La Asamblea de Madrid está concluyendo su investigación sobre la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. La comisión de investigación sobre “programas de cátedras y postgrados” de la UCM está en la recta final y había citado esta mañana a tres comparecientes: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), Cristina Álvarez (la asesora en la Moncloa de la mujer del presidente español) y Juan Carlos Doadrio (el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM). El único que ha contestado a las preguntas de los diputados ha sido el último. El presidente español se ha negado a acudir a la cámara madrileña escudándose en los informes del Consejo de Estado que fijan que no es obligatorio que los miembros del ejecutivo asistan a las comisiones de investigación de parlamentos autonómicos. La asesora de la Moncloa sí que ha asistido, dado que estaba obligado a ello, pero se ha acogido a su derecho a no declarar, como hizo en el Senado. Y el exvicerector de la UCM es el único que se ha pronunciado. De su declaración, destaca una frase que ha pronunciado nada más empezar. Es lo que le dijo el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, en otoño de 2020 por teléfono para anunciarle la creación de la cátedra: “Tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Tienes algún inconveniente?”.

 

Juan Carlos Doadrio, que ha declarado en dos ocasiones como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, ha relatado que la conversación fue entre finales de septiembre y principios de octubre, después de que Goyache le mandase varios mensajes de WhatsApp diciendo que tenía que reunirse con él. “No entendía qué pasaba”, ha reconocido. En la llamada en la que se lo comunicó, él le verbalizó que no tenía inconveniente en ello si los documentos estaban “bien” y ambos quedaron en que Begoña Gómez se pusiera en contacto con él. Al cabo de unos días, la mujer de Sánchez le escribió por correo pidiéndole el modelo de convenio. Además, durante su comparecencia, ha apuntado que la aprobación de la cátedra extraordinaria fue “regular administrativamente”, pero no lo fue “en las formas”. Asimismo, a preguntas del PP, ha señalado que no se sintió “presionado” ni “amenazado” para crearla, pero sí que se vio “obligado” porque el rector era su “jefe”. También ha reconocido que le “sorprendió” la velocidad a la que se tramitó, como si hubiera “todo un regimiento de personas ayudando”, y ha señalado que la memoria académica que justificaba la idoneidad de Begoña Gómez para codirigir la cátedra le vino “hecha” y no estaba firmada por nadie.

La asistenta de Begoña Gómez en la Moncloa se acoge a su derecho de no declarar

La primera compareciente de la mañana era Cristina Álvarez, la asesora de la Moncloa que fue contratada en 2018 como asistenta de Begoña Gómez para gestionar su agenda pública y privada y llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad y que hizo gestiones con un patrocinador a favor de su cátedra. El 20 de diciembre declaró como testigo frente al juez Peinado, que hace quince días decidió imputarla por tráfico de influencias. Igual que hizo en el Senado en noviembre, se ha negado a contestar a las preguntas. “Me acojo a mi derecho constitucional a no declarar”, ha anunciado pocos minutos después de arrancar la sesión de la comisión. “He prestado declaración en calidad de testigo sobre estos mismos hechos respondiendo durante más de una hora las preguntas formuladas por las acusaciones populares, entre ellas Vox, que también está presente en esta comisión. Todo ello en un contexto en el que dichas acusaciones populares afines han venido solicitando mi imputación”, ha expresado. E, igual que hizo Begoña Gómez hace tres meses, ha permanecido callada todo el rato.

 

La comisión de investigación se suspende a la espera del dictamen del Consejo de Estado sobre la comparecencia de Pedro Sánchez

Después de las dos comparecencias, la sesión de la comisión de investigación se ha suspendido ante la ausencia de Pedro Sánchez, que estaba citado hoy y ha eludido acudir. La Asamblea de Madrid pidió un dictamen al Consejo de Estado, el órgano supremo consultivo del Gobierno, para que aclare si el presidente español está obligado o no a asistir. Y la comisión ha quedado congelada a la espera de que llegue el veredicto. La Moncloa se escuda en dictámenes previos del Consejo de Estado (por ejemplo, sobre la asistencia en las comisiones de investigación del Parlament de Catalunya sobre el caso Pegasus) para justificar la ausencia del presidente. Los informes previos alegan que miembros del Gobierno no tienen obligación de comparecer en parlamentos autonómicos. Con este motivo, el jefe de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, envió ayer una carta al presidente de la cámara regional, Enrique Ossorio, avanzando el plantón del líder socialista esgrimiendo que la Asamblea de Madrid no tiene competencias para fiscalizar al jefe del ejecutivo estatal.