En menos de 60 días Carles Puigdemont podría estar ya en territorio español a punto de declarar ante el magistrado Pablo Llarena.

Hoy se pone en marcha toda la maquinaria para la extradición. Desde ayer, de hecho, las fiscalías de España y Alemania trabajan para facilitar todos los trámites y hacerla efectiva. De hecho, quien acabará decidiendo será la fiscalía alemana una vez el juez compruebe los delitos.

"Hay una colaboración muy buena entre España y Alemania", dice a la jurista Teresa Manso, directora del Referat para España del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, de Freiburg i. Br. en Alemania.

El sistema está pensado para que todo vaya automático, dice Manso. "La lucha contra la delincuencia organizada y los delitos económicos impulsaron la cooperación internacional y todos los estados de Europa siguen unos estudios similares, sin necesidad de gran colaboración". Pero matiza que es verdad que "no son estos los delitos en los que se había pensado", refiriéndose a los delitos políticos.

A todo ello, el auto de Pablo Llarena, donde determina los procesamientos de todos los acusados e imputa rebelión y malversación en Carles Puigdemont, tiene bastante base jurídica como para que la extradición se acabe produciendo. "Los hechos recogidos tienen delitos similares a la ley alemana y no parece que haya travas o que sea fácil encontrar base jurídica para denegar el orden", subraya Manso.

La extradición en 3 pasos

El proceso para extraditar Puigdemont empieza hoy en el juzgado de instrucción de Schleswig Holstein. Es solo un trámite para identificarlo. Ni se decidirá si los delitos que figuran a la euroorden se corresponden con los de a ley alemana, ni se decidirá el traslado. El juez sí que puede dictar medidas cautelares hasta que no se decide la extradición, como pueden ser la prohibición de salir de Alemania o la prisión provisional.

Una vez identificado, el caso se traslada al tribunal regional, el equivalente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, donde se analizarán los delitos y los hechos. El juez no solo tiene que revisar los delitos recogidos en su legilación penal como son la rebelión y la malversación, sino que tiene que analizar si los hechos que relata Llarena en el auto son delito y qué delito son. Según los expertos juristas, el delito de rebelión se corresponde con el de alta traición. "Tiene un contenido similar y la descripción del delito es muy similar", puntualiza Manso.

Con los delitos comprobados y validados por el tribunal el caso pasa a manos de la fiscalía general, que es quien finalmente decidirá si se lleva a cabo la extradición. La decisión está en manos del ministerio público porque ha sido su equivalente español quien la ha pedido. La función del juez es solo comprobar los delitos. La decisión final es del fiscal que desde el primer momento está trabajando en colaboración con el fiscal español.

El reloj empieza a correr a partir de hoy. Hay 60 días para llevar a cabo la extradición. El proceso también contempla la posibilidad que Puigdemont se declare de acuerdo con que lo trasladen a España. Entonces, todo se acelera.

Violencia, sí o no

Los delitos que debe valorar el juez son similares en España y en Alemania. Pero todo depende de la interpretación de la violencia. El juez tendrá la documentación de Pablo Llarena que hará llegar el Ministerio Público a través de la Fiscalía General Belga. Y analizará el relato de los hechos para ver si encaja con el delito de alta traición que consta en el código penal alemán.

El artículo 472 del código penal español prevé penas de hasta 30 años prisión por el delito de rebelión que define como levantamiento "violento y público" para "derogar, suspender o modificar toalment o parcialmente la Constitución" o "declarar la independencia de una parte del territorio nacional ".

Llarena hace una interpretación de la violencia en su auto de procesamiento donde da por hecho que si el proceso hubiera seguido, las movilizaciones convocadas por las entidades a intàncies de todo el proceso impulsado por el Gobierno de la Generalidad hubieran derivado en episodios violentos.

El código penal alemán tiene el artículo 83 que prevé casos la alta traición en los que no necesariamente debe haber violencia.

La definición de la alta traición que sería el delito compatible con la rebelión está en el segundo título de la legislación sobre traición. Hay hasta 3 artículos que definen este delito en diferentes niveles y los castiga con diferentes tipos de penas.

El artículo 81 dice que comete delito de alta traición "quien lo hace, por fuerza o por amenaza por la fuerza".

Y el 83 abre la puerta a la rebelión sin levantamiento violento: "Cualquiera que prepare una empresa traidora específica contra la Confederación será sancionado con prisión de un año a diez años, en casos menores con encarcelamiento de un año a cinco años ".

Esto es lo que deberá valorar el juez. Si los hechos relatados por Llarena s'agusten a la legislación alemana que abre la puerta a un delito de alta traición sin el uso de la violencia, y que lo contempla con el solo hecho de preparar la traición contra el estado.