Un manifiesto impulsado por profesores de Derecho de universidades de toda España rechazando los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes independentistas por los delitos de sedición y rebelión. Además, alertan de que la interpretación que se está haciendo lleva a la "banalización" de estas figuras penales y piden la liberación inmediata de los presos por "delitos inexistentes".
El texto ha sido elaborado por cinco catedráticos y profesores de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, de Castilla-La Mancha, de Granada, de A Coruña y de Valencia. Fue publicado este martes y sólo con un día ya ha conseguido el apoyo de más de 90 firmantes. Entre ellos, hay miembros de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Zaragoza o de la de Cádiz, entre muchos otros.
Recuerdan que para imputar rebelión hace falta un "alzamiento público y violento", cosa que consideran que no se dio ni el 20-S ni el 1-O. Por eso, consideran un "error" la atribución de este delito. Citando la doctrina del Tribunal Constitucional, el manifiesto defiende que "la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con la finalidad de producir la destrucción o eversión de la orden constitucional".
En cuanto al delito de sedición, tampoco lo ven aplicable, ya que "en ningún momento se ha aportado ninguna prueba que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley". Consideran que los acusados sólo "incitaron al derecho de manifestación, es decir, al ejercicio de un derecho fundamental".
En este sentido, acusan a la Fiscalía de "convertir en delito el ejercicio de derechos fundamentales", ya que según los argumentos que presenta "el peligro radica en incitar las movilizaciones". "Se está recurriendo sistemáticamente a este artículo para reprimir y silenciar movimientos ciudadanos que practican, de manera pacífica, el derecho de manifestación, reunión, concentración", denuncian.
Penas desproporcionadas
Los expertos en Derecho lamentan que la interpretación que se ha hecho de los delitos de rebelión y sedición "abre la puerta a la banalización de unas figuras prácticamente inéditas en democracia y con un pasado de triste recuerdo". Estos delitos, según defienden, están restringidos para casos "de una materialidad lesiva claramente superior al actual".
En este sentido, cuestionan la proporcionalidad de las altas penas pedidas y aseguran que los delitos sólo se podrían atribuir a los encausados "conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal". "Lo único que hasta ahora ha demostrado la Fiscalía es que todas las movilizaciones realizadas sólo pretendían un referéndum a través de medios pacíficos y democráticos", reprochan.
Para acabar, también recuerdan que el proceso lo empezó la Audiencia Nacional, órgano que consideran que no tenía competencias para hacerlo, y por lo tanto "vició de nulidad" todas las actuaciones posteriores que se están llevando a cabo.