Las tres expertas en igualdad -una abogada, una trabajadora social, y un psicólogo- denunciadas por Junts por injurias por emitir un informe, por encargo del Parlament, en el cual aseguraban que "no había indicios de acoso por razón de sexo", pero sí "comportamientos machistas" en el grupo parlamentario, han declarado ante el juez de Barcelona, este viernes. Los profesionales han asegurado que hicieron el informe de forma consensuada y con cuidado y han negado cualquier difamación a Junts. Han añadido que su trabajo ha sido científico y que la acción de los juntaires las ha coartado, según fuentes judiciales. En el interrogatorio, solo han contestado a las preguntas del titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García y a sus defensas, ejercidas por los abogados Eduardo Cáliz, Sònia Ricondo, David Aranda y Júlia Humet, que han denunciado que la querella de Junts lo que hace es intentar "coartar" a estas y otros profesionales y que pedirán el archivo del procedimiento.

Este informe fue encargado por la comisión contra las violencias machistas del Parlament -a una empresa externa que contrató las tres técnicas- a raíz de la denuncia contra el presidente del grupo parlamentario de Junts Albert Batet, por parte de Cristina Casol, integrante del grupo parlamentario de Junts, que por este motivo fue expulsada, el enero pasado. Este informe era el primero que encargaba el Parlament con el protocolo antiacoso. Dos  de las expertas, además, han asegurado al juez que con la querella se han visto obligadas a parar un segundo informe que  el Parlament les ha encargado sobre el caso de la diputada de Junts Aurora Madaula, la primera en denunciar acoso machista en el grupo de Junts.

Al acabar las declaraciones, la abogada de Junts, Isabel Elbal, ha afirmado que se usó el protocolo del Parlament de forma política: "Se investigó una persona y se criminalizó todo el partido. Se ha provocado un grave daño reputacional a Junts, y nada tiene que ver con el derecho de las mujeres." La abogada ha recordado que la querella se presentó el febrero pasado y que ahora se ha hecho un uso partidista y electoral.

Los abogados Eduardo Cáliz, Sònia Ricondo, David Aranda, con los expertos, este viernes./  Foto: David Zorrakino / Europa Press

Apoyo político

Precisamente, un grupo de profesionales y políticos se han concentrado a las puertas de la Ciutat de la Justicia, este viernes, para dar apoyo a las profesionales, en un ambiente preelectoral. Estaba la consellera de Feminismos, Tània Verge, diputadas de ERC, como Alba Vergés y Jenn Díaz, la presidenta del grupo de los comunes, Susanna Segovia, y la candidata de la CUP a Barcelona, Laure Vega, entre otros. "Estamos ante unos hechos muy graves, inadmisibles, son profesionales independientes que hacen su trabajo, una investigación en el marco de los protocolos del Parlament," ha asegurado la consellera Verge, que ha añadido que "es intolerable que un partido que aprobó la ley contra las violencias machistas de Catalunya y los mecanismos de colaborar esté coartando e intimidando a estos profesionales" y ha pedido a Junts que retire la querella.

Casol con sentimientos de culpa

Cristina Casol también se ha acercado a los juzgados para dar apoyo a las técnicas que hicieron el informe de su caso, y ha denunciado que la querella de Junts es un claro ejemplo de revictimización y que hay errores en el protocolo antiacoso del Parlament. "Estoy muy disgustada, con rabia por lo que me han hecho vivir e incluso había tenido sentimientos de culpa", ha declarado emocionada a la exdiputada de Junts.

Una situación sistémica

En el informe, elaborado a partir de 10 entrevistas, los profesionales indican que en el partido y el grupo parlamentario de JuntsxCat "se ha podido constatar una situación sistémica: por una parte, encontramos dinámicas de reparto de tareas asociadas a los roles patriarcales tradicionales y, por otra, se han constatado que se ha menospreciado las acciones de sensibilización y formación en materia de género así como hacia la misma comisión de Igualdad y Feministas".

 

En la foto principal, las abogadas Júlia Húmet y Sònia Ricondo, con las dos trabajadoras denunciadas por Junts, este viernes al salir de la declaración. / Foto: Europa Press