Hasta ocho ponentes que representan patronales, sindicatos y expertos han reclamado y avalado la necesidad de una nueva financiación para Catalunya desde la comisión de Economía del Parlament. Concretamente, los partidos políticos han escuchado la opinión de varias personalidades catalanas este mismo miércoles sobre el concierto económico, con la participación del decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy; el director de Economía y Estudios de Foment del Treball, Salvador Guillermo; el economista y profesor universitario, Guillem López Casasnovas; el exconseller y jurista Francesc Homs; el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer; el jefe de gabinete de estudios económicos e infraestructuras de la Cambra de Comerç de Barcelona; la vicesecretaria general de UGT en Catalunya, Cati Llibre; y el responsable de mercado de trabajo y economía de Comisiones Obreras, Albert Ferrer. Todos ellos, con matices, han puesto sobre la mesa la necesidad de que Catalunya tenga un nuevo sistema de financiación, ya que el actual lo consideran caduco y que perjudica a la Generalitat de Catalunya provocante el déficit fiscal.

El primero a intervenir ha sido Carles Puig de Travy, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de que Catalunya no puede seguir sufriendo un "infrafinançament crónico". "Es una exigencia de justicia económica, con el déficit fiscal, la insuficiencia financiera y la falta de inversiones. Hay que avanzar hacia un nuevo modelo con autonomía financiera", ha defendido el economista, que asegura que el actual modelo es "caduco, opaco e injusto". Puig de Travy pone sobre la mesa tres posibles vías: reformar el actual sistema de régimen común, un modelo federal o un pacto fiscal para salir de la LOFCA. El decano ha explicado que se tienen que introducir mecanismos que garanticen la lealtad institucional y definir blindar las competencias de administración para evitar el desequilibrio vertical provocado por la falta de financiación del Estado a las comunidades autónomas para las competencias políticas de gasto como salud o educación. Además, pide que se cumpla el principio de ordinalidad, el cumplimiento de las inversiones presupuestadas por el Estado, la publicación de las balanzas fiscales y cumplir con el principio de solidaridad.

El decano del Colegio de Economistas de Catalunya también ha pedido más concreciones sobre el modelo de financiación singular acordado entre el PSC y Esquerra Republicana. Puig de Travy pone sobre la mesa los tres principales problemas del actual modelo de financiación: hay un desequilibrio vertical porque en el 2012 en el 2022 los ingresos que fueron hacia el Estado han incrementado un 89% y las comunidades un 40%; incumplimiento del principio de ordinalitat; carece de autonomía fiscal que limita la capacidad de la Generalitat de legislar, gestionar y recaudar los tributos generados en nuestro territorio. De hecho, De Travy ha visto con buenos ojos el traspaso de los impuestos en la Agencia Tributaria de Catalunya.

Foment pide cumplir con el principio de ordinalidad

Un discurso similar al que ha hecho el director de Economía y Estudios de Foment del Treball, Salvador Guillermo, que ha explicado cómo se da una "insuficiente dotación financiera" a las comunidades autónomas en comparación con la administración central. "Tenemos que en la administración estatal se hacen políticas de atención social e incluso a veces cargan determinadas obligaciones a las administraciones autonómicas como la ley de dependencia", dice Guillermo, que también pone de ejemplo cómo el Estado regula sobre vivienda mientras las competencias recaen exclusivamente sobre la Generalitat. "Hay que aplicar el principio de lealtad institucional", explica.

Guillermo también pone sobre la mesa que no se entiende como una de las comunidades más ricas disponga de menos recursos per cápita ajustados del ámbito competencial homogéneo. Por eso, pide aplicar el principio de ordinalidad. Guillermo pone sobre la mesa los dos modelos de financiación actual como es el del régimen común, del cual forma parte Catalunya, y el del concierto económico. Con todo, también avisa de que seguramente "nunca alcanzaremos el mejor acuerdo". "Por eso, cada cinco años hay una revisión", dice Guillermo, denunciando que no se haya aplicado esta norma.

López Casasnovas pide salir del régimen común

Por su parte, el economista Guillem López Casasnovas niega que el acuerdo que se está dibujando sea como el concierto económico vasco. Es no conocer como se calculan las imputaciones sobre el valor añadido. Desconocer cómo se calcula la cuota y cómo se le queda y todo el déficit del Estado", afirma López Casasnovas, que defiende que es "muy importante" salir del régimen común para evitar seguir en "el infierno fiscal". Por eso, cree que la financiación singular es una vía que hace romper este régimen común basado en la estimación de las necesidades fiscales. "Hay que entrar en una vía nueva basada en la capacidad fiscal de las comunidades autónomas. Es un modelo abierto a todas aquellas comunidades que piensen que se quieren alimentar a partir de su capacidad fiscal y esfuerzo", asegura López Casasnovas, que también advierte que el déficit fiscal no se cerrará.

Homs niega que las comunidades tengan que aplicar el principio de igualdad

El exconseller y jurista Francesc Homs, en cambio, ha hecho un análisis jurídico sobre qué vías tiene la Generalitat de cara a una nueva financiación. "No hay ningún artículo en la Constitución que diga que hay dos sistemas de financiación de régimen común y régimen foral", explica Homs, que asegura que la única referencia sobre concierto económico en la Constitución es el caso de Canarias. Con todo, Homs también recuerda que el concierto no ha tenido una continuidad histórica, aunque se cita este aspecto usualmente. El exconseller también pone sobre la mesa separar el principio de igualdad del de solidaridad. "A menudo se argumenta que el principio constitucional de igualdad es la cabecera del sistema constitucional en relación con el ámbito competencial y de financiación". Homs lo niega y asegura que en la Constitución se hace referencia al principio de autonomía financiera. "Lo que no hace la Constitución es vincular el principio de autonomía financiera al principio de igualdad, sino relacionarlo con la necesaria coordinación con la hacienda estatal y con el principio de la solidaridad", explica al jurista.

De hecho, Homs explica que la actual arquitectura jurídica del régimen común no ha existido siempre de la misma forma. "Está la cúspide de la LOFCA que fija los principios generales. Tiempo más tarde, en los años 80,' apareció la ley ordinaria de financiación de las comunidades autónomas que no está prevista en la Constitución", explica Homs, que recuerda cómo después se aprobaron quince leyes para cada comunidad de dentro del régimen común. De hecho, el exconseller cree que eso puede ser un elemento "de inspiración" de cara legalizar una nueva financiación. El jurista también cree que "hay que salir de la LOFCA" y cree que no hay ninguna razón jurídica por la cual no se pueda pensar que se puede aplicar el modelo vasco y navarro en Catalunya.

Pi-Sunyer dice que para un concierto económico no hay que reformar la Constitución

Carles Viver Pi-Sunyer defiende que la Constitución, el Estatuto y la Unión Europea no impiden un sistema singular y avala la posibilidad de que la Generalitat asuma el modelo de la financiación como el del País Vasco, el cual separa de la financiación singular. "Se tiene que hacer a través de la reforma de la ley estatal de la LOFCA, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Eso supone un matiz con respecto a lo que se denomina sistema bilateral", explica el jurista, que avisa de que eso no tendría garantía jurídica.

Con todo, el exjuez también recuerda el principio de la Constitución que cabe todo el que no está prohibido. Por eso, cree que la Constitución no prohíbe la "diversidad de sistemas", que no contiene ninguna regla ni principio que impida al legislador establecer un nuevo sistema y tampoco prevé un régimen de financiación común general para todas las autonomías. Eso sí, asegura que se tendrá que hacer a través de una ley. "El hecho de que la Constitución haga mención solo del País Vasco o Navarra no quiere decir que a través de una ley no se pueda tener este sistema", explica Pi-Sunyer, que avisa que sí que tendrá que cumplir el "principio de solidaridad, la prohibición de privilegios económicos y sociales, la igualdad de deberes y derechos de todos los ciudadanos y la existencia de un sistema del marco general tributario y de organismos de colaboración.

La Cambra de Comerç pone condiciones a la nueva financiación

Joan Ramon Rovira, ninguno del gabinete de estudios económicos e infraestructuras de la Cambra de Comerç de Barcelona, también pone sobre la mesa tres vías para mejorar la financiación catalana: una reforma en profundidad del modelo existente, un modelo de tipo federal o un pacto fiscal. Con todo, pide asegurar la autonomía y suficiencia financiera ampliando de forma sustancial la cesta tributaria y la capacidad normativa de las comunidades, así como eliminar el actual sistema de anticipos. Al mismo tiempo, defiende garantizar la lealtad institucional y definir bien las competencias de cada administración, así como garantizar la equidad entre las comunidades y respetar el principio de ordinalidad. También pone sobre la mesa que la nueva financiación tenga en cuenta las diferenciales de los costes de vida.

Los sindicatos urgen una nueva financiación

La vicesecretaria general de UGT en Catalunya, Cati Llibre, ha defendido un concierto que tenga "una visión integral de la fiscalidad". "Desde la definición, recaudación, inspección, redistribución e impulso de la Agencia Tributaria que recaude todos los impuestos", dice Llibre que pide garantizar los servicios esenciales básicos con inversiones en porcentaje sobre el PIB parecidas a los países más avanzados de Europa. Por eso, también pide revertir el déficit fiscal, que "se ha comido parte de las mejoras de la economía". Sobre el acuerdo entre PSC y ERC, cree que la "música suena bien" y cree que es una oportunidad. Asimismo, Albert Ferrer, responsable de mercado de trabajo y economía de comisiones obreras van en esta línea y critica que no se haya aplicado la revisión y actualización de cada cinco años del sistema de financiación. "Los problemas del actual sistema es la complejidad y la falta de transparencia, así como la insuficiencia de recursos y falta de equidad", asegura.