sobre el "limitado alcance" de la ley de memoria histórica en este aspecto.
En la ausencia de exhumaciones, denuncia Emilio Silva, han tenido un papel clave las autoridades judiciales. "Los jueces siguen prevaricando cada vez que denunciamos una fosa donde hay restos humanos con signos de violencia y el juzgado no se presenta en el 95% de los casos", advierte el fundador de la ARMH. También señala los obstáculos que pone la fiscalía, como en el caso de Cipriano Martos, muerto en 1973 en Reus, de quien la justicia argentina ha pedido la exhumación.
Silva sostiene que es una cuestión de voluntad política, que no hay que reformar ninguna ley. "Un gobierno puede decidir acoger a los refugiados del 'Aquarius' y puede decidir desde el poder ejecutivo ponerse a buscar a los desaparecidos", afirma. "Los mismos argumentos que utilizó la vicepresidenta Carmen Calvo, la urgencia y los informes de la ONU, para justificar la exhumación de Franco, son aplicables a las fosas", añade.
Foto: Dirección General de Seguridad (1940)
Anular las sentencias franquistas
Se han hecho varias iniciativas parlamentarias con respecto a los tribunales franquistas y sus sentencias. Sin ir más lejos, la ley de memoria histórica del 2007 los consideraba ilegítimos. En julio de 2017 el Parlament de Catalunya calificó 63.961 consejos de guerra de "ilegales" y "nulos de pleno derecho". Pero queda un asunto pendiente: la anulación de estas sentencias. Pedro Sánchez podría recoger este testigo planteado por ERC y el PDeCAT, especialmente algunos casos emblemáticos como el del president Lluís Companys.
Pero el Gobierno de Zapatero, impulsor de la ley de memoria histórica, rechazaba anular estos juicios. "Es un imposible jurídico. La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no se puede volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha declarado que carece de estos", argumentaba el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Los intentos por revisar algunos casos, como la condena a muerte a Salvador Puig Antich, han sido en vano.
Los intentos por revisar algunas condenas de tribunales franquistas, como la de Salvador Puig Antich, han sido en vano.
El relator especial de la ONU abría la puerta a hacerlo en su informe. "La nulidad no representa solo una reparación simbólica, sino que acabaría los efectos legales de estas sentencias", afirmaba.
No obstante, Silva lo ve poco probable. "Me cuesta creer que lo hará este gobierno, excepto que incluya una cláusula que impida que los descendientes de personas confiscadas puedan litigar por estos bienes", señala. "En muchos casos son pequeñas propiedades, pero también incluso emisoras de radio que hoy pertenecen a grandes empresas de comunicación", detalla.
Algunos medios ya han recogido las opiniones de juristas, que "alertan sobre los riesgos de anular los juicios del franquismo", como es el caso de El País. El catedrático y exdiputado del PSOE Diego López Garrido avisa de que "se pueden desencadenar millones de demandas contra sentencias de los tribunales". Justamente lo que persiguen las familias de las víctimas del franquismo.
Foto: ACN
Hay que ir a Argentina para investigar
En varios países que han pasado por dictaduras similares a la franquista se han creado organismos para investigar los crímenes. Desde los juicios de Nüremberg contra Adolf Hitler y sus colaboradores hasta las comisiones de la verdad de Sudáfrica, Chile o Argentina. En el Estado español, en cambio, se hizo la ley de amnistía de 1977. "Nos la vendieron como una gran conquista de la izquierda, pero la mayoría de presos políticos ya estaba en la calle. Y allí colaron el 2f, que da impunidad a los franquistas".
Hace referencia al artículo 2f de la ley, que establece que la amnistía contempla "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas". Ha sido el principal obstáculo para poder investigar los crímenes del franquismo.
Quien ha intentado juzgar los crímenes del franquismo en el Estado español, ha sido apartado de manera fulminante. El mejor ejemplo es el del juez Baltasar Garzón, que acabó expulsado de la carrera judicial. El entonces magistrado de la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones. Pero la fiscalía se opuso porque no le consideraba competente, y recibió una querella de Manos Limpias, Falange y Libertad e Identidad. El resultado: la macrocausa quedó en un cajón.
Amnistía Internacional y la ONU han advertido que la ley de amnistía es contraria a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado español.
En su informe de 2008 Amnistía Internacional ya advertía de que la ley de amnistía "no solo es una norma preconstitucional, contraria a las disposiciones de la Constitución, sino que es contraria al derecho internacional convencional vinculante para España en aquel momento".
En los mismos términos, el relator especial de la ONU subrayaba la "incompatibilidad entre los efectos de la ley de amnistía con las obligaciones internacionales adquiridas por España", citando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recordaba que estos compromisos fueron contraídos antes de la aprobación de la ley de amnistía.
El resultado de la imposibilidad de iniciar investigaciones en el Estado español es que debe hacerlo la jueza Maria Servini en el otro lado del Atlántico, a cargo del juzgado federal número uno de Buenos Aires. Lleva las riendas de la llamada "querella argentino". No obstante, la magistrada también debe enfrentarse a los obstáculos de la fiscalía general del Estado cuando cita a declarar a exaltos cargos del régimen franquista.
Un patrimonio multimillonario en manos de la familia
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Chile condenó a la familia del dictador Augusto Pinochet a devolver más de 1.600 millones de dólares al Estado. La sentencia tenía que ver con el caso del banco Riggs, de Estados Unidos, que investigó la fortuna del golpista. Según la investigación, Pincohet llegó a tener 127 cuentas secretas en aquel banco, por unos 27 millones de dólares. La condena no se puede recurrir. En el Estado español no se ha visto nada así con los Franco.
Sin ir más lejos, la familia Franco ha heredado un patrimonio multimillonario, que el dictador acumuló durante cuatro décadas. En su libro Los Franco S.A., el periodista Mariano Sánchez intentó cuantificar esta fortuna. La cifra que salió fue entre 500 y 600 millones de euros. En 1975, año en que murió Franco, su hija Carmen Franco y su marido Cristóbal Martínez-Bordiú tenían 22 propiedades.
Se calcula que la fortuna de la familia Franco se mueve entre los 500 y los 600 millones de euros.
Una de ellas es el famoso Pazo de Meirás, en el término municipal de Sada (A Coruña), ofrecida en 1938 al dictador como residencia veraniega. Actualmente sigue en manos de la familia, pero varias administraciones locales están litigando para confiscarla a la familia Franco. Su nieto, Francis Franco, advertía la semana pasada: "Pelearemos por el Pazo de Meirás; lo hemos heredado y es nuestro".
"Hay un montón de bienes que fueron adquiridos ilegalmente y el Estado no ha hecho absolutamente nada para recuperarlos", lamenta Emilio Silva. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica señala con ironía la paradoja: "En Chile se está haciendo, en Argentina también. Resulta que el Estado español hizo la transición 'ejemplar', pero ha dejado todo el patrimonio en manos de los Franco".
Jueces y policías
En su intorme del 2014 el relator de la ONU Pablo de Greiff lamentaba que los programas de formación de la Policía Nacional y la Guardia Civil no incluían ni el estudio de la guerra civil y la dictadura, ni de las violaciones graves a los derechos humanos, de las que tuvieron parte de responsabilidad.
En los mismos términos se expresaba sobre el poder judicial: "El relator especial nota con preocupación que los programas de formación de jueces en materia de derechos humanos no solo no hacen mención a las responsabilidades del poder judicial durante la guerra civil y la dictadura franquista, sino que tampoco incluyen temas específicos de derechos humanos".
El legado de la dictadura también se ve en elementos como la Fundación Nacional Francisco Franco, creada a gloria del dictador y que llegó a recibir dinero público. Esta entidad llegó a ofrecer asesoramiento legal a aquellos municipios perseguidos para incumplir la ley de memoria histórica, que no son pocos.
Una ley limitada e incumplida
La primera ley de memoria histórica no llegó hasta 2007, de la mano del gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque se vendió de manera muy ambiciosa, en aquel momento ya dejó poco satisfechas a las asociaciones memorialistas. Ahora, una década después, todavía lo están menos, viendo su grado de cumplimiento.
Desde las entidades de memoria histórica señalan que, como mucho, ha servido de "palanca" para poner en cuestión los nombres de las calles y los símbolos franquistas. Y aun así, los incumplimientos once años más tarde de su aprobación se cuentan por centenares. El mejor ejemplo es el del monumento franquista de Tortosa, que después de una consulta popular decidió mantenerse en su lugar.
Según el registro que hizo el abogado especializado Eduardo Ranz ahora hace un año, hasta 349 municipios españoles que incumplen este aspecto de la ley de memoria histórica. El ranking lo lidera Castilla y León (191), seguida de Castilla-La Mancha (69), Aragón (22), Extremadura (17), el País Valencià (16), Asturias (12), Galicia y Andalucía (8), Canarias (3) y Catalunya, Balears y Murcia (1).
Por su parte, el relator de la ONU Pablo de Greiff expresaba "preocupación" porque "nunca se ha establecido una política de Estado para la promoción de la verdad" y que la ley de memoria histórica "no soluciona en absoluto este problema".
"A veces hacer una ley es una trampa", advierte Emilio Silva. "Si no hay voluntad política, una ley como la de la memoria histórica acaba sirviendo de bien poco. El mejor ejemplo es el de los desaparecidos", concluye el miembro de la asociación memorialista.