Cinco años después de la celebración del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya, continúan los juicios contra catalanes para el 1-0 del 2017. Un caso destacado es el juicio contra dos concejales del PSC de Pineda de Mar y el jefe de la policía local del municipio, acusados de la expulsión de policías españoles, que participaron en las cargas a la ciudadanía, de dos hoteles de este pueblo del Maresme. En concreto, el juzgado de lo penal 2 de Arenys de Mar ha fijado el juicio para el 7 y 8 de marzo.

La petición de la fiscalía, hecha pública el año pasado, es estricta: tres años de prisión y tres más de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de coacciones con la agravante de prevalencia de carácter público. Es la condena que solicita el fiscal coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, para la entonces primera teniente de alcalde de Pineda de Mar, la socialista Carme Aragonès; el segundo teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Jordi Masnou –también del PSC, que continúa en el consistorio, ahora como tercer teniente de alcalde–, y el jefe de la policía local de Pineda, Carles Santacreu, por haber "exigido" a la dirección de una cadena hotelera "la expulsión" de unos 500 agentes de la policía española que tenía en los hoteles Checkin Pineda y Checkin Montpalau, el día siguiente del referéndum y las cargas policiales del 1-O.

Al conocerse el escrito de acusación, el Ayuntamiento de Pineda de Mar emitió un comunicado en que solicita que se respete la presunción de inocencia de los tres acusados. Añade que los tres actuaron con la voluntad de "mejorar la situación de tensión ciudadana que se vivía los primeros días de octubre en el municipio. La cadena hotelera no reclama nada.

La acusación

En su escrito de acusación, el fiscal Aguilar expone que la noche del 2 de octubre del 2017, Aragonès, Masnou y Santacreu –que no iba de uniforme, pero se presentó como jefe policial–, de "manera irregular, porque no habían pedido cita previa", fueron al hotel Checkin Montpalau y "conminaron" al director a "expulsar a los funcionarios de la policía". El director les indicó que no podía, ya que tenían la reserva hasta el 5 de octubre y, viendo su insistencia, llamó al gerente de la cadena para hablar con los políticos. Según el fiscal, el concejal de Urbanismo, "con tono desafiador", le ordenó "sacar a estos clientes sí o sí" y, en vista de la oposición del gerente, "a gritos y enfadado le dijo que le cerraría el hotel durante cinco años". Finalmente, el gerente cedió e informó a la policía española de la amenaza. Una parte de los agentes se marcharon el 5 de octubre, como fijaba el contrato.

El fiscal también les reprocha que, ya de madrugada, Aragonès hizo declaraciones en una televisión y, ante unos  800 vecinos concentrados, aseguró que el Ayuntamiento y la cadena hotelera habían "acordado" la marcha de los agentes. Por el contrario, el fiscal pide el archivo de la causa contra Sílvia Biosca –entonces tercera teniente de alcalde–, ya que no queda "bastante" acreditado en que cometiera un delito de falsedad en documento público por haber simulado un comunicado de prensa conjunto con la cadena. Por otra parte, la entonces concejala de ERC a la oposición Mònica Palacín también fue acusada porque fue al hotel con los concejales socialistas. Como fue elegida diputada en el Parlamento y tenía la condición de aforada, su caso fue derivado en el TSJC, que descartó que interviniera en los hechos y lo archivó.

Juicios contra activistas

Este año 2022 también continuarán los juicios contra independentistas. El 17 de febrero próximo está programado el juicio contra dos activistas, a quienes los piden cuatro años de prisión en cada uno por haber participado en una movilización de Tsunami Democràtic. Este juicio fue aplazado por la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona al faltar uno de los testigos.

También se tiene que saber la fecha del juicio de Adrià, vecino del barrio del Clot de Barcelona, a quien piden 8 años de prisión por lesionar a un agente en el Holi de 2018 contra una manifestación de la Jusapol. La paradoja de este caso es que el agente que habría sido herido es el mismo agente por el cual el activista de Badalona Marcel Vivet fue condenado a cinco años de prisión. La agrupación Alerta Solidaria denunció este hecho, y que evidencia que los atestados policiales "se falsifican" ya que el agente solo dijo que fue herido una vez.

Además, el noviembre pasado, la Audiencia de Barcelona suspendió el juicio contra siete vecinos, que se manifestaron por la investidura fallida del presidente Puigdemont, en el parque de la Ciutadella, el 30 de enero del 2018, por un cambio procesal, calificado de "estafa" por las defensas. En concreto, como la Generalitat se retiró a última hora del proceso, el tribunal ofreció a once agentes que estaban en la causa si se quieren personarse con abogado particular. Uno de ellos ya ha designado al abogado del sindicato USPAC. La Generalitat pedía dos años de prisión para los activistas por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, y no por lesiones, ya que sostiene que no se ha podido aclarar quien se las causó. Por el contrario, el fiscal pide para ellos tres años de prisión y sí que los acusa por un delito de lesiones leves a cinco agentes, y pide que los indemnicen con entre 80 y 200 euros.

Juicios a policías

Con respecto a juicios contra agentes de la policía española, por las cargas contra ciudadanos, en centros de votación del 1-O no hay ninguno terminado para juzgar este año. Estos casos son minoría en comparación con los procesos contra independentistas. Uno de los procesos más importantes està en Barcelona, donde 50 agentes de la policía española son acusados de causar lesiones a ciudadanos en cerca de una treintena de centros de la ciudad para evitar que votaran el 1-O del 2017. Así, agentes e inspectores serán juzgados, como mínimo, por el delito contra la integridad moral, castigado con hasta dos años de prisión, tal como fijó el titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, el magistrado Francesc Miralles, el cual sostuvo que los policías causaron "un sufrimiento físico y psíquico", que consta en 300 atestados médicos.

 

Foto principal: Agentes de la policía española en marcha parar el 1-O en Barcelona / Sergi Alcàzar