Varios jueces del Tribunal Supremo jubilados, como Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, y fiscales anticorrupción también retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, presentarán una querella criminal contra Juan Carlos I porque aseguran que ha cometido cinco delitos fiscales, según revela El País. Los magistrados aseguran que la regularización de su situación tributaria fue ilegal, aunque los hechos ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, que la archivó al entender que el rey emérito había regularizado su situación con el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de saber que existía una investigación abierta contra él por fraude fiscal. La Fiscalía del Supremo abrió dos diligencias de investigación el 24 de junio de 2020 y el 6 de noviembre de 2020, comunicándoselo al abogado del emérito, pero sin especificar los tipos de delitos que investigaba.

Pagos irregulares

Los hechos que denuncian son unos ingresos multimillonarios por parte del rey a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Carlos de Orleans, que llegó a pagar 8 millones de euros por servicios privados de Juan Carlos I y del exempresario mexicano Allen Jesús Sanginés Krause. En su momento no declaró a Hacienda estos ingresos, pero en febrero de 2021 presentó unas autoliquidaciones de cinco ejercicios fiscales, en concreto, de 2014 a 2018, para evitar la sanción. Los denunciantes aseguran que los hechos todavía no han prescrito y que la Fiscalía advirtió al emérito que se había iniciado una investigación por posibles infracciones tributarias. Sin embargo, los abogados de Juan Carlos I defendieron en su momento que los escritos de la Fiscalía avisando a Juan Carlos I no detallaban el motivo de las investigaciones.

Ahora, la querella presentada apunta a que Juan Carlos I pagó más de 5 millones de euros de las regularizaciones extraordinarias con 12 préstamos realizados por personas físicas y jurídicas. Y aseguran que "no es posible" la regularización de las defraudaciones tributarias después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de las diligencias de investigación de la Fiscalía. Los querellantes señalan que los abogados de Juan Carlos I tuvieron la oportunidad de "personarse y conocer las diligencias de investigación, aunque sin duda era conocedor de las irregularidades que se habían cometido en las declaraciones correspondientes al IRPF de los años 2014 a 2018." Y añaden que desde junio de 2020, Juan Carlos tuvo conocimiento de los detalles de la investigación abierta a través de los medios de comunicación.

Delitos contra la Hacienda pública

La denuncia contra el emérito considera que los hechos que se le atribuyen "son constitutivos de cinco delitos contra la Hacienda pública penados en el artículo 305 bis del Código Penal y castigados con prisión de dos a seis años" y una multa del doble de la cantidad defraudada cuando "la defraudación se cometiera en cuantía superior a 600.000 euros o se hayan utilizado personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos". El escrito de la querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo pide que Juan Carlos I sea citado en su domicilio actual de Abu Dhabi para prestar declaración en calidad de imputado y que también se interrogue como testigos a su primo Álvaro de Orleans, que sufragó vuelos privados y armas al emérito, el abogado que lo ha representado en su investigación tributaria, Javier Sánchez-Junco, y otros nombres que han gestionado las finanzas del rey en Suiza, como Arturo Fasana y Dante Canónica. Además, también piden que declare como testigo el exempresario Allen Jesús Sanginés-Krause, que presuntamente abonaba parte de los gastos del emérito y su familia. Por último, los querellantes proponen que cuando llegue el momento procesal, en caso de condena, se fije el mínimo posible en la pena privativa de libertad "teniendo en cuenta la edad del querellado, pero que la multa sea de la cuantía máxima fijada por la ley".