Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig están citados hoy por la justicia belga que tiene que resolver su extradición. Según declaraciones el abogado Jaume Alonso-Cuevillas a El Nacional, "la no extradición se podría conocer los próximos días". Cuevillas, que ejerce como abogado de Lluís Puig, conseller de Cultura, da por hecho que no los extraditarán y que podrán seguir haciendo vida en Bruselas sin medidas cautelares.
La causa en Bruselas va rápido porque después de la primera euroorden el noviembre pasado ya se tramitó buena parte de la documentación. Por lo tanto, desde que se levantó la orden de detención en diciembre hasta ahora, lo que se ha hecho ha sido actualizar la documentación, básicamente con el auto de procesamiento donde se definen los delitos. Rebelión y malversación para Toni Comín y desobediencia y malversación para Meritxell Serret y Lluís Puig.
Cuevillas hizo públicos el martes sus buenos augurios por Twitter.
Camino de Bruselas para la vista de extradición de mañana
— J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 15 de mayo de 2018
Mantenemos plena confianza en la justicia de la capital europea
Esperamos devolver con muy buenas noticias respeto @PuigGordi @toni_comin y @MeritxellSerret
Y el abogado Gonzalo Boye lo ha hecho hoy.
Hoy va a ser un buen día... y ahí lo dejo
— Gonzalo Boye (@boye_g) 16 de mayo de 2018
El 17 de abril Pablo Llarena completó la documentación con un escrito al tribunal belga donde detalla los delitos por los cuales se procesa a Comín, Serret y Puig y donde dice que, con respecto al delito de rebelión, ha dictado el más grave que contempla la ley, aunque afirma: "De acuerdo con el ordenamiento jurídico español, esta actuación podría ser constitutiva de un delito de rebelión (Fundamentos Jurídicos Primero y Segundo del Acto de Procesamiento), sin perjuicio de otras calificaciones que quedarían excluidas dado que la regla española de concursos de delitos concentra la calificación en el delito más gravemente penado".
Pero el auto que Llarena dirige a la justicia de Bélgica se centra sobre todo en la malversación, aunque no adjunta ninguno de los documentos que Hacienda ha aportado a la causa para avalar las declaraciones de Cristóbal Montoro que aseguran que no se gastó ni un euro en el referéndum del 1 de octubre.