El expresidente del Congreso y exministro de Defensa, José Bono, ha expresado este miércoles su confianza en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha puesto en duda la reforma del delito de sedición. "A mí, todo lo que beneficia a los secesionistas no me gusta", ha dicho, contundente. Bono ha acudido este miércoles hasta la ciudad orensana para impartir una conferencia abierta a toda la ciudadanía sobre religión y socialismo y, previamente, a preguntas de los medios, ha señalado que lo que piensa con respecto a la reforma del delito de sedición no es ningún secreto, "lo sabe toda España".

"No haré con mis declaraciones daño a mi partido, tengo confianza en que el presidente del gobierno administre bien este asunto", ha afirmado Bono, subrayando que se trata de "conciliar aspectos que son complejos y difíciles". Así, ha dicho que "aunque destacaría muchas cosas", se queda que "cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, en Catalunya había un porcentaje incluso superior al 50% de catalanes que eran secesionistas, favorables al independentismo" y hoy "está por debajo del 40%, según sus propias encuestas, es una cosa que me produce alegría".

"Quien ha gestionado eso, a veces coincidiendo más y a veces coincidiendo menos, ha sido el presidente del gobierno, no lo puedo ocultar, aunque a mí todo lo que beneficia a los secesionistas no me gusta," ha sostenido. En más, preguntado por el delito de malversación, ha dejado claro que "aquellos que metieron mano es normal que sean castigados, no puede interpretarse que por mucho que se modifique el delito vayan a quedar impunes". En esta línea, ha matizado que "no es lo mismo meter la mano en la caja para llevarlo a tu bolsillo, que meter la mano en la caja y administrar mal", pero todavía así ha asegurado que "sería especialmente delicado". "A mí no me gusta que nadie sufra, no me alegra el sufrimiento, pero tampoco me alegra que los delitos queden impunes", ha concluido.

La derogación del delito de sedición y la reforma del delito de desórdenes públicos ha subido las voces más críticas, tanto con el ejecutivo español como con el gobierno catalán y la delegación de Izquierda en Madrid. Los partidos más conservadores del estado, como el PP, y los ultraderechistas, como Vox, no han tardado demasiado en poner el grito en el cielo con esta reforma del código penal. Por otra parte, en Catalunya algunas partes del independentismo también han posicionado en contra de esta reforma. El principal argumento en contra de la reforma del código penal dentro del movimiento independentista se basa en el hecho de que el nuevo delito de desórdenes públicos se podría aplicar para reprimir con todavía más dureza manifestaciones y protestas.