El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que todas las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, en solitario o con Vox, han cumplido su obligación de "solidaridad" en la acogida de menores migrantes y continuarán de esta forma. Feijóo ha respondido de esta manera al ser preguntado por el aviso de Vox, que valora romper los gobiernos de coalición con el PP, que mantienen en cinco autonomías —Castilla y León, País Valencià, Extremadura, Aragón y Región de Murcia—- si los populares aceptan la reforma de la ley de extranjería para el reparto obligatorio de menores migrantes entre todas las autonomías en el cual trabaja el Ejecutivo estatal. "Seguiremos poniendo a disposición toda la capacidad instalada en centros de menores en todas las comunidades autónomas coordinadas por el PP", ha afirmado Feijóo este viernes en declaraciones a la prensa después de un acto público en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. El líder del PP ha sostenido que Canarias está en una "situación excepcional" y ha dicho esperar del Gobierno de Sánchez, que está contactando "por primera vez" con las autonomías, "un proyecto que sea viable" y que "solucione, al menos en parte, los problemas que está pasando Canarias".
Con todo, Feijóo ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez, al cual ha acusado de no tener política migratoria, y también ha señalado que los centros de acogida de menores de todas las autonomías están "saturados". Lo afirma así en un momento en el cual el Ejecutivo de Sánchez está impulsando la reforma de la ley de extranjería en colaboración con Canarias, región cogobernada por el PP, donde ha llegado una gran ola migratoria a lo largo del último año. El reparto también incluye menores migrados que quedan en Melilla y Ceuta a la espera de acogida.
Las declaraciones de Feijóo son especialmente relevantes en un contexto en el cual la extrema derecha con la cual gobierna en cinco territorios del Estado, Vox, ha amenazado de romper estas coaliciones si el PP acepta esta reforma legal por el reparto de menores migrados que impulsan el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de Canarias. La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, lo ha calificado de una "cuestión crítica". Este viernes, el presidente del partido, Santiago Abascal, ha reiterado que los gobiernos PP-Vox tienen que hacer "todo lo que esté de su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamamiento" y ha asegurado que los suyos cumplirán con los "compromisos" con sus votantes. "Nosotros tenemos palabra, le pedimos al PP lealtad con esta palabra", ha subrayado Abascal después de una reunión ordinaria de partido.
Situación crítica en Canarias, Melilla y Ceuta
El acuerdo entre el Gobierno estatal y el de Canarias, donde el PP cogobierna, plantea modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para que, cuando los recursos de una comunidad estén por encima del 150% de su capacidad, los menores acogidos se deriven en otras regiones en función de criterios acordados en 2022 en una Conferencia Sectorial, como el PIB o la población. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho, al lado del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una primera ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para recaudar apoyos y sacar adelante este texto, que presentará además en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará en las próximas semanas en Canarias. La reforma legal tiene que ser aprobada en el Congreso de los Diputados.
El gobierno estatal presiona
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apelado a la "responsabilidad superior" del PP y su coherencia con el Gobierno de Canarias, del cual forma parte, para pedirle que dé apoyo a la reforma legal que plantean el gobierno estatal y el de las islas para el reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades. Así lo ha señalado Montero en declaraciones a los medios este jueves en el Congreso al ser preguntada. "Yo no comparto que en este momento las comunidades autónomas no sean conscientes de la situación tan complicada que hay en Canarias", ha respondido la vicepresidenta, quien enseguida ha señalado que "aquí, quien tiene una responsabilidad superior es el Partido Popular".
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de la rama de Sumar del Gobierno de coalición, ha pedido este viernes en el PP que "ratifique el compromiso con los derechos humanos" de los menores y el interés de los niños, en más de calificar "vergonzoso" que "se utilice para obtener réditos políticos a corto plazo a las personas más vulnerables". Bustinduy se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas en la localidad sevillana de Carmona. "Es una cuestión de derechos humanos y las leyes y compromisos que ha adquirido España no dejan margen para otra cosa", ha asegurado Bustinduy, que ha añadido que "tiene que prevalecer el interés superior del menor" y se ha preguntado "qué tipo de estrategia política utiliza a las personas más vulnerables como rehenes para conseguir sus fines políticos".
Catalunya, en contra del reparto en los términos del Estado
Por su parte, el Govern de Catalunya ha rechazado este jueves la propuesta del Ejecutivo de Sánchez sobre el reparto de los menores inmigrantes en los términos planteados, ya que "no da la respuesta adecuada a las circunstancias en las cuales se encuentra la Generalitat a la hora de gestionar esta cuestión". En un comunicado, el Govern ha informado de que mantiene la interlocución para que se introduzcan modificaciones en el texto propuesto de reforma de la ley de extranjería, de manera que se reconozca la singularidad de Catalunya en el acogimiento de los menores extranjeros. También se reclama, "tanto en su fondo como en la forma", que se respeten las competencias catalanas en materia de infancia y se evite "la imposición unilateral del Estado en el reparto de los menores". Catalunya pide que se garantice un sistema de reparto "justo y equilibrado" con unos criterios claros y transparentes en los diferentes territorios y que el Estado asuma la financiación de estos acogimientos que "responda a las circunstancias reales que tiene Catalunya". También se ha opuesto el grupo parlamentario de Junts, que lidera Míriam Nogueras en el Congreso, porque reclaman que Catalunya tenga las competencias sobre extranjería.