Revelación destacada. Antoni Bayona, letrado mayor del Parlament desde el año 2012 al 2018, ha explicado los cambios vitales que el Tribunal Constitucional (TC) realizó en su jurisprudencia a partir de 2015, a raíz de las primeras iniciativas del procés independentista en la cámara catalana, este miércoles en su interrogatorio como testigo en el juicio repetido en el TSJC contra los cuatro exmiembros de la Mesa presidida por Carme Forcadell. Bayona ha detallado que el TC evoluciona: primero permitía que la Mesa admitiera a trámite "incluso iniciativas manifiestamente inconstitucionales porque eran simples iniciativas" y para dar voz a todas las formaciones. Ha destacado que "es a partir del 2019", en una sentencia, que el TC hace un compendio de inconstitucionales y deja claro que si la Mesa tiene una advertencia suya, no tiene que admitir a trámite ninguna iniciativa, cuando antes era opcional. Es decir, la nueva jurisprudencia del TC sería posterior a los hechos del procés.
Bayona también ha reconocido que "no había pasado nunca" que el tribunal de garantías advirtiera a la Mesa de Forcadell de la suspensión de la resolución parlamentaria de 2015, hacia el procés constituyente, que después lo reflejó en una sentencia el mismo año, y a partir de la cual llegaron las advertencias "claras", en opinión del entonces secretario general del Parlament, Xavier Muro, para el pleno del Parlament de los 6 y 7 de septiembre de 2017, para que no se aprobaran la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, suspendidas por el TC el mismo día 7.
A pesar de esta inseguridad jurídica, el teniente fiscal Pedro Ariche y la abogada del Estado, Beatriz Vizcaíno, han mantenido la misma petición de pena para los cuatro procesados que pidieron en el primer juicio y por las cuales fueron condenados: 1 año y 8 meses de inhabilitación a cargo público y 30.000 euros de multa. El teniente fiscal ha precisado que retira el "continuado" del delito de desobediencia al TC, sin embargo, no el castigo que les pide. También ha retirado del relato acusatorio el hecho de que Lluís Corominas, como presidente del grupo de JuntxSí, con Mireia Boya (CUP) fueron los que presentaron las leyes de desconexión en el pleno del Parlament de 2017, porque la cupaire fue absuelta por el TSJC, en el primer juicio, y el Supremo lo ha mantenido y no la ha incluido en la repetición del nuevo juicio, motivado por la supuesta falta de imparcialidad de dos magistrados del TSJC.
En esta segunda sesión del juicio, solo ha estado en el banquillo de los acusados Ramona Barrufet, mientras que Corominas, Anna Simó y Lluís Guinó no han asistido, como les permitió el presidente del tribunal del TSJC, ayer. El jueves finaliza el juicio con los informes de las partes y el derecho a la última palabra de los cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament.
Claridad o no de las resoluciones
En esta vista, los interrogatorios a los testigos, políticos de Cs y del PSC y letrados del Parlament, se han centrado en tres frentes: el primero, si las órdenes del Tribunal Constitucional eran claras o no. Hay que recordar que la Mesa del Parlament, presidida por Roger Torrent, fue absuelta por el TSJC, porque las advertencias del órgano de garantías sobre lo que podían hacer o no en 2019 no eran lo suficientemente claras. El segundo es sobre la inviolabilidad de los parlamentarios y si los entonces miembros de la Mesa de Cs y del PSC se sintieron o no violentados en su función por los distintos requerimientos recibidos del Tribunal Constitucional. Son los dos debates jurídicos de fondo que hay que resolver. Y finalmente, la constatación de la evolución de la jurisprudencia del TC, más intervencionista frente a las iniciativas y el debate parlamentario.
"Contra mandantes del TC"
Además de Bayona, también han declarado como testigos Xavier Muro, secretario general del Parlament hasta el año 2016, y Pere Sol, que lo sustituyó en el cargo. Los dos también han constatado la evolución de la doctrina del TC. Para Muro, las proposiciones de ley del Parlament del 6 y 7 de septiembre "entraban de manera clara en contra de mandantes del TC", y que él y Bayona lo advirtieron a la Mesa y a los diputados de la cámara catalana. Estos expertos también recibieron advertencias del TC.
Por su parte, Pere Sol, a preguntas de la abogada de los acusados de Junts, Judit Gené, ha indicado que en los recursos que presentaban al TC actuaban "como abogados de parte, en defensa del Parlament", y que a veces no tenían claro qué consideraba inconstitucional el tribunal de garantías.
La inviolabilidad para Cs y el PSC
El primero en declarar como testigo ha sido José María Espejo Saavedra, que en aquel mandato era vicepresidente segundo en la Mesa del Parlament por Cs, y ha explicado que recibió varios requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) para no admitir a trámite ninguna iniciativa sobre la independencia de Catalunya a raíz de la sentencia del TC de 2015, como la comisión de estudio del Proceso Constituyente y de la resolución 263/XI, que ratifican el informe y las conclusiones de esta comisión, en 2016. "Siempre era lo mismo: Teníamos la prohibición del TC y nos teníamos que abstener de no impulsar ninguna acción contra sus resoluciones", ha declarado Espejo Saavedra al ser preguntado sobre la claridad o no de las advertencias que los miembros de la Mesa del Parlament recibieron del TC, y ha añadido: "La Mesa no es poder legislativo, sino gubernativo". Lluís Corominas y Anna Simó declararon el martes al tribunal que los mandatos del TC eran "genéricos e incomprensivos".
"No me sentí impedido en nada, como diputado", ha manifestado Espejo, al ser preguntado por el teniente fiscal Pedro Ariche si se sintió afectado en su inviolabilidad parlamentaria al recibir los requerimientos del TC. También ha sido interrogado por la sesión de los plenarios del 6 y 7 de septiembre de 2017, que se aprobaron las leyes para convocar el referéndum de independencia de Catalunya y la de transitoriedad jurídica. Espejo, a preguntas de la abogada Judit Gené, ha aclarado que fue el pleno del Parlament y no la Mesa quien votó la admisión a trámite de las leyes de transitoriedad jurídica, y también que prescindió de las consultas al Consejo de Garantías Estatutarias, y que la advertencia leída por los letrados del Parlament era para todos los diputados.
Después, el diputado del PSC David Pérez, que era secretario segundo de la Mesa del Parlament de Forcadell, ha afirmado que la primera advertencia del TC que reciben para no desarrollar la resolución del Parlamento 1/XI de 2015 "era clarísima", además de suspenderla.
También ha descartado que las advertencias del TC le afectara o entrara en conflicto con su actividad parlamentaria, a preguntas del teniente fiscal, si "se sintió perturbado" en su inviolabilidad parlamentaria: "Si me sentí perturbado, fue por otros motivos", ha contestado. En este tema, la abogada de los encausados de JuntsxSí ha preguntado a Pérez si él estaba de acuerdo con la opinión de las advertencias del TC, y el socialista le ha respondido: "No discutíamos si se podía hacer un referéndum, que es legal, sino su procedimiento."