Un día después de que el TSJC haya hecho pública la sentencia contra los antiguos miembros independentistas de la Mesa y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, la plataforma de apoyo a la exdirigente cupaire Anna Gabriel ha emitido un comunicado en que explica los motivos por los cuales la exparlamentaria anticapitalista seguirá, hoy por hoy, en el exilio.
En el texto se explica que a pesar de las razones presentadas por la defensa para que la causa contra Gabriel sea trasladada del Tribunal Supremo a los juzgados de instrucción de Barcelona, dado que ella ya no es aforada y que ha sido el TSJC el que ha acabado juzgando a los exmiembros de la Mesa, el juez instructor Pablo Llarena lo ha acabado rechazando.
Así pues, Free Anna Gabriel denuncia que el posicionamiento de la justicia española es que "mientras no comparezca en la causa ante el TS, no tiene que haber ningún posicionamiento sobre la competencia". "En concreto dice la abogada del Estado que es 'hasta que no pueda concretarse la acusación contra ella', dejando abierta la posibilidad a formular una acusación diferente de la de desobediencia", afirma el comunicado.
Es decir, la plataforma explica que Gabriel ha sido declarada en rebeldía y como tal se tiene que entregar a las autoridades competentes, a manos de la Policía Nacional o la Guardia Civil, y ser trasladada al Tribunal Supremo para declarar ante el juez instructor".
"Queremos denunciar que, desgraciadamente, persisten las razones que fuerzan el exilio, no sólo de Anna Gabriel sino del resto de exiliados y exiliadas catalanes", aclaran. De hecho, la plataforma concluye el escrito asegurando que "en el marco de esta causa general contra la autodeterminación y la democracia no hay —ni puede haber— juicios justos, ni en el Tribunal Supremo de Madrid ni en el TSJC de Barcelona, ni en ningún sitio".
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, se encuentra en una situación similar a la de Gabriel, ya que desde marzo del 2018 también vive exiliada en Suiza. De todos modos, hay que tener en cuenta que sobre Rovira cae una acusación de rebelión. De hecho, Pablo Llarena, el juez instructor, la considera una de las promotoras de toda la trama para conseguir la independencia