Era una condición que constaba en los pactos de investidura de Salvador Illa y el PSC tanto con Esquerra como con los comuns. Y este miércoles, finalmente, el Parlament ha suprimido los beneficios fiscales que tenía el macroproyecto del Hard Rock en el Camp de Tarragona. Lo ha hecho con la mayoría de izquierdas que hay a la cámara catalana: con el apoyo de estos tres partidos y la CUP, siempre muy beligerante contra esta infraestructura.
El resto de partidos (Junts, PP, Vox y Aliança Catalana) han votado en contra de la modificación de la ley del 2014 sobre centros recreativos, turísticos y de establecimiento de normas en materia de tributación comercio y juego, que diez años atrás se va firme precisamente para ofrecer beneficios fiscales al proyecto inicialmente conocido como Barcelona World y después como Hard Rock. Esta decisión de la cámara catalana, aleja el proyecto de Catalunya, ya que en vez del 10% de impuestos sobre los ingresos provenientes del juego que se pagaban hasta ahora, esta cifra se eleva hasta el 55%. Por eso, ERC, comunes y la CUP dan por hecho que esta ha sido la estocada definitiva al proyecto.
¿Y ahora qué?
Con todo, no todos los partidos lo ven igual. Desde el atril en el Parlament, donde se han pronunciado mayoritariamente diputados de las Comarcas de Tarragona (Laia Estrada de la CUP es de la ciudad a pesar de que en las elecciones del 12-M fue cabeza de lista para Barcelona y los cupaires se quedaron sin representación por esta demarcación y Jéssica Albiach, ya que los comunes tampoco tienen) todos han lanzado sus augurios en este sentido. Joaquim Calatayud, diputado de Junts que ha defendido en capa y espada el proyecto, el pleno de este miércoles ha sido la "extremaunción" del Hard Rock, para Pere Lluís Huguet Torres, del PP, la constatación de que el proyecto no se hará y Estrada ha lamentado que "alguien está levantando la camisa", poniendo muy en duda la posición del PSC, que sigue defendiendo el proyecto mientras se suma (forzado por los pactos) a eliminar los beneficios fiscales.
Un proyecto en el centro del debate (y la polémica)
Este macrocomplejo ha sido uno de los protagonistas de la política catalana y de la actividad parlamentaria en los últimos años. En la pasada legislatura, los comunes forzaron elecciones al no dar apoyo a los presupuestos del Govern Aragonès al considerar que no luchaba bastante contra el casino. La modificación de la ley que se ha votado en el Parlamento ha sido tanto iniciativa suya como de los comunes, pero meses atrás, con el PSC todavía a la oposición, se oponían a revertir estos beneficios fiscales. Ahora, a raíz del suyos pactos de investidura, su posición ha dado un giro de 180 grados, si bien, el ejecutivo de Salvador Illa sigue trabajando en el Plan Director Urbanístico (PDU), elemento indispensable para ejecutar el proyecto y que llev años y años de retraso.
Aunque parecía que en diciembre ya se suprimieron estos beneficios fiscales, Junts intentó paralizarlo pidiendo al Consejo de Garantías Estatutarias que posicionara sobre la constitucionalidad de la propuesta. Este organismo avaló por unanimidad la proposición de ley votada este miércoles en la cámara catalana.