Sin respuestas. El exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que el septiembre pasado se incorporó a su plaza de magistrado en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, ha presentado su "abstención" como ponente en un recurso del empresario Oriol Soler, investigado como uno de los creadores de Tsunami Democràtic, plataforma que en el anonimato impulsó movilizaciones masivas contra la sentencia del Supremo a los líderes independentistas catalanes el otoño del 2019. El recurso es porque la investigación que lidera el juez Manuel García Castellón continúa secreta, al menos desde el 2019. La ley orgánica del poder judicial fija: "los jueces, y los funcionarios de otros cuerpos, que reingresen a la carrera, tendrán que abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualquier asunto en los que sean parte, partidos o agrupaciones políticas o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público." ¿El exministro Campo deduce que Tsunami fue impulsado por partidos independentistas catalanes? ¿El Gobierno hizo una actuación contra esta plataforma? Son preguntas sin respuesta, ya que el penalista Benet Salellas, defensor de Soler, ha pedido los motivos de la abstención del exministro y se lo han denegado.
Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021, y cayó del Gobierno después de impulsar los indultos a los nueve presos políticos catalanes. El exministro ya fue recusado el noviembre pasado para que se apartara de los recursos del caso Kitchen, que afectan al PP. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha decidido designar al magistrado Eduardo Gutiérrez Gómez como ponente para resolver el incidente de abstención de Campo, en una deliberación este viernes. Después, la sala tendrá que resolver la petición de Oriol Soler, para que se levante la investigación que se mantiene secreta. El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional también ha investigado los trece CDR acusados de terrorismo, y la sala de lo penal lo ha corregido dos veces para que facilitara a los encausados información realizada por la Guardia Civil para garantizar su derecho de defensa, como es el acceso a todas las grabaciones de sus móviles.
Antecedentes
El noviembre pasado, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional daba la razón al empresario Oriol Soler para que se pudiera personar a la causa del Tsunami, una acción que el juez instructor, Manuel García Castellón, no permitía aduciendo que esta pieza es secreta. El abogado de Soler, el penalista Benet Salellas, presentó recurso contra la negativa de García Castellón, aduciendo que se le vulnera el derecho de defensa porque no le permitió ni acceder a información de la causa que no sea secreta. En la resolución, el magistrado Alfonso Guevara, como ponente, calificó de "anómalo" el hecho de no permitir a Soler, que ya era investigado, de personarse en la causa de Madrid, en la parte no secreta y se lo aprobó. Y afirmó: "El levantamiento en su día del secreto no puede arreglar una denegación absoluta del ejercicio del derecho de defensa, porque supone una investigación a espaldas del investigado, que ya tenía esta condición y estaba personado."
En verano pasado, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que investiga el caso Volhov, sobre una supuesta financiación ilegal del movimiento independentista, derivó Soler y otros seis investigados al juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, porque su titular se lo pidió. Los otros investigados en Madrid son el exconseller de ERC Xavier Vendrell; el exdirigente de CDC David Madí; el jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; Jaume Cabaní, Josep Campmajó y Marta Molina.
Paralelamente a la causa de la Audiencia Nacional, hay bastantes ciudadanos investigados y juzgados por movilizarse con los llamamientos de Tsunami Democràtic. La causa con más volumen de investigados la dirige el juzgado de instrucción 4 de Figueres, con unas 200 personas investigadas por los cortes de la AP-7, a la altura del Pertús, en el 2019. El nuevo juez citó la quincena de personas que no se habían personado en otras citaciones, el 4 de febrero pasado, y los ciudadanos le volvieron a plantar. El juez ha prorrogado la investigación, hecho que significa que no tiene voluntad de archivar esta causa. La segunda con más volumen era dirigida por el juzgado de instrucción 3 de Girona, por los cortes de la AP-7 en Salt. El juez mantiene abierta la causa para tres personas, pero la fiscalía presentó recurso contra el archivo de la causa a 22 personas. La Audiencia de Girona lo tiene que resolver ahora.
