Los expertos designados por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, para impulsar un acuerdo de claridad para resolver el conflicto entre Catalunya y el Estado evitan pronunciarse sobre la viabilidad de esta propuesta en la presente legislatura, dado que consideran que se trata de "consideraciones políticas" sobre las cuales no les corresponde pronunciarse, pero lo que sí dejan claro es que resulta "indispensable un acuerdo político" con el Estado para sacar adelante cualquiera de las propuestas que plantean. Este acuerdo no solo tendría que implicar a los gobiernos sino a "todos los actores políticos", entre los cuales destaca el papel del Tribunal Constitucional.
Los expertos plantean cinco tipos diferentes de referéndum, dos de los cuales se circunscriben a los ciudadanos de Catalunya y tres más que incluyen también a los ciudadanos del resto del Estado. Los referéndums podrían ser el inicio de la negociación o de ratificación de los resultados, cada uno de ellos consultando a los ciudadanos de Catalunya o bien al conjunto del Estado. La quinta posibilidad sería un doble referéndum en Catalunya y en el Estado.
La propuesta de un acuerdo de claridad, inspirado en la experiencia del Quebec, fue planteada por Pere Aragonès en el debate de política general del año pasado. La idea no tuvo una especial acogida y no ha conseguido apoyo en el Parlament, más allá de los 33 diputados de ERC. Eso no desanimó al president, que el pasado mes de abril encargó a un consejo de académicos, coordinado por el politólogo Marc Sanjaume-Calvet, la elaboración de un informe que tendrá que servir de base para diseñar su propuesta. Este viernes, los expertos entregaron el texto al presidente.
Los expertos destacan en todo momento la necesidad de que cualquier salida sea fruto de un acuerdo político, aunque admiten que la respuesta del conjunto del Estado puede comportar un problema y bloquear el conflicto más que resolverlo. "Sería una tiranía de la mayoría estatal sobre la minoría subestatal", ha remachado Sanjaume.
Aparte de las cinco propuestas de referéndum que plantean, apuntan también dos fórmulas análogas, a partir de un acuerdo entre los gobiernos o representantes políticos, ratificado por los respectivos parlamentos o mediante unas elecciones plebiscitarias.
La propuesta de un acuerdo de claridad, inspirado en la experiencia del Quebec, fue planteada por Pere Aragonès en el debate de política general del año pasado. La idea no tuvo una buena acogida y no ha conseguido apoyo en el Parlament, más allá de los 33 diputados de ERC. Eso no desanimó al president, que el pasado mes de abril encargó a un consejo de académicos, coordinado por el politólogo Marc Sanjaume-Calvet, la elaboración de un informe que tendrá que servir de base para diseñar su propuesta. El viernes les entregaron el texto y esta mañana Aragonès se ha reunido con los expertos antes de encabezar una reunión extraordinaria del Consell Executiu para abordar el tema.
Tiranía de la mayoría estatal
Los expertos destacan en todo momento la necesidad de que cualquier salida sea fruto de un acuerdo político, aunque admiten que la respuesta del conjunto del Estado puede comportar un problema y bloquear el conflicto más que resolverlo. "Sería una tiranía de la mayoría estatal sobre la minoría subestatal", ha remachado Sanjaume.
Aparte de las cinco propuestas de referéndum que plantean, apuntan también dos fórmulas análogas, a partir de un acuerdo entre los gobiernos o representantes políticos, ratificado por los respectivos parlamentos o mediante unas elecciones plebiscitarias.
Sanjaume ha explicado que el objetivo del acuerdo de claridad es "buscar maneras de avanzar de manera acordada sobre la resolución del conflicto sobre el estatus político de Catalunya", y que el acuerdo tiene que tener "siempre" en cuenta que hay intereses legítimos de la ciudadanía de Catalunya, pero también del conjunto del Estado.
El informe subraya la necesidad de armonitzar los principios de democracia, imperio de la ley y protección de las minorías, pero advierte, según el coordinador, que "este tipo de conflictos territoriales son difíciles de resolver, lentos y no admiten soluciones únicas, ni copiadas a rajatabla. Sino que admiten vías acordadas".
Tribunal Constitucional
El informe hace una reflexión general sobre qué actores tendrían que intervenir, desde los respectivos gobiernos hasta los entes municipales, y subraya el "papel importantísimo del Tribunal Constitucional". A pesar de admitir que la jurisprudencia del alto tribunal obstaculiza muchas de las vías que plantea esta propuesta, el coordinador del informe ha asegurado que el Constitucional podría tener un papel de árbitro.
El informe contempla también la conveniencia de la figura del mediador internacional, aunque no lo considera imprescindible. Asimismo, los expertos advierten sobre la necesidad que haya también un acuerdo sobre el resultado y el compromiso de negociar el escenario resultante.