El apretón de manos con que Alberto Núñez Feijóo obsequió a Pedro Sánchez minutos después de haber sido investido presidente del Gobierno es un gesto que quedará incardinado en el ámbito de la cortesía parlamentaria. Y poca cosa más porque la decimoquinta legislatura española quedará polarizada y dividida con dos bloques inamovibles: en un lado está la izquierda española aliada con las fuerzas soberanistas e independentistas catalanas, vascas y gallegas, y en el otro, la derecha abrazada a la extrema derecha. Y a falta de mayoría parlamentaria, el Partido Popular tendrá dos herramientas institucionales para hacer de muro de contención a la actividad legislativa del gobierno de Pedro Sánchez: el Senado y el control de la mayoría de las comunidades autónomas, al margen de la movilización mostrada en las calles durante las últimas semanas.

Después de la intervención en el cara a cara del debate de investidura se desprende que el dirigente gallego apostará por un tono contundente y un discurso beligerante en contra del despliegue de la amnistía, que consideran un "ataque" a la democracia española sin precedentes. Ahora bien, no irán más allá y, marcando distancia con Vox, evitarán hablar de "dictadura" o "golpe de Estado" para referirse a la proposición de ley que ya está registrada en el Congreso de los Diputados. La legislatura orbitará en torno a la ley del olvido judicial y el PP lo exprimirá al máximo.

 

El recurso que tiene más a mano el PP es la mayoría absoluta que ostenta en el Senado, que funcionará como contrapeso a la iniciativa legislativa del gobierno y los socios que lo sustentan. Al tratarse de un sistema parlamentario bicameral asimétrico, la cámara alta puede poner trabas a las leyes que llegan del Congreso, pero no puede bloquearlas. Y lo cierto es que el PP se ha puesto las pilas y ha aprobado esta semana una reforma del Reglamento para tener la capacidad de decidir si la amnistía se tramita por la via de la urgencia (20 días) o no (dos meses como máximo). A la vez los populares ya han mostrado la voluntad de fiscalizar más el Gobierno introduciendo una enmienda para obligar al presidente y a los ministros a comparecer si así lo solicitan los grupos parlamentarios.

Ahora bien, hay un resquicio en la cual el PP sí que puede amargar la existencia al PSOE. La ley de Estabilidad Presupuestaria prevé que el Senado sí que tiene poder de veto y bloqueo sobre el techo de gasto que marca los límites económicos en los cuales el gobierno central se tiene que mover obligatoriamente para elaborar los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, en caso de que el Senado rechazara los marcos de gasto presupuestario, el gobierno tendría que negociar con Feijóo o abordar una reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria, modificada por Mariano Rajoy en 2012. Sin presupuestos no habrá legislatura.

El Senado como espacio de presión y como espacio de reunión de las comunidades autónomas. El PP convocó un aquelarre de presidentes regionales en contra de la amnistía a través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y medita hacer lo mismo con el Debate del Estado de las Autonomías, que hace 18 años que no se convoca. El hecho de tener controladas a 12 comunidades -el PSOE, 3- después de las elecciones del 28 de mayo otorga un poder territorial al PP que se convierte también en una trinchera de resistencia para el PSOE y Sumar.

El frente territorial dispara desde todos los rincones. El presidentes regionales conservadores ya afilan los equipos jurídicos para presentar recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, una vez esté en vigor. Pero buena parte de la actividad legislativa del Congreso tendrá que tener la complicidad de las autonomías, que serán las responsables de aplicar la normativa para que tenga efectos, dado que afectan competencias autonómicas. Por ejemplo, la batería de medidas que anunció el presidente reelegido durante el debate de investidura requerirá la cooperación de los gobiernos autonómicos para llevarse a cabo, como la gratuidad de todo el transporte público colectivo para menores, jóvenes y parados desde el 1 de enero.

El otro ejemplo es el de la ley de vivienda, aprobada en la anterior legislatura para controlar el crecimiento desmesurado del precio de los pisos. Al margen de llevar la ley al TC, las comunidades autónomas dominadas por el PP rechazan declarar las zonas tensionadas, tal y como prevé la normativa aprobada por el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu.

La legislatura, con el Congreso partido, será de alta carga política y Feijóo también medita introducir cambios a los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado. Con la amnistía en el frontispicio, el dirigente gallego aspira a mantener la opinión pública y la calle movilizadas y requiere de perfiles bregados en mil batallas en la arena parlametaria. Las quinielas de los medios afincados en Madrid sitúan a Esteban González Pons o Borja Sémper como relevos de Cuca Gamarra al frente de la portavocía de la cámara baja. En cualquier caso, la sensación es agria por el panorama que se abre para Feijóo. Desde que aterrizó en Génova, ganó por mayoría absoluta a las andaluzas, arrasó en las municipales y autonómicas y consiguió una victoria clara pero insuficiente en las generales. El currículum electoral de Feijóo es indiscutible, aunque el último capítulo del Manual de Resistencia de Pedro Sánchez le transporta una amargura con que le será difícil convivir durante toda la legislatura.