¿Cómo se gestionarán los fondos europeos? De entrada, el presidente español Pedro Sánchez ya ha recibido más de un aviso desde Bruselas para que concrete las reformas fiscales, laborales y de pensiones que son los "asuntos que realmente preocupan en Europa". Desde la Comisión de la Unión Europea, avisan de que pueden haber retrasos en los envíos de los fondos si el plan no convence.

Con la losa particular que ya carga el Estado español, ahora se suma otra. Grupos de analistas como World Compliance Association (WCA), entidad certificada sin ánimo de lucro que analiza la gestión financiera de los gobiernos y las empresas, asegura que los controles para verificar la eficiencia de los fondos no están cerrados. Y pide que todos los gobiernos de la UE trabajen para "una integridad institucional, el cumplimiento normativo y la prevención en la laxitud de la gestión".

Examinando el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo, certifican que han encontrado hasta once ejemplos sobre corrupción en este tipo de trámites. Por eso pide una revisión del contenido que contemple "una explicación del sistema adoptado por el Estado miembro para prevenir, detectar y corregir conflictos de intereses y casos de corrupción y fraude en la utilización de los fondos concedidos". Una segunda solución es crear una Oficina de Lucha contra el Fraude para llevar a cabo investigaciones administrativas y que la Fiscalía Europea sea la encargada de hacer la supervisión final. Y finalmente, un sistema de evaluación.

¿Cuál es la solución?

Desde la WCS son tajantes: "No nos engañemos, nada impide realizar una gestión íntegra y transparente, de acuerdo con los principios de buen gobierno, buena administración y buena gestión. Los controles son necesarios, pero lo son para los riesgos que comporta la gestión por más policías de la integridad que pongamos, lo que necesitamos son agentes de integridad, que hagan la correcta aunque nadie los esté mirando".

Por otra parte, el texto también cita la línea que marca el Tribunal de Cuentas de la UE, que ha dado instrucciones al Europarlamento y al Consejo para que requieran a todos los Estados miembros que adopten medidas que permitan auditar correctamente los proyectos.

En este sentido, la organización aprecia que "hay un excesivo recorte de los plazos para el ejercicio de la función interventora". La Intervención General de la Administración del Estado podrá aplicar técnicas de muestreo para cumplir los plazos, un ejercicio peligroso y que puede resultar una auténtico coladero para el control. Lo mismo pasa con el control documental, que provocará que este no se haga de forma exhaustiva.

Fotografía de portada: Pedro Sánchez en Bruselas