La conselleria de Exteriors ha confeccionado un argumentario para explicar a gobiernos de todo el mundo la "persecución" a que está sometida la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. En el texto se recuerda que ha sido encausada por el Tribunal Constitucional por "permitir el debate y la votación", en el marco de "el estudio de un proceso constituyente que conformaría un futuro Estado independiente"

El memorando, titulado "Sigue la persecución a la presidenta del Parlament de Catalunya" recuerda que el 14 de diciembre de 2016 el TC envió a los tribunales a Forcadell bajo la acusación de que el 27 de julio del 2016 habría "cometido negligencia en el deber "al permitir la votación.

En este sentido, el texto asegura que "los cargos contra Forcadell se derivan de los nuevos poderes altamente politizados otorgados al TC por el Gobierno español", una reforma que permite al Consitucional tomar decisiones "más allá" de las puramente constitucionales, lo que supone "una grave amenaza para la separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial del gobierno español" y por lo tanto, atenta "la base del estado de derecho en España ".

La sociedad civil, al lado de la presidenta

Asimismo, se recuerda que en diciembre, Forcadell ya fue llamada a declarar dentro de la "fase de investigación del proceso legal en su contra", ocasión en que "miles de personas de la sociedad civil acompañaron a los tribunales, con pancartas que denunciaban el caso como una ofensa a las instituciones democráticas de Catalunya".

Además, el 16 de febrero de 2017, se añadió un segundo caso contra Forcadell por permitir, el 6 de octubre de 2016, el voto parlamentario de "dos resoluciones sobre un referéndum de independencia" a partir de que "el 80 por ciento de los catalanes están a favor de decidir su futuro mediante un referéndum ". En esta ocasión, incluso los miembros de los partidos pro-referéndum que forman parte de la Mesa del Parlament "también han sido acusados ​​de desobediencia y llamados a declarar". El texto recuerda que estos partidos "representan 83 de 135 miembros del Parlament".

También se indica que el lunes pasado Forcadell fue a declarar a pesar de haber pedido un aplazamiento para preparar su defensa, "con menos de 7 días hábiles entre la convocatoria y la fecha del juicio", un plazo contrario a los requisitos solicitados por la corte Europea de Derechos Humanos.

Por todo ello, la nota indica que la "defensa de la libertad de expresión y la capacidad política de los parlamentos democráticos para debatir y votar sobre las posiciones políticas de todo tipo" se ha visto "violada por las acciones llevadas a cabo por el Gobierno del PP ", lo que causa" un grave déficit en la democracia española que pone en riesgo cualquier proyecto democrático en España ".