El cierre previsto de la Central Nuclear de Almaraz en Extremadura, probablemente entre los años 2027 y 2028, ha empezado a generar ya este 2025 un movimiento en contra de la clausura de esta planta. Los partidarios de mantener activa la nuclear la defienden a partir de argumentos económicos. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha tomado partido a favor de este movimiento y está intentando que otros presidentes autonómicos de territorios donde también hay centrales hagan un frente común en defensa de la energía nuclear. De hecho, Guardiola ya ha enviado una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa, para que defienda el mantenimiento de la actividad en las dos centrales nucleares catalanas, Vandellòs II y Ascó, y en las del resto del Estado español.
Aparte de Illa, Guardiola también reclama que en este frente se impliquen el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y en el del País Valencià, Carlos Mazón. En la carta, pide a los presidentes que unan esfuerzos para dar "juntos la visibilidad que requiere" la continuidad de las centrales nucleares. Guardiola pide también que participen este próximo sábado, 18 de enero, en la gran manifestación que se celebrará en Extremadura para defender la central de Almaraz.
"Te invito a que reclamemos unidos la continuidad de la planta y se revierta esta hoja de ruta fatal para nuestras regiones", dice la presidenta extremeña en la carta que ha recibido Illa. La presidenta también ofrece apoyo al presidente catalán ante "cualquier acción que tenga prevista a partir de ahora, en la línea con la defensa de la producción de la energía nuclear."
El acuerdo PSC-ERC rechaza la energía nuclear
La petición que hace Guardiola a Illa no parece posible a estas alturas si se tiene en cuenta que el acuerdo de investidura firmado entre ERC y el PSC no permitiría dar apoyo a la energía nuclear. El pacto que permitió la investidura de Illa concreta el rechazo a las centrales nucleares, a los grandes parques eólicos y fotovoltaicos y a las líneas de Muy Alta Tensión (MATE). El acuerdo entre socialistas y republicanos especifica que hay que continuar la apuesta por el nuevo modelo energético catalán", que rechaza cualquier tipo de infraestructura que no sean pequeñas instalaciones domésticas de autoconsumo y comunidades energéticas.
Se trata, dice el acuerdo, de un "modelo basado en la implementación de las energías renovables, distribuido, participado, desnuclearizado y con cohesión territorial, que tiene que contribuir a la descarbonización de la economía, la reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero (GEH) en el tejido productivo, al transporte y a nuestros hogares". En Catalunya se prevé el cierre progresivo de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, en el marco de los compromisos de España con respecto a la transición energética.