El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, prevé poder reunirse con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, este mes de octubre. Así lo aseguran fuentes de la capitanía de esta cartera cuando se les pregunta sobre la carta que envió hace unos días el ministro a la máxima responsable de la Eurocámara para reclamar que se pueda hablar en catalán. No ha habido todavía respuesta a la misiva, pero sí que se prevé una reunión para abordar esta cuestión. En caso de no poder producirse, las mismas fuentes aseguran que se forzará una llamada para poder tratar este tema de forma telefónica y "trazar un plan" para que las lenguas catalana, vasca y gallega puedan utilizarse con normalidad en el Parlamento Europeo. Se trata de uno de los acuerdos con Junts per Catalunya pendientes de cumplir y que el Gobierno siempre ha asegurado que es una prioridad.
Albares envió hace unos días una tercera carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que reclamaba que el catalán, el gallego y el vasco puedan utilizarse en los plenos de la Eurocámara. Defendía en su misiva que este es un "asunto prioritario" del estado español, y pedía a Metsola "abordar personalmente" con ella la petición. Albares argumenta en la misiva, del 18 de septiembre de 2024, que el inicio de la nueva legislatura europea "constituye una ocasión privilegiada para dar un nuevo impulso a la suscripción de un acuerdo administrativo" por el uso de las tres lenguas cooficiales con el castellano en el Estado. Enmarcaba la cuestión como "un elemento esencial de la identidad nacional". Por eso, pide a Metsola que someta la cuestión a votación de la Mesa del Parlamento Europeo.
El acuerdo administrativo
El caso es que la exigencia que hace Albares, la de conseguir un "acuerdo administrativo", es visto para Junts per Catalunya como "insuficiente". El partido independentista reclama que se garantice la plena oficialidad de la lengua. "Hablar catalán en el Parlamento Europeo es un objetivo de importancia simbólica, pero claramente insuficiente, ya que no tiene ninguno de los beneficios que buscamos en la lucha por la oficialidad europea de la lengua catalana: ni la legislación tendría carácter oficial en catalán, ni se aplicaría directamente a nuestra lengua, ni detendría la discriminación actual contra la lengua catalana en los procesos para conseguir becas o pasar oposiciones en las instituciones europeas, en los que el conocimiento del catalán no da ningún punto," esgrimían los juntaires la semana pasada.
La formación de Carles Puigdemont destacaba que "conseguir la oficialidad de la lengua catalana en la UE no es una cuestión simbólica, sino un objetivo político que tiene que dar fuerza a la lengua, reconocer a sus hablantes y generar incentivos para su conocimiento y aprendizaje". Pero las fuentes del Ministerio de Exteriores apuntan a que ambas cosas son compatibles, y que conseguir en primera instancia un acuerdo administrativo no impedirá alcanzar la oficialidad del catalán a las instituciones europeas.