El Tribunal de Orden Público franquista pasó a ser la Audiencia Nacional democrática de la noche a la mañana. Como si nada pasó el filtro de la Transición. Pero hay cosas dentro del mundo judicial que, todavía hoy, generan cierta estupefacción. Esta semana hemos tenido una buena prueba en Madrid.

La Audiencia Provincial ha avalado el cartel racista de Vox durante la campaña electoral. El póster que señalaba y ponía en la diana a los menores migrantes no acompañados. El auto no tiene desperdicio. No es bueno mezclar la política con el fútbol, pero sí la política con la justicia. El ponente ha dejado auténticas perlas. Como que "con independencia de sí los datos son veraces o no" —un detalle sin importancia— los MENA son un "evidente problema político y social" con repercusiones internacionales. En realidad se trata de menos de 300 niños en la capital de un Estado europeo. También se decía que no se pueden prohibir unas ideas, las racistas, mientras se aceptan otros "tan criticables o más que estas". Como queriendo decir: teniendo el gobierno del Estado gobernado por los comunistas y los separatistas, dejad a estos patriotas en paz.

Este no es el único caso. Antes de esta resolución una jueza ya denegó la retirada del cartel de Vox en plena campaña electoral. Era Carmen Rodríguez Medel. La misma magistrada que intentó culpar al Gobierno de la expansión del coronavirus por la manifestación feminista del 8-M del 2020. Y la misma jueza que archivó el caso del homenaje a la División Azul el mismo día que le llegó la denuncia. Lo hizo sin practicar ningún tipo de diligencia. No vio posible delito de odio en frases como "el judío es el culpable" y "el enemigo" y que gracias a Dios que la Division Azul –los amigos españoles de Hitler- lucharon.

El caso más paradigmático probablemente sea el de los ultras que asaltaron la librería Blanquerna en 2013. Ya hace ocho años que irrumpieron violentamente en la delegación de la Generalitat en Madrid para sabotear la Diada. Y ya hace un año que tienen sentencia firme y condena de prisión del Tribunal Supremo, que el Tribunal Constitucional obligó a rebajar porque no veía "agravante de discriminación ideológica". Pero todavía no han pasado ni una sola noche entre rejas. El tribunal sentenciador creyó pertinente paralizar el ingreso en prisión porque algunos habían pedido el indulto. Por cierto, hay dos que se encuentran en busca y captura desde hace ya cuatro meses.

Otro caso. El chat de los militares retirados que enviaban cartas al Rey y hablaban de fusilar a 26 millones de españoles (26 millones de "hijos de puta"). Fueron secundados por militares en activos. Pero también acabó archivado, en esta ocasión por la misma Fiscalía, que primó la "libertad de expresión". Y decía que no se puede inferir que quisieran "promover, fomentar o incitar el odio, hostilidad o violencia a ningún colectivo" cuando hablaban de fusilar a la mitad de los españoles. En Francia, en cambio, se han tomado medidas contra los militares que también han amenazado con un golpe de Estado a través de una carta pública.

También podríamos hablar de la impunidad de la extrema derecha al País Valencià cada 9 de octubre, de los aquelarres neofascistas en Montjuïc cada 12 de octubre y de tantos otros casos. Y sin ir muy lejos en el tiempo. Sin remontarnos al final de la dictadura y la Transición. Son noticias de los últimos meses. ¿Son casos aislados de lobos solitarios con toga? Pues depende de cómo se mire.

El Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces, destrozó la nueva ley de memoria democrática en su informe hace justo un par de meses. Concluyó que no se podía cerrar la Fundación Francisco Franco simplemente por hacer apología del franquismo. Era, decía el documento, "libertad de expresión" si no constituye un menosprecio o humillación de las víctimas. Como si el solo hecho de exaltar la dictadura no fuera un menosprecio a las víctimas.

Utilizando los términos de la judicatura, habría que preguntarse quién es el "evidente problema político y social". ¿Los menos de 300 niños solos y vulnerables que hay en Madrid o una justicia que sigue amparando la extrema derecha? ¿Y qué hará cuando llegue el caso de Samuel, asesinado en la Coruña? ¿Decir que el grito de maricón se enmarcaba en la libertad de expresión?