Los expertos en derecho penal europeo no descartan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleve a Bélgica a reconsiderar la extradición del president Carles Puigdemont. Hasta cinco académicos consultados por la ACN ven "probable" que las preguntas del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en Luxemburgo condicionen la justicia belga a la hora de juzgar las euroórdenes contra el líder de JxCat. "Las prejudiciales tendrán repercusiones en las futuras decisiones de Bélgica", asegura el profesor en derecho penal europeo de la Universidad de Bonn, Martin Böse. Hay discrepancias, sin embargo, entre los académicos sobre el margen que el TJUE dará a los belgas para cuestionar el respeto de los derechos fundamentales en el caso del 1-O.

¿Qué conseguiría Llarena?

Algunos ven "muy improbable" que lo permita, otros lo ven "posible". Pero ninguno de ellos excluye una sentencia de Luxemburgo que acabe impidiendo a Bélgica denegar la extradición de Puigdemont por riesgo de vulneración de derechos fundamentales. Llarena ganaría una partida, pero no necesariamente toda la batalla judicial porque los belgas se podrían igualmente negar a entregar Puigdemont por sedición y hacerlo sólo por malversación. Con la negativa de Bélgica a extraditar al exconseller Lluís Puig al detectar un riesgo de vulneración de sus derechos en la causa del procés, el juez instructor del Supremo Pablo Llarena ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE que aclare sus dudas sobre este precedente favorable a Puigdemont. Le ha enviado hasta siete preguntas prejudiciales donde cuestiona la decisión belga.

Llarena pregunta al TJUE, entre otras cosas, si Bélgica puede examinar el riesgo de vulneración de derechos fundamentales en el caso de los exiliados y, si fuera así, si se puede basar en la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias vinculado a la ONU. "¿Constituye este informe un elemento objetivo, fiable, preciso y debidamente actualizado para justificar la denegación de la entrega?", se pregunta Llarena. Los tribunales belgas denegaron la extradición de Puig porque ven un riesgo de vulneración del derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia en el caso del 1-O basándose, principalmente, en el documento del grupo de trabajo.

Por otra parte, Llarena también quiere saber hasta qué punto Bélgica puede rebatir su competencia. Los magistrados belgas reprochan a los jueces del Supremo que se declaren competentes para juzgar a todos los implicados en el caso del 1-O sin una base jurídica "explícita". "Sin un texto legal explícito a este efecto, el Tribunal Supremo no se puede considerar como el órgano judicial establecido por la ley", afirma la sentencia, insinuando que los magistrados españoles no interpretan bien sus propias leyes.

¿Qué hará Luxemburgo?

Los expertos se inclinan en pensar que Luxemburgo se quedará el caso y tardará casi un año en pronunciarse. André Klip, profesor de derecho penal de la universidad de Maastricht, ve "extraño y extraordinario" que Llarena pregunte a Luxemburgo sobre la sentencia de los belgas, pero dice que hay un precedente similar y ve "muy probable" que las admita. Eso sí, las tendrá que "reformular" porque, según él, no están muy bien planteadas. También el profesor de derecho europeo de la Universidad de Amberes, Henri de Waele, cree que se aceptarán si el TJUE las ve "útiles" para resolver la disputa judicial entre España y Bélgica. "Ante dos tribunales que se contradicen, una decisión del TJUE podría aportar claridad o incluso establecer algunos límites", apunta de Waele.

La profesora de derecho penal europeo de la Universidad de Leiden, Jannemieke Ouwerkerk, recuerda que el TJUE no dirá nunca directamente a un juez qué tiene que hacer: "Sólo interpretan la legislación de la UE". Los magistrados europeos darán una "orientación sobre qué criterios" se tienen que aplicar para resolver las euroórdenes, añade el profesor de derecho penal de la Universidad de Maastricht André Klip. El tribunal pondrá deberes a las dos partes y los instará a volver a hablar", anticipa y ve un "bloqueo" y una falta de "diálogo" entre los jueces españoles y los belgas. Con todo, los expertos consultados ven posible que la resolución de Luxemburgo haga reconsiderar a Bélgica la extradición de Puigdemont. Está en juego la competencia del Supremo y los derechos fundamentales.

Klip ve particularmente problemático que la justicia belga determine que la española no está interpretando correctamente su propia ley a la hora de adjudicarse la competencia para juzgar la causa del procés. "El TJUE quizás lo ve excesivo", pronostica a este experto penalista. Por eso, Klip ve "muy probable" que Luxemburgo diga que "la valoración de qué juez es competente se basa en la legislación nacional" y que Bélgica no lo puede revisar. "La evaluación de la competencia es uno de los puntos más débiles de la decisión belga", opina. Todos ellos consideran central el elemento de los derechos fundamentales. Los académicos afirman que si están en riesgo, las euroórdenes se pueden rechazar.

Ahora bien, recuerdan que Luxemburgo considera que tiene que ser una "excepción" a la confianza habitual entre jueces y limita su margen de maniobra para cuestionarse mutuamente. Böse avisa de que si Luxemburgo impide un examen sobre el derecho a un juicio justo si no hay "deficiencias sistémicas" en España, será "difícil" para Bélgica rechazar la euroorden de Puigdemont alegando un riesgo de vulneración de derechos fundamentales. En cambio, si el TJUE da luz verde, también se tendría que pronunciar sobre otra duda de Llarena: ¿Puede Bélgica basarse en la opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para dictaminar que existe un riesgo para los derechos fundamentales?

La decisión de Luxemburgo puede condicionar la decisión de la justicia belga sobre la euroorden contra Puigdemont, pero las prejudiciales de Llarena giran sólo en torno a los derechos fundamentales y la competencia. La orden europea de extradición tiene otra pantalla: la equivalencia de los delitos. Es el segundo elemento que los jueces examinan para decidir si aprueban o no una extradición. Bélgica todavía no ha dicho si la sedición es un crimen equiparable en la legislación belga y si permite la extradición.

Por lo tanto, si Luxemburgo se carga el veto por vulneración de derechos humanos, la justicia belga todavía se podría negar a entregar a Puigdemont por sedición, como hizo Alemania con la rebelión, pero sí que lo extraditaría por malversación. Hace casi tres años, Llarena retiró la euroorden precisamente por eso. Es una incógnita si ahora se conformaría con juzgarlo sólo por malversación renunciando a la sedición, lo cual generaría una contradicción con la condena de los presos.