"Este reconocimiento es muy importante. Hace 24 años que reclamamos lo que es de nuestras familias." Laureana Cervera, presidenta de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) ha compartido con ElNacional.cat un paso importante, conocido esta semana, para los miembros de esta entidad, que se creó haces más de dos décadas para que el Gobierno les devolviera el dinero confiscado a sus familiares por el dictador Franco, a partir de 1938 para financiar la Guerra Civil y la dictadura. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha comunicado las primeras declaraciones de reconocimiento y reaparición personal a los descendientes de los afectados, la mayoría nietos de republicanos catalanes expoliados. La presidenta de la entidad añade: "Fueron más de 7.707.000 pesetas las que fueron confiscadas y bien por miedo o por perdidos los correspondientes resguardos, lo que actualmente reclamamos no llega ni a un 2% de las cantidades confiscadas."
La ley de Memoria Democrática de 2022 fue el primer paso para el reconocimiento de los particulares con dinero confiscado por la dictadura franquista. Las leyes aprobadas, desde 1986 en el 2007, han servido para reparar a instituciones, partidos y sindicatos, pero han olvidado a los particulares, a los ciudadanos. Además, todavía quedan bienes para retornar, como es el caso de los ateneos o la sede del CADCI, en Barcelona. "Hasta ahora no existíamos, y la actual ley de memoria es valiente", afirma la presidenta del APIGF. La ley de memoria democrática precisa que los beneficiarios tienen que demostrar su parentesco con los afectados de las requisiciones porque los comprobantes del papel moneda que se les entregaba, en muchos casos, fueron revendidos por necesidades o perdidos.
Más de 400 solicitudes
Con la ley 20/2022 en vigor, la entidad contactó con Vosseler Advocats para reclamar al Gobierno el retorno del dinero de estos títulos y ya ha presentado más de 300 solicitudes, la mayoría de familias catalanas, aunque también hay del Estado, como Aragón; y pronto presentarán un centenar más. En este sentido, la abogada Leire López, de este despacho profesional, ha explicado que el reconocimiento de títulos por parte del Gobierno "es un documento oficial que crea el derecho no solo como víctima, sino también a la reparación personal". Los títulos de la persona afectada puede tener varios familiares beneficiarios. El 98% de las reclamaciones enviadas a la dirección general de Memoria han sido desde el despacho Vosseler en nombre de los socios de APIG. Incluso, hay algún socio de la entidad que hasta hace bien pocos meses no ha presentado su documentación por desconfianza con la administración central, después de tantos años de espera.
López ha explicado que desde la dirección general les han detallado cuáles son los documentos necesarios para poder acreditar el vínculo con los títulos. También ha añadido que se espera que no tarden los resultados de las comisiones científicas y de la auditoría sobre los bienes y el valor actual de la peseta."Esperemos que pronto podamos anunciar el retorno del dinero", ha deseado la abogada. Hay títulos de 300 a 300.000 pesetas, precisa la letrada de Vosseler. Ha avanzado que ahora han recibido la petición de particulares para recuperar negocios decomisados. La abogada confía en que este resarcimiento sea una realidad el año que viene, porque "actualmente hay voluntad de la administración para cumplirlo; con la aprobación del nuevo presupuesto o rehaciendo una partida existente."
En concreto, el artículo 31 de la ley de memoria democrática afirma: "La Administración General del Estado promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en este periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas." La Ley de Memoria fija que la auditoría tiene que estar terminada en un año, y se encargó el abril pasado.
"Dinero del enemigo"
En el levantamiento militar contra el gobierno republicano, cada vez que Franco pisaba una población reclamaba el dinero de "estos rojitos", además de purgar toda disidencia. Tenían que entregar sus ahorros a los ayuntamientos o al Banco de España y a cambio recibían un papel del dinero entregado porque se les había prometido que una vez el país estabilizado se les devolvería. Nunca fueron resarcidos. Y ya han pasado más de 85 años. Solo se aceptaban los billetes de unos años de emisión y de unos números concretos porque eran válidos en el extranjero. "Machacaron a la población, se llevaron sus ahorros, sobre todo de los que aguantaron la posguerra", recuerda Cervera, que confiesa, que su madre rechazaba cualquier reclamación con la afirmación: "Estamos vivos." Los familiares, sin embargo, quieren cerrar esta herida y que se les devuelva lo sustraído, tal como se ha hecho en otros países como a Alemania y en Francia, recuerda la presidenta de la asociación de perjudicados.
"Entrega de papel moneda puesto en circulación por el enemigo que hace D...", ponía en los formularios que se entregaban con el registro de los billetes confiscados. Con esta inscripción hay familiares que quizás no dieron valor a este documento y lo destruyeron, apunta a Leire López. Es decir, que el Gobierno hará un retorno tardío y no abarcará a todas las cantidades sustraídas a la fuerza o bajo amenaza.
Hasta obtener este reconocimiento, la APIGF ha llamado a las puertas de todas las administraciones y de todos los colores con el fin de hacer efectivo su derecho. Recuerda una sesión al Parlamento, en el 2016, en que el líder del PP le dijo que a su familia los republicanos le sacaron su dinero". Ella le respondió: "Si lo puede demostrar, bienvenido a la entidad. Somos sociedad civil". Añade, que todos los partidos votaron a favor del reconocimiento de estas familias, finalmente aprobado, después de tanto tiempo ignorado.
"No tenemos que tener miedo, ni cerrar derechos a nadie", concluye Laureana Cervera.
En la foto principal, familiares de los afectados por las confiscaciones consultan a los abogados, en una asamblea que se hizo el septiembre pasado. / Foto: Norma Vidal/ ACN