“No reconozco ninguna de esas grabaciones, absolutamente ninguna”. Primeras comparecencias en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación Catalunya. El exnúmero dos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior como secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha negado que sea él quien habla en los audios de José Manuel Villarejo que han trascendido en los últimos meses y que publicó ElNacional.cat en enero. “No me reconozco ninguna grabación de las que usted menciona”, ha afirmado en reiteradas ocasiones. Y el mismo argumento ha utilizado para sacudirse a las responsables sobre la noticia que publicó ayer ElNacional.cat referente al fiscal José Grinda González, investigado por pedofilia y protegido por acusar a CDC: se ha limitado a contestar que “si se borraron pruebas, será una cuestión que tendrán que dilucidar los órganos judiciales” y ha reiterado que no reconoce las grabaciones. Durante el turno del PP, ha negado categóricamente que el Ministerio del Interior impulsara la operación Catalunya: “No existió una trama parapolicial, no se corresponde con la realidad”. Más tarde, ha sido el turno de Eugenio Pino, exDAO de la policía española, que se ha negado a dar explicaciones sobre la operación Catalunya.
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El diputado de Junts Josep Pagès le ha preguntado si él estaba presente en “reuniones que se organizaron con sus superiores políticos y con sus subordinados jerárquicos” para hacer frente al independentismo. “Repetidamente, sale en las famosas notas de Villarejo y en sus grabaciones que usted participaba en reuniones de este tipo”, ha relatado el parlamentario. Y ha mencionado una conversación entre Villarejo y Martínez en la que el comisario jubilado le advertía que venían “momentos duros” y le pedía tener un “equipo de gente honesta, seria y dura para estos hijos de puta de los catalanes”. La respuesta de Francisco Martínez ha sido evitativa: “No haré declaraciones que puedan comprometer mi derecho de defensa. Sí le digo, con todo el respeto, que no sé si le deja muy bien a usted utilizar gravaciones y apuntes del señor Villarejo. No reconozco ninguna de esas grabaciones, absolutamente ninguna”. Francisco Martínez estaba obligado a comparecer en el Congreso porque así lo estipula la Constitución, pero, como está imputado en tres causas judiciales (a pesar de que ninguna afecta a la operación Catalunya), tenía derecho a no responder para no declarar en su contra (que es un derecho constitucional).
Josep Pagès también le ha interpelado por un audio de 2014 en el que Villarejo “le planteaba la necesidad de trasladar a Rajoy información sobre actuaciones”. La respuesta de Martínez, la misma: “Reitero que, por razones de defensa y protección procesal, no le contesto, pero no me reconozco en ninguna de las gravaciones que usted menciona”. Asimismo, Francisco Martínez ha defendido que el Gobierno “actúe” cuando “se identifica un riesgo que comprometa principios constitucionales o el orden constitucional desde el punto de vista de la seguridad pública que pueda suponer delitos”. También le han preguntado sobre si volvería a aceptar el cargo de secretario de Estado de Seguridad. “¿Qué quiera que le diga?”, ha contestado en una primera ocasión. Y más tarde ha reconocido que le ha salido “muy caro”.
“Si se borraron pruebas, será una cuestión que tendrán que dilucidras los órganos judiciales”
Durante su intervención, el diputado de Junts ha puesto encima de la mesa los audios que publicó ayer ElNacional.cat que revelan que Francisco Martínez vio el sumario y la investigación donde fue identificado el fiscal José Grinda, investigado por pedofilia. Y las pruebas acabaron desapareciendo. «Lo vi en su día, el sumario con las descargas y su nombre y su dirección. Y todo eso desapareció. Eso no me lo han contado lo he visto yo», aseguró en un audio al que tuvo acceso este medio. Y Josep Pagès le ha preguntado directamente sobre esta cuestión: “¿Considera que el borrado de las pruebas contra Grinda de un sumario de pedofilia tienen algo que ver con la actuación de este fiscal, que se dedicó a perseguir con especial inquina a CiU y a la familia Pujol y participó en el cierre de la Banca Privada de Andorra ordenando a un comisario de la Policía Nacional hacer llegar al FinCen la información falsa al sobre el blanqueo de capitales de la BPA? ¿Niega esta afirmación?”.
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Sin embargo, Francisco Martínez no lo ha dado por bueno: “Usted dice que hay unas gravaciones que yo no reconozco”. Y se ha limitado a afirmar que “si se borraron pruebas, será una cuestión que tendrán que dilucidar los órganos judiciales”. “Tampoco sé muy bien cómo conecta usted eso con la intervención de la BPA. La intervención de un banco no la hace ni la Fiscalía ni, por supuesto, el Ministerio del Interior, evidentemente”, ha esgrimido. “Estamos hablando de cosas tan serias que no seré yo quien se pronuncie sobre ello”, ha concluido.
“Los cuerpos policiales tienen que actuar con autonomía respecto a los responsables políticos”
Interrogado por Pilar Vallugera, ha asegurado que no le consta que exista el Deepstate y ha señalado que los cuerpos policiales, en su operativa, “tienen que actuar con autonomía con respecto a quienes en cada momento son responsables políticos”. La diputada de ERC también le ha interrogado si el independentismo es un “riesgo”. Martínez ha sostenido que “planteado como opción política” en el marco del Congreso y por los “procedimientos que existen para reformar la Constitución”, es una posición “legítima”, aunque se encuentre “absolutamente alejado”. Ahora bien, ha añadido: “El independentismo planteado incumpliendo la Constitución, las leyes y las sentencias del Supremo entiendo que es un delito”. “Hay una parte que tiene que ver con el incumplimiento de resoluciones judiciales y la transgresión de la ley y eso puede ser un delito y, por lo tanto, es una amenaza, pero no pienso que sea una amenaza que usted sea independentista”, ha remachado.
Asimismo, Francisco Martínez ha esgrimido que, como secretario de Estado de Seguridad, no le “correspondía” analizar la “fiabilidad” de las fuentes, dado que es una cuestión que entraba en el “terreno operativo”. Preguntado por el informe falso sobre Xavier Trias, ha argüido que, “si ha habido fuentes poco solventes o que no han dado la información adecuada, se dirime dentro del proceso judicial, que tiene muchas formas”, ha concluido.