Al Estado se le acumulan las denuncias en las Naciones Unidas. Los familiares de los presos políticos, agrupados en la entidad Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC), junto a Human Rights Catalunya y el Instituto Internacional para la Acción No-violenta (NOVACT) han presentado dos declaraciones escritas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la "vulneración" de Derechos Humanos en Catalunya.

Los documentos, a los que ha tenido acceso El Nacional, ponen de relieve la preocupación por el recorte de libertades en Catalunya, tras la aplicación del 155 y la represión policial del 1-O. En este sentido, se señalan como agravios las más de mil personas heridas en la jornada del referéndum sobre la independencia, los centenares de ceses en la Generalitat y la investigación de los alcaldes que facilitaron la votación. También pone énfasis en el encarcelamiento de políticos y activistas independentistas, así como los que se han ido al exilio.

Los textos, presentados el pasado miércoles a instancias internacionales, incluso señalan que no se trata de un conflicto de ámbito catalán, sino que ha llegado a tener repercusiones en el conjunto de España. En este sentido, se llegan a denunciar las "violaciones de derechos" por parte de las autoridades e instituciones españolas.

Esta misma semana, la represión policial llegará a las Naciones Unidas con la presentación de un informe a partir de imágenes y testigos de más de cien organizaciones sobre el 1-O, bajo el título Violación de los Derechos Civiles y Políticos.​

Piden ayuda a la UE

En un primer texto, La lucha de Catalunya bajo las brutalidades del Estado de España, se hace un inventario de los graves dificultades que han afrontado las instituciones catalanas tras las decisiones del Gobierno a partir del 1-O, entre las que se mencionan desde cierre de páginas web sobre el referéndum hasta la clausura del Parlament y el cese del Govern.

Ante las detenciones y encarcelamiento de los líderes independentistas, los firmantes consideran que "la independencia judicial y la imparcialidad están seriamente
comprometidas en España". En este sentido, hablan de una "desproporción" que ha sido vista por otros países europeos, como Bélgica, que descartaron la extradición de Puigdemont por rebelión.

Por este motivo, piden la "ayuda" de la Unión Europea contra el "autoritarismo". Insisten que no se trata de un "asunto interno" español, sino que el caso catalán ya tiene "una dimensión europea e incluso internacional".

Trato "inhumano" y "degradante"

En el otro de los documentos, Abusos de los derechos civiles y políticos en España, especialmente en Catalunya, se centra en los incidentes que tuvieron lugar entre septiembre y octubre, antes y después del referéndum del 1 de octubre. Los denunciantes recogen lo que consideran "violaciones de derechos civiles y políticos" mediante un trato que llegan a calificar de "inhumano" y "degradante".

Exponen que en la jornada previas a la celebración del referéndum se violaron derechos fundamentales como derecho de libre reunión, libertad de expresión, libertad de información y comunicación y difusión de ideas; y también a la libertad de prensa. Esta afectación, según señalan, tuvo golpeó especialmente al Parlament y sus diputados, a los miembros del Parlament y a los alcaldes que facilitaron el referéndum.

Los firmantes del texto exponen que la actuación política y la represión, no sólo en Catalunya sino en el conjunto del España, mediante el recorte de libertades entra en plena contradicción con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por España, así como otros textos fundamentales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o la misma Constitución española.