El espionaje con el software Pegasus a políticos, activistas, periodistas y abogados del Estado español es "totalmente desproporcionado" y vulnera los derechos fundamentales de los afectados, de su entorno y de la disidencia social y política. Así lo han asegurado este viernes varios abogados especialistas en derechos humanos en el Parlament. Àlex Solà y Laia Serra, de la comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de la Abogacía de Barcelona, y Sònia Olivella y Cèlia Carbonell, del centro por la defensa de los derechos humanos Irídia, han criticado también la falta de un control judicial y externo más efectivo sobre este tipo de espionaje y la falta de control posterior y de transparencia por parte del estado.
En una doble comparecencia a la comisión de investigación del Catalangate, los cuatro letrados han señalado que la legislación española garantiza muy poco los derechos humanos en este aspecto y, además, incluso este espionaje habría podido vulnerar la misma legislación española, además de los tratados internacionales.
El CNI no puede espiar delitos
El abogado Àlex Solà ha explicado que la confidencialidad entre abogado y cliente no es un privilegio del abogado, sino un derecho civil del investigado y la garantía de su derecho de defensa. En ningún caso se puede vulnerar, y la ley solo prevé la excepción en caso de que un abogado y un terrorista estén hablando de posibles nuevos atentados. Por eso, ha recordado que la confianza entre cliente y abogado es clave y la jurisprudencia europea establece que el investigado no puede tener ninguna sospecha que su conversación puede ser grabada. Solà ha añadido que esta garantía solo se puede vulnerar si hay una legislación clara, si hay una autorización judicial previa y si el espionaje está claramente justificado y es proporcional.
Solà también ha recordado que el CNI no puede investigar delitos, sino que hace investigaciones prospectivas de otros tipos para preservar la seguridad nacional. En este sentido, ha dicho que aunque un magistrado del Tribunal Supremo autorizara el espionaje del CNI a independentistas catalanes, no estaba enmarcado en un procedimiento judicial. En respuesta a preguntas de los diputados, ha asegurado que en ningún caso estaría justificado que el CNI espiara las conversaciones de un abogado con su cliente. También considera que el CNI solo puede espiar si está la intervención de una potencia extranjera, pero no si hay disidencia política o social interna. Aparte, ha criticado que sea solo el director del CNI quien ordene este espionaje y un solo magistrado del Supremo quien lo autorice, sin ninguna otra supervisión externa.
"Carta blanca de los servicios secretos para espiar a ciudadanos"
Por su parte, Sònia Olivella, ha criticado que en nombre de la supuesta seguridad nacional se dé "carta blanca" a los servicios secretos para espiar a ciudadanos. En todo caso, ve Pegasus como un sistema poco proporcional para investigar delitos. Laia Serra ha centrado el foco a denunciar que este espionaje se hizo mediante herramientas tecnológicas de empresas privadas, con sede fuera de Europa, que han tenido acceso a la vida privada de decenas de personas. Por eso, ha lamentado que los estados de la Unión Europea no tengan un sistema "lo bastante robusto" para afrontar este tipo de situaciones, ya que tienen un "marco legal insuficiente". La letrada ha reclamado que se haga un análisis cualitativo de la legislación española y europea con el fin de mejorar la protección de la intimidad.
Por último, Cèlia Carbonell, ha dicho que, según los estándares internacionales, ninguno de los espiados por el CNI lo tendría que haber estado. Con todo, considera "escandaloso" que públicamente no se sepa nada más del espionaje desde que lo hizo público Citizenlab hace más de un año.
Plantón de Rajoy y Sáenz de Santamaría
En la sesión de este viernes también estaban citados a comparecer el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del mismo ejecutivo Soraya Sáenz de Santamaría y los exdelegados del Gobierno en Catalunya Enric Millo y Eugènia Gay. Todos excepto Millo han excusado su presencia. ERC, JxCat y CUP han lamentado la ausencia, como suele ser habitual en los cargos del Gobierno, y se ha decidido que se los volverá a citar con la advertencia que de no hacerlo serán denunciados en la fiscalía. El diputado de ERC Jordi Orobitg ha solicitado al Parlament que, si los citados no comparecen cuando se les vuelva a llamar, se dé traslado a la Fiscalía para que ejerza las acciones legales correspondientes, como prevé el Reglamento.
Esta situación también se dio con la incomparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz y otros ministros citados a declarar, una plantación de la cual el Parlament dio traslado a la Fiscalía.